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La iniciativa de Spanberger en Virginia: nuevas leyes para proteger a los inquilinos y bajar los precios
El plan estatal suma fondos, créditos habitacionales y herramientas contra desalojos, con foco en más unidades accesibles desde julio de 2026
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LA NACION
El acceso a una vivienda asequible se convirtió en una de las principales prioridades del gobierno de Virginia. Con el objetivo de reducir la presión que enfrentan miles de familias por el aumento de los alquileres y las dificultades para conservar un hogar, la gobernadora Abigail Spanberger presentó un paquete que combina nuevas medidas, financiamiento estatal y programas específicos.
Virginia activa normas de vivienda para contener desalojos y alquileres
De acuerdo con un comunicado de la oficina de la gobernadora, Abigail Spanberger encabezó una mesa de trabajo en Richmond junto a familias, organizaciones comunitarias, legisladores y especialistas para analizar los desafíos que enfrentan los inquilinos en el estado y explicar el alcance de las nuevas leyes aprobadas durante la última sesión legislativa.
El encuentro se realizó en Capital Area Partnership Uplifting People, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar asistencia en situaciones de crisis y facilitar el acceso a la vivienda.
Allí, la gobernadora escuchó testimonios de líderes comunitarios y trabajadores sociales sobre las consecuencias del aumento de los costos habitacionales y de las elevadas tasas de desalojos que han afectado históricamente a Virginia.
Según explicó la oficina de la gobernadora, el nuevo paquete legislativo fue acompañado por acuerdos alcanzados con la Asamblea General de Virginia, que permitieron asegurar 60 millones de dólares en nuevos fondos destinados a incrementar el desarrollo de viviendas, proteger unidades habitacionales asequibles y fortalecer las herramientas de apoyo para los inquilinos.
Eviction Reduction Program, la herramienta estatal para evitar desalojos
Uno de los pilares de este paquete es la ley HB 527, impulsada por la delegada Adele McClure. La legislación crea formalmente el Eviction Reduction Program dentro del Department of Housing and Community Development.
El objetivo es ampliar el trabajo que ya desarrolla ese organismo para promover la estabilidad habitacional, identificar las causas que originan las demandas de desalojo y desarrollar intervenciones destinadas a prevenirlas o desviarlas antes de que las familias pierdan sus viviendas.
La norma también establece que el departamento deberá presentar un informe anual a la Asamblea General de Virginia sobre el funcionamiento del programa.
Además, la legislación ordena elaborar criterios y directrices para administrar la iniciativa en consulta con distintos actores involucrados, entre ellos los beneficiarios del Eviction Diversion Program, con el propósito de mejorar la coordinación y la efectividad de las políticas destinadas a evitar desalojos. La ley fue aprobada por la gobernadora el 6 de abril y entró en vigor el 1° de julio de 2026.
HB 4 permite conservar alquileres accesibles con derecho de compra local
Otra de las normas incluidas dentro del paquete es la HB 4, enfocada en la conservación de viviendas asequibles. La legislación crea un marco legal para que los gobiernos locales puedan preservar este tipo de inmuebles mediante el ejercicio de un derecho de preferencia de compra sobre determinados complejos o inmuebles de alquiler con apoyo público.
En la práctica, la ley autoriza a las localidades a aprobar ordenanzas mediante las cuales un propietario deba aceptar una oferta de compra presentada por la autoridad local —o por un organismo designado— cuando se busque preservar esas viviendas como unidades asequibles.
Uno de los aspectos centrales de la norma establece que, una vez ejercido ese mecanismo, la vivienda deberá mantenerse como asequible durante un período mínimo de 15 años.
Asimismo, aquellas localidades con una población superior a 3500 habitantes que adopten este sistema deberán remitir un informe anual al Department of Housing and Community Development, conforme a los mecanismos de seguimiento ya previstos por la legislación estatal. La gobernadora aprobó esta ley el 8 de abril y su entrada en vigencia también fue el 1° de julio de 2026.
HB 820 crea préstamos para proyectos de ingresos mixtos y más oferta habitacional
La tercera iniciativa destacada es la HB 820, orientada a ampliar la construcción de viviendas destinadas a distintos niveles de ingresos.
La norma encomienda al Department of Housing and Community Development, en colaboración con la Virginia Housing Development Authority, la creación de un programa piloto de dos años para facilitar actividades de originación y administración de préstamos destinados a proyectos de viviendas de ingresos mixtos.
El propósito de este esquema es impulsar nuevos desarrollos habitacionales que amplíen la oferta disponible y contribuyan, a largo plazo, a aliviar las presiones sobre los precios del mercado.
Como parte de sus obligaciones, los organismos responsables deberán presentar a la Asamblea General de Virginia un informe antes del 1° de noviembre de cada año mientras permanezca vigente el programa piloto, en donde se detallen sus resultados y hallazgos. La ley fue promulgada el 22 de abril y comenzó a regir el 1° de julio de 2026.
