Acusan a un aliado de Luis Barrionuevo de desviar 185 millones de pesos a través de la obra social de un gremio

Ángel Alberto García, un histórico aliado de Luis Barrionuevo, controla desde hace tres décadas la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), un gremio que reúne a vigiladores privados, espías, patovicas y policías exonerados, y que tiene un particular interés para el poder. García fue restituido al frente del sindicato por un fallo judicial después de cuatro años de intervenciones que jamás lograron desplazarlo del mando. Ni a él ni a María Celestina Ferrara, su pareja y quien administra la caja de la obra social.

García y Ferrara fueron denunciados por fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la justicia federal. Los acusan de haber desviado 185 millones de pesos entre 2016 y 2020, según la presentación judicial que hizo el dirigente opositor Roberto Alejandro Ramírez.

La denuncia de Ramírez, que se presentó como querellante, es en verdad una ampliación del expediente que está en el juzgado de Ariel Lijo. La acusación original fue realizada hace un año por Patricio Lombilla, uno de los exinterventores, quien detectó desde adentro del gremio las irregularidades en el manejo de los fondos de la obra social, a cargo de Ferrara. Lombilla vive hoy en los Estados Unidos y se dedica a la transferencia de futbolistas.

En la nueva presentación judicial, se involucran a 16 personas cercanas a García y dos funcionarios ubicados por Jorge Triaca y Dante Sica cuando estuvieron al frente del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata de Rodolfo Alonso, que ofició de delegado normalizador, y Karina Palacios, que estuvo como interventora solamente un mes.

Como sucede en otros sindicatos, como por ejemplo en el de los camioneros que encabeza Hugo Moyano, García y Ferrara constituyeron un holding de empresas cercanas que le prestaron servicios al sindicato y a la obra social. Se detectaron firmas vinculadas a la medicina, transporte, limpieza, administración de predios, publicidad y hasta servicios jurídicos. "Solo faltaba una empresa de servicios fúnebres para cerrar una red de prestaciones sin ningún tipo de competencia", ironiza Ramírez en su presentación judicial.

Uno de los destinos de los fondos presuntamente desviados fue el club Berazategui, del cual García fue dirigente. Según consta en la denuncia, Daniel "Cuca" Fernández, el jefe de la barra brava del club de la zona sur del conurbano, financió su viaje al Mundial de Fútbol de 2014 gracias a la ayuda del sindicalista.

García no respondió los llamados ni los mensajes de LA NACION. Tampoco Alonso, el exinterventor designado por Sica.

Detrás de Ramírez, que integra una agrupación opositora en la Upsra, está el impulso de un empresario del sector. Se trata de Matías Pérez Manghi, director administrativo de la empresa Siseg.

La Upsra, que cuenta con unos 15.000 afiliados, está intervenida desde fines de 2016. En aquel momento, el entonces ministro de Trabajo Triaca no avaló el proceso electoral interno y desbancó de la conducción a García. Ubicó allí a Lombilla como interventor hasta que, a principio de 2019, Sica, que quedó como superior de Triaca, resolvió reemplazarlo por Alonso. En el medio, por un lapso breve, estuvo Palacios. Hubo una denuncia previa, no contra García sino contra Triaca, por presunto fraude en el gremio intervenido. El denunciante fue Cristian Raúl Felice, un empresario que habría brindado servicios de limpieza y seguridad en la Upsra a través de las firmas Advance AG SRL y Security AG, de las que fue gerente. Lo señalaban al exministro por las presuntas irregularidades y lo buscaron comprometer con un video en el que un hombre de su equipo de seguridad recibía dinero en una oficina del sindicato.

Cerca de Triaca relativizaron las denuncias como "una pelea entre bandas", y apuntaron a la interna que mantiene Barrionuevo con García por el control de la Upsra. Cuando la Justicia había desplazado a García, el jefe de los gastronómicos impulsó a Leónidas Requelme como el eventual sucesor. Pero ahora García fue restituido y da la sensación que la única salida para ordenar la interna sería llamar a elecciones transparentes, supervisadas por el Ministerio de Trabajo.