Trump obliga a miles de extranjeros a salir de EE.UU. para pedir la green card
El gobierno anunció que los extranjeros deberán salir de EE.UU. para solicitar la residencia permanente, salvo excepciones poco claras; expertos advierten sobre posibles separaciones familiares y un efecto disuasorio sobre la inmigración legal
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LA NACION
WASHINGTON.– El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio drástico en la política migratoria que obligará a los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente –la denominada green card– a salir del país y completar el trámite desde sus naciones de origen, salvo en “circunstancias extraordinarias” aún no definidas.
La medida, comunicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), sorprendió a abogados, organizaciones y migrantes, y generó incertidumbre sobre su alcance y aplicación. Hasta ahora, durante más de medio siglo, las personas con estatus legal en Estados Unidos –incluidos cónyuges de ciudadanos, trabajadores con visa, estudiantes, refugiados y solicitantes de asilo– podían iniciar y finalizar el proceso de residencia permanente sin salir del país.
El anuncio provocó una inmediata reacción en el sector legal. La abogada de inmigración Flavia Santos Lloyd señaló que, tras conocerse la medida, su estudio recibió una avalancha de consultas de clientes preocupados. “Tiene un efecto paralizante”, explicó, al advertir que varios trámites en curso podrían quedar en suspenso a la espera de mayor claridad normativa. “No quiero que todo el mundo entre en pánico. Mi consejo es esperar y ver”, apuntó Lloyd.
Según el comunicado oficial, los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales —como estudiantes, trabajadores o turistas— deberán regresar a sus países para iniciar el proceso consular. La agencia justificó el cambio al afirmar que el sistema migratorio está diseñado para que los no inmigrantes abandonen el país al finalizar su período autorizado y que su estadía “no debe funcionar como el primer paso” hacia la residencia permanente.
Sin embargo, el propio USCIS dejó abierta la puerta a excepciones, al indicar que podrían permanecer en Estados Unidos quienes demuestren aportar un “beneficio económico” o responder a un “interés nacional”. La falta de precisiones sobre estos criterios es uno de los principales focos de incertidumbre.
El abogado Charles Kuck interpretó la medida como un intento deliberado de desalentar la inmigración legal. “Es una táctica de intimidación”, afirmó, al tiempo que anticipó posibles demandas judiciales contra la nueva política.
El cambio se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer no solo la inmigración irregular, sino también las vías legales de ingreso y permanencia. Según expertos, unas 600.000 personas que ya residen en Estados Unidos solicitan cada año la green card, muchas de las cuales podrían verse afectadas.
Matices y exenciones
La confusión se amplificó tras la difusión de un memorando interno dirigido a funcionarios del USCIS, que introduce matices y criterios discrecionales para evaluar cada caso. Especialistas señalaron que el documento sugiere una aplicación más estricta de normas existentes, en lugar de una prohibición absoluta del ajuste de estatus dentro del país, lo que abre la puerta a interpretaciones divergentes.
Desde la American Immigration Lawyers Association, su directora de relaciones gubernamentales, Shev Dalal-Dheini, advirtió que la medida podría apuntar especialmente a personas que excedieron el tiempo permitido por sus visas. No obstante, reconoció que la falta de claridad obliga a analizar cada situación de manera individual.
Otros expertos consideran que ciertos visados, como los de trabajo especializados H-1B –que permiten la llamada “doble intención”, es decir, residir temporalmente y solicitar luego la residencia permanente– podrían quedar exentos. “Probablemente esos casos continúen con normalidad”, indicó Kevin Miner, del estudio Fragomen.
La medida también genera preocupación entre organizaciones humanitarias. World Relief advirtió que obligar a los solicitantes a regresar a sus países podría provocar separaciones familiares indefinidas, especialmente en casos donde los consulados estadounidenses no procesan visas o donde el retorno implica riesgos de seguridad.
El impacto podría ser particularmente severo para personas que ingresaron bajo programas humanitarios o que se casaron con ciudadanos estadounidenses, quienes hasta ahora contaban con vías relativamente directas para regularizar su situación. En el caso de los refugiados, que deben solicitar la residencia permanente un año después de su llegada y no pueden regresar a sus países de origen, persisten dudas sobre si estarán alcanzados por la nueva normativa.
La implementación práctica del cambio también plantea interrogantes. No está claro cuándo entrará en vigor, si afectará a solicitudes ya en trámite ni si los solicitantes deberán permanecer fuera de Estados Unidos durante todo el proceso, que en algunos consulados puede demorar más de un año.
Por otro lado, abogados reportaron que ya comenzaron a registrarse cambios en entrevistas migratorias. Según la asociación profesional del sector, algunos solicitantes fueron interrogados sobre por qué iniciaron el trámite dentro de Estados Unidos y se les solicitó documentación adicional para justificar su permanencia en el país durante el proceso.
El USCIS defendió la medida como un retorno a la “intención original de la ley” y el cierre de un “vacío legal”. Los críticos sostienen que implica una ruptura con décadas de práctica administrativa y advierten que podría desalentar tanto a migrantes como a empresas interesadas en patrocinar trabajadores extranjeros.
Agencias AP y AFP
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