Trump y sus aliados amenazan con más demandas judiciales contra el periodismo independiente
La pequeña avalancha de amenazas de demandas por difamación es la última señal de que la administración entrante de Trump parece dispuesta a hacer todo lo posible para reprimir la cobertura mediática desfavorable
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WASHINGTON.- Las amenazas legales ya van llegando en diferentes formatos: una fue al aire en la cadena de noticias CNN, otra fue por teléfono, y muchas llegan por carta o por email.
Todas parecen destinadas a intimidar a los medios de prensa y otros que han criticado o cuestionado al presidente electo Donald Trump y a sus elegidos para dirigir el Pentágono y el FBI.
La pequeña oleada de amenazas de juicio por difamación es la señal más reciente de que el gobierno entrante está dispuesto a lo que sea para acallar cualquier cobertura desfavorable en los medios. Tanto antes como después de la elección, Trump y sus aliados han hablado de intimar judicialmente a los medios de noticias, demandar a los periodistas y a sus fuentes, revocar las licencias de las emisoras, y de eliminar el financiamiento de la radio y televisión públicas.
Y otra arma que tienen a su disposición son las ya presentadas o potenciales demandas por difamación, que ya están siendo empleadas incluso antes de que Trump se mude de nuevo a la Casa Blanca.
Es sabidamente difícil que figuras públicas como Trump ganen un juicio por difamación. Según un histórico precedente de la Corte Suprema que Trump y sus aliados pretenden debilitar o revertir, en esos casos el demandante debe probar que los editores de una publicación sabían que una afirmación difamatoria era falsa o que actuaron con absoluta negligencia en cuanto a su veracidad.
Pero esa vara tan alta no ha impedido que una amplia variedad de políticos, empresarios y otros particulares hayan amenazado con demandar o hayan presentado ese tipo de demandas, una estrategia que suele parecer pergeñada para hacer que los medios de prensa y los periodistas se autocensuren de hacer críticas a las figuras públicas.
Pero esa estrategia también les rinde otros beneficios…
El sábado, la cadena ABC News informó que había acordado entregarle 15 millones de dólares a la futura fundación y museo del presidente Trump como parte del arreglo de la causa por difamación que Trump presentó contra la cadena y uno de sus presentadores, George Stephanopoulos. Trump los había demandado en marzo, después de que Stephanopoulos haya dicho erróneamente que el expresidente había sido encontrado “responsable de violación” en un juicio civil. De hecho, Trump había sido encontrado culpable de abuso sexual.
El acuerdo llega después de meses de ataques de Trump y sus aliados contra ABC News, durante los cuales y ex y futuro presidente llegó al punto de decir que había que retirarle la licencia a esa emisora.
El acuerdo desató una oleadas de críticas contra ABC News de parte de quienes lo percibieron como una agachada innecesaria de la cadena de noticias ante Trump, y hasta hizo que algunos juristas y expertos en medios se preguntaran si eso no terminaría envalentonando a Trump y sus aliados para intensificar su embate contra la prensa, en un momento en que muchas organizaciones de noticias tienen problemas por la caída de la confianza de la opinión pública y el deterioro de sus situación financiera.
Incluso antes de que se alcanzara el acuerdo, la destacada abogada de medios Elizabeth McNamara dijo que, dado el clima político, esa tendencia “irá in crescendo”.
“Desde hace unos años hay un patrón muy claro de usar las demandas por difamación como táctica para acosar o poner a prueba los límites de la jurisprudencia”, dijo McNamara, que representó a ABC News y Stephanopoulos, pero se refirió a la situación en general.
En las últimas semanas, los abogados de Trump y dos de los más importantes candidatos para integrar su gabinete —Pete Hegseth, el potencial secretario de Defensa, y Kash Patel, a quien Trump eligió para dirigir el FBI— lanzaron advertencias de demandas por difamación a periodistas y otras personas por lo que habían dicho o escrito.
Hegseth, hasta hace poco presentador de Fox News, en 2017 fue acusado de agresión sexual. Si bien niega la acusación, llegó a un acuerdo confidencial con su acusadora.
En una entrevista concedida a la CNN este mes, el abogado de Hegseth, Timothy Parlatore, dijo que la mujer era libre de hablar públicamente, pero advirtió que “si repite estas falsas denuncias, será objeto de una demanda por difamación”.
Parlatore, que ya representó a Trump anteriormente, dijo en una entrevista que le había hecho la misma advertencia directamente al abogado de la acusadora. “Sospecho que no piensa abrir la boca”, dijo Parlatore. “No podrían obtener ningún beneficio. Todas son desventajas”.
Recientemente, Parlatore también les advirtió a los medios de comunicación —incluidas las revistas Vanity Fair y The New Yorker—, que los artículos que tenían previsto publicar sobre el pasado de Hegseth, incluidos sus problemas con la bebida y sus problemas conyugales, podrían ser difamatorios y exponerlos a una demanda. A pesar de las advertencias, ambos medios publicaron los artículos. (Hegseth ha negado tener problemas con la bebida).
Otros abogados que representan a prominentes figuras conservadoras describieron la creciente popularidad de las demandas por difamación como una tendencia que atraviesa a ambos partidos, y señaló las demandas exitosas contra Fox News, Alex Jones y Rudy Giuliani. Pero esos casos fueron presentados por empresas privadas o individuos, y no por personas que pretenden ejercer o ejercen cargos públicos.
Antes de las elecciones, Kash Patel, que ocupó importantes cargos durante el primer gobierno de Trump, dijo que usaría su puesto en la próxima administración “para perseguir a las personas de los medios que mintieron sobre los ciudadanos norteamericanos y que ayudaron a Joe Biden a amañar las elecciones presidenciales”.
La más reciente amenaza de Patel no fue contra un periodista, sino contra Olivia Troye, que fue asistente principal del vicepresidente Mike Pence. En una reciente aparición en la cadena MSNBC, Troye denunció que Patel era un mentiroso delirante. El abogado de Patel, Jesse R. Binnall, envió una carta exigiéndole que se retractara públicamente de sus dichos. De no mediar una retractación pública, escribió Binnall, “de inmediato el señor Patel iniciará acciones legales para defender sus derechos y reputación”.
El abogado de Troye, Mark S. Zaid, dice que hay abogados como Binnall “que desde hace años vienen usando el lawfare como una forma de intimidación contra enemigos reales o percibidos como tales”.
A modo de respuesta, Zaid le envió a Binnall la imagen de un personaje de “Monty Python” sacando la lengua en señal de burla.
Por David Enrich
(Traducción de Jaime Arrambide)
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