Trump firma orden que impone sanciones a la Corte Penal Internacional por investigar a Israel

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional por investigar a Israel, aliado cercano de Washington.

Ni Estados Unidos ni Israel son miembros ni reconocen a la corte, que ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en su respuesta militar en Gaza tras el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023. Decenas de miles de palestinos, incluidos niños, han muerto durante el contraataque israelí.

La orden firmada por Trump acusa a la CPI de participar en “acciones ilegítimas e infundadas que apuntan a Estados Unidos y a nuestro aliado cercano Israel”, y de abusar de su poder al emitir "órdenes de arresto sin fundamento” contra Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant.

“La CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni Israel”, afirma la orden, y añade que el tribunal estableció un “precedente peligroso” con sus acciones contra ambos países.

Trump tomó la medida mientras Netanyahu visitaba Washington. Él y Trump sostuvieron conversaciones el martes en la Casa Blanca, y Netanyahu pasó parte del jueves reuniéndose con legisladores en el Capitolio.

La orden indica que Estados Unidos impondrá “consecuencias tangibles y significativas” a los responsables de las “transgresiones” de la CPI. Las acciones pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos, y no permitir la entrada a territorio estadounidense de funcionarios de la CPI, empleados y familiares.

Activistas por los derechos humanos dijeron que sancionar a los funcionarios de la corte tendría un efecto disuasorio y contravendría los intereses de Washington en otras zonas de conflicto donde la corte está investigando.

“Las víctimas de abusos de derechos humanos en todo el mundo recurren a la Corte Penal Internacional cuando no tienen a nadie más a quién recurrir, y la orden ejecutiva del presidente Trump les dificultará que encuentren justicia”, dijo Charlie Hogle, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles. “La orden también plantea preocupaciones serias sobre la Primera Enmienda (constitucional), ya que pone a personas en Estados Unidos en riesgo de sufrir penalizaciones severas por ayudar a la corte a identificar e investigar atrocidades cometidas en cualquier lugar, por cualquiera”.

Hogle considera que la orden “es un ataque a la rendición de cuentas y a la libertad de expresión”.

“Puedes estar en desacuerdo con la corte y la forma en que opera, pero esto es inaceptable”, declaró Sarah Yager, directora en Washington de Human Rights Watch, en una entrevista antes del anuncio.

Al igual que Israel, Estados Unidos no está entre los 124 miembros de la corte, y durante mucho tiempo ha albergado sospechas de que una “Corte Global” de jueces no electos pudiera procesar arbitrariamente a funcionarios estadounidenses. Una ley de 2002 autoriza al Pentágono a liberar a cualquier estadounidense o aliado de Estados Unidos que haya sido detenido por la corte. En 2020, Trump sancionó a la predecesora del fiscal jefe Karim Khan, Fatou Bensouda, por su decisión de abrir una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por todas las partes —incluido Estados Unidos— en Afganistán.

Sin embargo, esas sanciones fueron suspendidas bajo el presidente Joe Biden, y Estados Unidos comenzó a cooperar moderadamente con la corte, especialmente después de que Khan acusara en 2023 al presidente ruso Vladímir Putin de cometer crímenes de guerra en Ucrania.

Este cambio fue impulsado por el senador republicano Lindsey Graham, que organizó reuniones en Washington, Nueva York y Europa entre Khan y legisladores republicanos que han estado entre los críticos más duros de la corte.

Ahora Graham dice sentirse traicionado por Khan y se ha comprometido a aplastar a la corte, al igual que la economía de cualquier país que intente hacer cumplir la orden de arresto contra Netanyahu.

“Esta es una corte rebelde. Esta es una corte arbitraria”, declaró Graham en una entrevista en diciembre. “Hay lugares donde la corte tiene perfecto sentido. Rusia es un estado fallido. La gente cae por las ventanas. Pero nunca en mis sueños más descabellados imaginé que irían tras Israel, que tiene uno de los sistemas jurídicos más independientes del planeta”.

“La teoría jurídica que están usando contra Israel no tiene límites, y seguimos nosotros”, agregó.

Biden había dicho que las órdenes de arresto contra Netanyahu eran una abominación, y el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, ha acusado a la corte de tener un sesgo antisemita.

Cualquier sanción podría paralizar a la corte al dificultar que sus investigadores viajen, y al comprometer la tecnología desarrollada por Estados Unidos para proteger pruebas. La corte sufrió el año pasado un ciberataque de gran magnitud que dejó a los empleados sin acceso a archivos durante semanas.

Algunos países europeos están contraatacando. En una declaración a finales del año pasado, Holanda instó a otros miembros de la CPI “a cooperar para mitigar los riesgos de estas posibles sanciones, para que la corte pueda seguir desempeñando su trabajo y cumplir con su mandato”.

La relación de Estados Unidos con la CPI es complicada. Washington participó en las negociaciones que llevaron a la adopción del Estatuto de Roma, el cual estableció a la corte como un tribunal de última instancia para procesar las peores atrocidades del mundo: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, si los gobiernos individuales no tomaban medidas.

Washington votó en contra del Estatuto de Roma en 1998. El entonces presidente estadounidense Bill Clinton firmó el estatuto en 2000, pero no envió el tratado al Senado de su país para su ratificación.

Cuando George W. Bush se convirtió en presidente en 2001, en esencia canceló la firma de Estados Unidos y encabezó una campaña para presionar a ciertos países a firmar acuerdos bilaterales para no entregar estadounidenses a la CPI.

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Goodman reportó desde Miami. La periodista de la AP Edith M. Lederer contribuyó a este despacho desde la ONU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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