Una jueza de EEUU ordena la suspensión de obras en "Alcatraz de los Caimanes"

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves suspender por dos semanas la construcción del centro de detención de migrantes en Florida, conocido como "Alcatraz de los Caimanes", en un caso presentado por grupos ecologistas.

La jueza Kathleen Williams, del distrito de Miami, dictó una orden de restricción temporal tras una demanda interpuesta por las organizaciones Amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica.

El centro de detención, ubicado en un aeródromo abandonado en el humedal de los Everglades, seguirá albergando a inmigrantes detenidos, pero no podrá hacer nuevas obras mientras se tramita la demanda.

Las oenegés denunciantes argumentan que las instalaciones ponen en riesgo el delicado ecosistema de los Everglades y afirman que se construyeron apresuradamente sin realizar los estudios de impacto ambiental necesarios.

El mes pasado, el presidente Donald Trump, que ha prometido deportar a millones de migrantes indocumentados, visitó el centro, donde alardeó de las duras condiciones de detención.

El apodo "Alcatraz de los Caimanes" hace referencia a la antigua prisión situada en una isla de la bahía de San Francisco y a esos reptiles, muy presentes en los Everglades.

Los grupos que presentaron la demanda celebraron este jueves la decisión judicial.

"Nos complace que la jueza haya visto la urgente necesidad de detener las obras adicionales, y esperamos avanzar en nuestro objetivo final de proteger el ecosistema único y amenazado de los Everglades de los daños causados por este centro de detención masiva", declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, en un comunicado.

La sentencia también fue bien recibida por la tribu india Miccosukee de Florida, que se unió al caso.

"El centro de detención amenaza unas tierras que no solo son sensibles desde el punto de vista medioambiental, sino también sagradas para nuestro pueblo", afirmó el presidente de la tribu, Talbert Cypress.

"Aunque esta orden es temporal, supone un paso importante para hacer valer nuestros derechos y proteger nuestra patria", sostuvo.

El centro de internamiento también es objeto de una demanda presentada en otro tribunal federal, en la que se alega que los detenidos no tienen acceso a abogados y están recluidos sin cargos.

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