Del Lawfare durante la resistencia a Macri al "Puf" en el poder

Luis Gasulla
Luis Gasulla PARA LA NACION
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23 de septiembre de 2020  • 23:01

Hace unos días, el condenado exvicepresidente Amado Boudou debutó como conductor en la radio de Roberto Navarro. Amante de la música rock, el programa se llama "Voodoo Lounge" homenajeando a un disco de los Rolling Stones. En un video clip de la radio militante que facturó $ 4.300.000 en los primeros seis meses del gobierno de Alberto Fernández, Boudou aparece como una cruza entre Mick Jagger e Iván Noble.

Durante sus años en prisión, el exvicepresidente, al igual que otros autodenominados "presos políticos" agarró la guitarra para explicar la intrincada teoría del Lawfare. Eran años de la Resistencia K al gobierno ilegítimo -según ellos- de Cambiemos.Mauricio Macri era peor que Jorge Rafael Videla pues el neoliberal "le sacó la comida de la boca a los chicos" según declaraba el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, ante las cámaras de televisión, a menos de seis meses del gobierno no peronista. En cantito "Macri basura vos sos la dictadura" se popularizó en estadios de fútbol, se repitió en redes sociales, como en aulas de colegios públicos, universidades y carreras de periodismo, sindicatos y marchas piqueteras. Los docentes, cercanos al kirchnerismo y al gremio de Roberto Baradel daban clases en las plazas para protestar ante la llegada del FMI al país. Eran tiempos en que la plaza podía ser un aula.

La corrupción se negaba al igual que la legitimidad del gobierno de Cambiemos. El 18 de septiembre del 2018, en el aula Magna de la Facultad de Derecho, un grupo de abogados cercanos a Cristina Fernández de Kirchner se reunían para diagramar lo que sería el Operativo Puf. Esa tarde, Carlos Beraldi, defensor de la actual Vicepresidenta y del empresario Cristóbal López, dijo que "al próximo Presidente de la Argentina no lo van a elegir los jueces de Comodoro Py. Lo va a elegir la gente". Según esa concepción, Macri no había llegado a Casa Rosada por el voto popular sino por un grupo de jueces y fiscales de "Comodoro PRO" y por los medios de comunicación monopólicos que habían engañado a la gente.

La causa de los cuadernos, que se dio a conocer en este centenario diario por la investigación del periodista Diego Cabot, aceleró el proceso de la Resistencia K y de la teoría del Lawfare por la que, ningún dirigente nacional y popular, puede ser corrupto. A los representantes del Pueblo -con mayúscula- no se los juzgaría por el Código Penal. La teoría la avaló el Papa Francisco sin dar nombres propios.

A mediados de enero de 2019, el influyente Eduardo Valdés, le anticipó al preso y condenado exfuncionario, Juan Pablo Schiavi, que "Stornelli Bonadio Puf Puf" y que se irían al lugar por el que nacieron al igual que el resto de los mortales. El juez Claudio Bonadio falleció menos de un año después y el fiscal Carlos Stornelli -protagonistas de la causa cuadernos- terminó procesado, acusado de haber sido parte de una asociación ilícita para extorsionar y realizar tareas de inteligencia dirigidas por el supuesto abogado Marcelo Sebastián D´Alessio. En el momento de la singular charla, el "chacarero" Pedro Etchebest, aún no había pasado por el despacho de Alejo Ramos Padilla. O, al menos, por los tribunales de Dolores. Cinco días después, también desde el penal de Ezeiza, el exfuncionario de Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta le confesó al excarcelado Boudou que nadie lo visitaba en prisión con excepción de "Alberto". "No tiene margen para borrarse" le respondió el rockstar de la política. Alberto Fernández había dejado de frecuentar a los fiscales y jueces más prestigiosos de Comodoro Py para visitar a los "presos políticos" a quienes les pasaba información sobre las novedades de las causas judiciales que les quitaban el sueño.

Antes de ser elegido por Cristina para encabezar la fórmula presidencial, Fernández tuvo el mérito de convalidar el Lawfare en una serie de mensajes en redes sociales en las que condenó, de ante mano, a los integrantes de la "banda de D´Alessio", entre ellos al fiscal Stornelli. Una sugestiva concepción del Estado de Derecho que convive con las últimas declaraciones del abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, quien aseguró que el Presidente debería revisar las causas judiciales por las que fueron condenados funcionarios "perseguidos" como Schiavi. En la Argentina actual, la división de poderes cuelga de una soga.

El 7 de septiembre pasado, el gobierno de los Fernández nombró a Víctor Hortel en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia, a cargo de Victoria Tolosa Paz, la esposa del exfuncionario de Néstor Kirchner, el publicista José Albistur. "Pepe" era el dueño del departamento en Puerto Madero en el que vivía el inquilino Alberto Fernández. El contrato era de palabra y de onda. Hortel pasó de defender a Lázaro Báez a funcionario del actual gobierno kirchnerista.

No fue el único ganador defensor de la teoría del Lawfare y del Operativo Puf. Eduardo Valdés logró una diputación. Consiguió colocar a su hijo en un lugar expectante como legislador de la ciudad. Hoy es legislador. Los abogados de Báez han abierto sociedades comerciales y ampliaron sus negocios. Rodolfo Tailhade sigue siendo un denunciante crónico del cristinismo pero, a pesar de su ferocidad discursiva, aún no ha tenido suerte en Comodoro Py. Los voceros del Puf se han quedado con los espacios del Prime Time televisivo en Crónica TV y C5N. Cristóbal López y Fabián De Souza recuperaron la libertad al igual que uno de los armadores del Operativo Puf, Roberto Baratta, quien cumple prisión domiciliaria en un barrio privado. Una de las letradas de las "víctimas" del Puf, Graciana Peñafort, es Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado y asegura que la historia la terminarán escribiendo ellos "con sangre o con razones". Cristina Caamaño, otra de las abogadas que, en noviembre de 2018, acompañaba a Alberto Fernández por los pasillos de la Facultad de Derecho, es la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Ricardo Nissen, excompañero de fórmula en el Consejo de la Magistratura de la abogada militante de Pedro Etchebest es el titular de la Inspección General de Justicia. Natalia Salvo es una activa impulsora de actividades en el Instituto Patria. La abogada de Milagro Sala y Facundo Jones Huala está al frente del Ministerio de Igualidad y Género. El abogado Leonardo Martínez Herrero, uno de los denunciantes crónicos que se encargó de viralizar y hostigar a las víctimas del Puf en redes sociales, fue nombrado como Director Provincial de Relaciones con la Comunidad dependiente de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Berni es ministro de Seguridad sin haber explicado qué hacía en el departamento de Nisman a horas de su muerte. El "gordo" Juan mencionado en escuchas legales de presos K que diseñaron la causa judicial Dolores es el actual viceministro de justicia de la Nación. Juan Martín Mena tiene a su cargo las negociaciones con los presos y ha colocado gente de su confianza en el Servicio Penitenciario Federal. Sus manejos con la justicia habrían sido exitosos ante la Cámara Federal de Mar del Plata para evitar que la causa Dolores sea derivada a Comodoro Py. Ubicó a Adriana García Neto en el Ministerio quien había impulsado un Consejo Evaluador contra el fiscal Stornelli por el D´Alessiogate. También ha quedado al frente del Programa de Protección de Testigos. Tiene el triste récord que, desde que lo maneja, nadie más se arrepintió en la Argentina.

Ya no se habla de "conflictos de intereses". El Puf llegó a la Casa Rosada.

Periodista. Autor de "Érase una vez en Argentina"

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