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Auditoría General. La oposición redobla la presión para que se integre el principal organismo de control
El oficialismo busca evitar que el peronismo cope el organismo; el reclamo del gremio
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LA NACIONLaura Serra
Diputados y senadores de la oposición apuraron al oficialismo para que se integre, cuanto antes, la Auditoría General de la Nación (AGN), paralizada hace dos meses por la demora en la designación de seis de sus siete auditores. El oficialismo, que motoriza una reforma integral del principal organismo de control, busca ganar tiempo para evitar que el peronismo cope su integración.
La presión opositora sumó al gremio que nuclea a los trabajadores que revisten en los organismos de control (APOC), que ayer se presentó en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas –encargada de supervisar los informes de auditoría- para plantear su preocupación por la virtual acefalía de la AGN.
“La Auditoría es hoy un barco a la deriva sin capitán ni tripulantes. Debe haber transparencia en serio en la Argentina, y si bien todos en el Congreso ven la imperiosa necesidad de nombrar a los auditores generales, hay falta de ganas de avanzar en los acuerdos”, advirtió Hugo Quintana, jefe de APOC.
Miguel Pichetto, presidente de la Comisión Bicameral, compartió la preocupación. “La AGN está inmovilizada con un personal técnico valioso y jerarquizado. Esta comisión ya notificó a los presidentes de ambas cámaras para que hicieran los esfuerzos para integrar la representación necesaria”, sostuvo.
Los legisladores opositores aprovecharon la puesta en escena de los gremios para apuntar contra el oficialismo y el proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reformar la estructura de la AGN; la iniciativa propone incrementar de tres a cuatro el número de representantes de la Cámara baja en detrimento del Senado (que pasaría de tres a dos) y, además, establece acortar el mandato de ocho a cuatro años, además de ponerle coto a los ingresos que cobran los auditores.
Detrás de estos desacuerdos subyace una sorda puja política entre el oficialismo y la oposición por el control de la AGN que, entre sus funciones, está la de auditar las gestiones de los sucesivos gobiernos, incluida la de Javier Milei.
En la Cámara de Diputados, los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal, junto a un puñado de radicales críticos del Gobierno, acordaron designar al kirchnerista Juan Forlón y al actual diputado Emilio Monzó (Encuentro Federal) como nuevos auditores. En ese esquema, dicen, el tercer representante que le corresponde al cuerpo debería definirse entre Pro y La Libertad Avanza.
La Casa Rosada rechaza este esquema y sospecha que, detrás de la designación de Monzó está la sombra de Sergio Massa. Si en el Senado el peronismo logra designar a dos de los tres representantes que le corresponde a ese cuerpo, se haría con la mayoría de la AGN, pues la presidencia ya está en manos de ese partido en la persona de Juan Manuel Olmos.
La semana pasada el oficialismo logró frenar la designación de Monzó y de Forlón cuando, de apuro, Menem sacó de la galera un proyecto de ley para reformar la AGN de manera integral, cuyo debate ya arrancó en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Una estrategia para ganar tiempo hasta después de las elecciones, confiado en que podrá reforzar su bancada y ganarle la pulseada al peronismo.
El proyecto de Menem recibió un aluvión de críticas en la Comisión Mixta. No solo de parte de la oposición, sino también de algunos aliados del oficialismo.
“Es un proyecto de ley exótico e inconstitucional: no solo reduce la representación del Senado sino que propone que el auditor general sea elegido por un mecanismo que la Constitución no contempla. Hasta el portero se da cuenta que este proyecto no saldrá aprobado en el Senado”, planteó el salteño Juan Carlos Romero, aliado al Gobierno.
Romero planteó que los auditores deberían ser designados en función de la ley actual y no esperar, como pretende el oficialismo, a que se sancione una nueva. Pichetto asintió. “Si nos ponemos a debatir una ley nueva, se nos va el año. Debemos avanzar en los nombramientos sobre la base de la ley vigente”, sostuvo.
Acto seguido, los legisladores se abocaron al tratamiento de la cuenta de inversión 2018, esto es, el ejercicio presupuestario del tercer año de gestión de Mauricio Macri. Esta cuenta de inversión resultó aprobada a instancias de Pichetto con el apoyo del oficialismo; el kirchnerismo se opuso en rechazo al préstamo de 55.000 millones de dólares que, por entonces, el gobierno macrista contrajo con el FMI.
Pichetto rechazó los argumentos del kirchnerismo, que alegaron “falta de legalidad del préstamo”. “Este préstamo fue, de alguna manera, convalidado durante el gobierno de Alberto Fernández cuando el Congreso ratificó un nuevo acuerdo con el organismo internacional cerrado por el exministro de Economía, Martín Guzmán”, sostuvo.
