Revés para Donald Trump: una demanda inédita acusa a su gestión por “intimidación” a abogados migratorios

Una demanda sin precedentes acaba de agitar el sistema judicial de Estados Unidos. La American Bar Association (ABA), la asociación de abogados más influyente del país norteamericano, presentó una acción judicial contra el gobierno federal, en donde incluyó al presidente Donald Trump y a más de veinte agencias estatales, por lo que calificó como una política sistemática de intimidación contra firmas legales que se opusieron—o podrían oponerse— a sus intereses, especialmente en materia migratoria.

La organización demandante y el marco general de la denuncia

La American Bar Association, fundada en 1878, representa a más de 400 mil profesionales del derecho en los Estados Unidos. Es una organización no partidista que se dedica a fortalecer la práctica legal, proteger la integridad del sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia, según cuenta la presentación legal. La demanda presentada sostiene que, desde que Trump asumió nuevamente la presidencia a comienzos de 2025, su administración desplegó una política destinada a presionar y castigar a abogados que defienden intereses contrarios a los del gobierno.

La presentación judicial identifica esta conducta como la “Política de Intimidación a Firmas de Abogados”, un conjunto de medidas impulsadas mediante órdenes ejecutivas, cartas, memorandos internos y declaraciones públicas del propio mandatario. Estas acciones, sostiene la ABA, generaron un efecto paralizante dentro del ámbito legal, lo que dificultó que muchos profesionales ejerzan libremente su trabajo, especialmente en causas migratorias y demandas contra agencias estatales.

Mecanismos de implementación de la política de Trump sobre la justicia

Según detalla la demanda, el gobierno de Trump implementó una serie de mecanismos concretos para aplicar su política de intimidación:

• Terminación de autorizaciones de seguridad: se revocó el acceso a información clasificada de integrantes de estudios jurídicos considerados “hostiles” por el Ejecutivo.
• Restricción en contratos gubernamentales: las firmas afectadas fueron excluidas de licitaciones federales. También se presionó a terceros contratistas a cortar vínculos con estas firmas para evitar sanciones.
• Limitación de acceso a edificios públicos y empleados federales: los integrantes de los estudios perseguidos vieron restringido su ingreso a oficinas federales. Asimismo, funcionarios estatales recibieron la orden de no interactuar con ellos.
• Prohibición de empleo en el gobierno: se bloqueó el acceso a puestos públicos a personas vinculadas con estas firmas, salvo que se emitan excepciones.

Estos lineamientos fueron impulsados mediante diversas “Órdenes a Firmas de Abogados”, que son decretos presidenciales específicos dirigidos al Departamento de Justicia y a otros organismos.

Efectos de la decisión de Trump sobre la comunidad legal, según la demanda

La denuncia describe una atmósfera de temor extendido entre los estudios jurídicos, muchos de los cuales evitaron tomar casos en los que se enfrentara al gobierno federal. El fenómeno llevó a la autocensura y al retraimiento profesional, incluso en causas pro bono o representaciones a inmigrantes vulnerables.

• Retiro de contenidos: muchas firmas eliminaron de sus sitios web referencias a causas que podrían provocar represalias.
• Abandono de casos sensibles: se registraron retiros de litigios en curso, especialmente en temas migratorios, derechos civiles o disputas por políticas educativas.
• Dificultades para conseguir representación: la ABA manifestó que se ha vuelto cada vez más complejo encontrar estudios que se animen a representar a la organización en conflictos legales contra el Ejecutivo.

William R. Bay, presidente de la ABA, declaró en un comunicado que “nunca ha existido un momento más urgente para defender nuestra profesión, a nuestros miembros y al propio Estado de derecho”. El dirigente insistió en que los ataques a la comunidad legal “afectan directamente la capacidad del Poder Judicial para funcionar como contrapeso constitucional”.

La solicitud de la ABA ante la Justicia

La ABA pidió a la corte que declare inconstitucionales las disposiciones contenidas en las Órdenes a Firmas de Abogados y que dicte una orden de interdicción para frenar la aplicación de estas medidas.

Entre los puntos concretos que solicita la demanda se encuentran:

• Declarar inválidas las cláusulas sobre autorizaciones de seguridad, acceso a edificios y empleo público.
• Prohibir que el gobierno continúe aplicando estas medidas contra miembros de la ABA o estudios legales vinculados a ellos.
• Impedir el inicio de procesos disciplinarios o la amenaza de los mismos, basados en las causas que los estudios decidan representar.
• Otorgar otras medidas que el tribunal considere adecuadas, incluyendo la cobertura de los costos legales del litigio.

La demanda se presenta como un llamado urgente a preservar el rol crítico que cumple el sistema legal dentro de la democracia estadounidense. “Sin abogados independientes, el sistema judicial no puede actuar como control efectivo del poder Ejecutivo”, subraya el escrito presentado.

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