Trump celebra fallo de la Corte Suprema sobre deportaciones, pero la lucha legal continúa

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presume como una gran victoria un fallo de la Corte Suprema que le permite reanudar las deportaciones de conformidad con la Ley de Enemigos Extranjeros, pero la lucha migratoria está lejos de terminar.

En decisión dividida, la corte determinó que Trump puede usar la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una notoria prisión de El Salvador, un fallo que Trump calificó como un ”¡GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!” en una publicación en redes sociales.

Sin embargo, los jueces también decidieron que las personas acusadas de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua deben tener la oportunidad de impugnar sus deportaciones, una decisión que sus abogados calificaron como una “victoria importante”.

El panorama legal podría ser más desafiante, ya que parece que las personas detenidas tendrán que presentar sus casos individualmente y en el distrito donde están detenidas. Muchas de ellas están detenidas en Texas.

Mientras tanto, la Corte Suprema también analiza otro caso contra un hombre de Maryland deportado por error que podría arrojar luz sobre el destino de más de 100 hombres acusados de ser miembros de pandillas que ya han sido enviados a prisión en El Salvador.

Este es un vistazo a lo que sigue:

El fallo no permite que las deportaciones según la ley se reanuden de inmediato

El fallo de la Corte Suprema levantó una orden de restricción emitido por un juez en la capital del país que impedía que el gobierno de Trump deportara a personas bajo el amparo de esa la ley.

Pero no permite que esas deportaciones comiencen de inmediato. La corte dijo que a los acusados se les debe dar aviso y tiempo razonable para intentar convencer a un juez de que no deben ser deportados.

Las familias de varias personas que ya han sido deportadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros dicen que no son miembros de pandillas y que no deberían haber sido deportadas según dicha ley.

La fiscal general Pam Bondi dijo en Fox News que esperaba que se llevaran a cabo futuras audiencias en Texas y que los jueces trataran cada caso individualmente en lugar de emitir órdenes sobre el grupo en su conjunto.

“Será una audiencia mucho más fluida y sencilla”, expresó.

Sin embargo, Texas podría no ser el único lugar. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles demandó el martes en nombre de dos inmigrantes que actualmente están detenidos en Nueva York y dicen haber sido etiquetados erróneamente como miembros de la pandilla Tren de Aragua, lo que los pone en riesgo de ser deportados a la prisión.

Hay muchas preguntas sin resolver sobre el uso de la ley por parte de Trump

El fallo de la Corte Suprema no abordó la constitucionalidad de la ley ni la afirmación de los migrantes de que no entran en la categoría de personas que pueden ser deportadas bajo la ley.

Tampoco está claro cómo afecta este fallo a las más de 100 personas que ya han sido enviadas a la prisión de El Salvador según la Ley de Enemigos Extranjeros sin haber tenido la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de los vuelos, lo cual, según la corte, ahora es necesario. En el fallo no se abordó a qué tipo de recurso pueden tener derecho esos migrantes, si es que hay alguno.

En otro caso relacionado con un hombre deportado por error a la prisión de El Salvador, el gobierno ha dicho que no tiene forma de traerlo de vuelta. Ese hombre, Kilmar Abrego García, no fue deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero el gobierno admitió que no debería haber sido enviado a El Salvador porque un juez de inmigración determinó que, probablemente, enfrentaría persecución por parte de pandillas locales.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, acordó el lunes pausar la fecha límite para que el gobierno de Trump traiga de vuelta a García a Estados Unidos.

El caso se ha convertido en un punto álgido en la lucha de Trump con los tribunales

Incluso antes del fallo de la Corte Suprema, el caso se había convertido en una de las batallas legales más contenciosas libradas por el gobierno sobre las amplias acciones ejecutivas de Trump. El mandatario ha pedido la destitución del juez, lo que provocó una declaración poco común de Roberts donde dijo que tal acción no es la respuesta adecuada a los desacuerdos sobre fallos judiciales.

Boasberg ha contemplado si debe considerar que algún funcionario de la administración está en desacato al tribunal por ignorar, el mes pasado, sus órdenes de devolver a los aviones que llevaban a los deportados a El Salvador.

Se esperaba que Boasberg dictaminara esta semana si hay motivos para encontrar a alguien en desacato. Durante una audiencia la semana pasada, dijo que el gobierno de Trump podría haber “actuado de mala fe” al intentar apresurar la salida de los migrantes del país antes de que un tribunal pudiera intervenir para bloquear las deportaciones.

No se sabe si Boasberg avanzaría con los procedimientos de desacato tras el fallo de la Corte Suprema que anuló su orden.

Un abogado del Departamento de Justicia le dijo al juez el lunes por la noche que la decisión de la Corte Suprema “elimina la base” para cualquier acción adicional. El Departamento de Justicia ha dicho que el gobierno no violó la orden del juez, argumentando que no se aplicaba a los aviones que ya habían salido del espacio aéreo de Estados Unidos en el momento en que se emitió su mandato.

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El periodista de The Associated Press Cedar Attanasio en la ciudad de Nueva York contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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