Por decisión de Greg Abbott: los grupos de extranjeros que no podrán comprar propiedades y tierras en Texas
Entre los argumentos utilizados en la proclamación, se mencionan las declaraciones fundacionales, la situación judicial de un dirigente y la relación histórica con organizaciones designadas como terroristas
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LA NACION
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que dos organizaciones de origen extranjero quedarán impedidas de adquirir tierras dentro del territorio del Estado de la Estrella Solitaria. La medida fue presentada como una respuesta directa a lo que calificó como amenazas a la seguridad estatal.
La prohibición de Abbott sobre la compra de tierras para ciertos extranjeros
La postura de Abbott quedó plasmada tanto en un mensaje difundido en su cuenta oficial de redes sociales como en una extensa proclamación enviada a la Secretaría de Estado.
En esa documentación, el mandatario estatal republicano sostuvo que designaba “a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales”, lo que, en su criterio, habilitó la prohibición para adquirir o poseer tierras en Texas.
Según la notificación enviada a la Secretaria de Estado, Jane Nelson, el gobernador presentó el texto oficial como una ampliación de las herramientas legales que diversos códigos de Texas ya contemplaban para enfrentar a grupos considerados peligrosos.
Los fundamentos expuestos en la proclamación de Greg Abbott
El texto firmado por Abbott reunió un listado extenso de argumentos históricos, jurídicos y políticos con los que el Ejecutivo buscó demostrar que tanto la Muslim Brotherhood como CAIR, identificada en la proclamación como su “organización sucesora”, debían ser tratadas bajo la categoría de organizaciones terroristas extranjeras y entidades criminales transnacionales.
Entre los antecedentes incluidos se mencionaron declaraciones fundacionales de Hassan al-Banna, la situación judicial del dirigente Mohammed Badie y la relación histórica entre la Muslim Brotherhood y grupos designados como terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
A partir de esa reconstrucción, el documento afirma que ambas estructuras sostuvieron vínculos internacionales, presencia global y afinidad con actividades calificadas como violentas.
En el caso de CAIR, la proclamación citó evaluaciones del FBI que la describieron como un “grupo frontal” de Hamas, así como reportes académicos que interpretaron su rol dentro de las iniciativas que la organización palestina habría impulsado en Estados Unidos.
También se recordaron episodios judiciales en los que miembros o colaboradores fueron condenados por delitos vinculados con terrorismo, financiamiento ilegal o apoyo a entidades sancionadas por el gobierno federal.
El alcance legal de la medida de Greg Abbott
La proclamación se apoya en un conjunto de leyes estatales aprobadas en los últimos años. Abbott repasó cada una de esas normas para explicar por qué, según su criterio, la designación de ambos grupos no solo era posible, sino necesaria para proteger a los residentes de Texas.
Entre las bases mencionadas se destacaron:
- Texas Penal Code §71.01(e): define qué entidades pueden ser consideradas organizaciones terroristas extranjeras, al tomar en cuenta si operan parcialmente fuera del país norteamericano, si integran más de tres personas y si representan un riesgo para la población del estado.
- Civil Practice and Remedies Code §§125.064, 125.065 y 125.066: autorizan a entablar acciones civiles contra entidades designadas, habilitan órdenes judiciales para frenar sus actividades y permiten sancionar a quienes violen las restricciones impuestas.
- Texas Property Code §§5.251 a 5.259: impiden a ciertos actores hostiles o dirigidos desde el exterior adquirir terrenos, otorgan al gobernador la facultad de designar organizaciones prohibidas y contemplan penalidades y procesos de desinversión para quienes infrinjan las normas.
El gobernador aclaró que consultó al Departamento de Seguridad Pública y al Consejo de Seguridad Nacional estatal antes de emitir la designación, tal como lo exige la legislación vigente.
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