Anularon la elevación a juicio oral de una causa contra Scioli por presunto lavado
El juez platense Crispo canceló el proceso porque advirtió “déficits” en la investigación que había realizado el fiscal Garganta; el pedido de juzgar al exgobernador estaba pendiente de resolución desde 2018; el expediente se inició con una denuncia de Carrió
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LA NACION
El juez de garantías de La Plata Agustín Crispo anuló el pedido del fiscal Álvaro Garganta de elevar a juicio oral y público una causa contra el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, que databa de 2018 y estaba basada en una denuncia de Elisa Carrió por delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y lavado de dinero, que Scioli habría cometido en su paso por la gobernación bonaerense. Según pudo saber LA NACION, el fiscal analiza apelar la decisión del magistrado.
Según el juez Crispo, la investigación de Garganta tuvo “déficits”. En su fallo, señaló que “la pesquisa no ha respetado los parámetros de idoneidad que debe contener a los fines de explicar el caso, tornándose la misma ineficaz. Tampoco consigna de manera clara la prueba que la acreditaría”, consignó el diario Clarín.
“De la lectura de las partes integrantes que componen el requerimiento fiscal de elevación a juicio, advierto déficits, que ineludiblemente acarrean dictar su nulidad”, indicó Crispo, que tomó el caso en 2019, después de que la primera jueza del caso, Marcela Garmendia fuera recusada por las defensas y apartada. El pedido de elevación a juicio oral se realizó en 2018.
Para explicar lo que consideró “falta de concatenación” para comprobar los hechos, Crispo graficó: “Si se ha dicho quién, no se dijo el cómo; si se dijo el cómo, habría solo someras referencias de quién, y, si se dijo quién y cómo, hay ausencia de una derivación lógica y razonada apoyada en elementos probatorios que habiliten su estudio”. Junto a Scioli, resultaron beneficiados exfuncionarios suyos como Alberto Pérez (exjefe de Gabinete provincial y uno de los dirigentes más cercanos al exgobernador) y Alejandro Collia (exministro de Salud bonaerense), entre otros.
En la investigación, se acusa a Scioli de interceder para que el gobierno bonaerense le entregue 12 construcciones de Unidades de Pronta Atención (UPA) y tres ampliaciones a la empresa Miller Building International SA, de Ricardo Miller. Tras hacerse de esas obras, según figura en pedido de elevación a juicio, Miller le alquiló a Capanone SA (una sociedad de Scioli) un complejo hotelero en Villa La Ñata, Tigre, le realizó mejoras y luego lo compró tras haber pasado de 1334 metros cuadrados construidos a 3063. En mayo de 2018, Scioli fue indagado y se defendió con un escrito en el que negó cualquier tipo de irregularidad y señaló haber sido “muy celoso en el cuidado de los intereses públicos” durante su gestión.
El fiscal Garganta tiene cinco días para presentar una apelación. De no hacerlo, la otra alternativa que tiene es corregir los “déficits” que señaló el juez y volver a hacer el pedido de elevación a juicio oral. Pero ese proceso implicaría que el magistrado dé traslado a unas 70 personas involucradas por las distintas partes. Según afirmaron fuentes judiciales a LA NACION, ese camino llevaría alrededor de un año. Agregaron que los plazos para la elevación a juicio oral estaban vencidos y que en la causa se señalaron “déficits” pero no había elementos para sobreseer a Scioli y sus exfuncionarios provinciales.
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