Aumenta la presión para encarcelar a De Vido por el fraude de Río Turbio
El fiscal Moldes pidió una vez más su desafuero y detención; ahora debe decidir la Cámara Federal, que ya había impuesto criterios más estrictos para beneficiar con la libertad a los ex funcionarios
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LA NACIONHernán Cappiello
La presión para que el diputado Julio De Vido termine preso es cada vez mayor en la Justicia. El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió que el Congreso le quite los fueros que lo protegen de una detención en la causa en que se lo investiga por el desvío de $ 264 millones destinados al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.
Ahora, la Cámara Federal deberá resolver si corresponde que se traslade el pedido al Congreso y que sea detenido de manera preventiva. Los antecedentes de esa cámara, que pidió endurecer las medidas con los funcionarios acusados de corrupción, juegan en contra de De Vido.
Moldes mantuvo así el recurso de apelación que había presentado el fiscal de primera instancia Carlos Stornelli, cuando pidió desaforar y detener a Julio De Vido, luego de que el juez federal Luis Rodríguez denegara esta medida.
De Vido fue citado por el juez Rodríguez a prestar declaración indagatoria el 28 de noviembre próximo por este fraude.
Contexto político
El 10 de diciembre cambia la conformación del Congreso. A instancia de Cambiemos, los diputados ya trataron en junio pasado, antes de las PASO, un pedido para echar del Congreso a De Vido por inhabilidad moral, pero el Gobierno fracasó con este intento.
Sin embargo prometió volver a insistir cuando asuman sus nuevos diputados, con los que confía que podrá lograr los votos necesarios.
Así, el círculo judicial se cierra sobre el horizonte del ex ministro de Planificación.
Mientras escalan los pedidos de detención y en las vísperas del proceso oral por la tragedia de Once, De Vido cambió de defensa tras los desacuerdos con los abogados anteriores.
Ayer se conoció que su nuevo abogado será Maximiliano Rusconi (ver aparte).
En sus fundamentos, el fiscal Moldes entendió que De Vido es el "tramoyista" de la obra pública del kirchnerismo entre 2003 y 2015. Asimismo mencionó que en esta causa de Río Turbio hay "una marcha en dos velocidades" por el diferente estatus que tienen los acusados en este expediente. Por un lado están los protagonistas de la causa y por otro, "aquellos que les hicieron comparsa".
El fiscal sintonizó así con lo que viene diciendo el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, cuando en una resolución anterior estableció un nuevo estándar para decidir la libertad de los ex funcionarios acusados de corrupción. Hasta ahora se viene aplicando sin distinguir entre acusados de cualquier delito, el mismo criterio: los imputados pueden seguir en libertad durante el proceso en caso de que el juez estime que no van a entorpecer la investigación ni eludir a la Justicia. Y para acr esto bastaba con que el acusado pudiera demostrar que tiene un domicilio constituido.
Sin embargo, el camarista Irurzun avanzó en establecer nuevas pautas para meter presos a los funcionarios acusados de corrupción. Y así inauguró una jurisprudencia más restrictiva, que debería preocupar a los ex funcionarios que enfrentan causas y gozan de la libertad.
Dijo Irurzun que en estos casos complejos, con un daño considerable y la reiteración de los mismos acusados, hay particularidades que deben contemplarse.
En un fallo que acompañó Leopoldo Bruglia, Irurzun sostuvo que no sólo se debe analizar si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar también un "escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito".
Así estableció nuevas pautas para decidir la libertad: la complejidad de las maniobras, su magnitud, las concretas posibilidades de fuga y de entorpecimiento derivados de los frentes judiciales abiertos en diversos expedientes, las relaciones personales, laborales o políticas de los acusados mediante las cuales mantienen posibilidad de influir en las investigaciones, y las sumas de dinero que involucran los fraudes.
Estos nuevos criterios restringirían la libertad de los ex funcionarios acusados de corrupción que esperan los avances del juicio.
La postura del fiscal
Moldes le puso nombre y apellido a este imputado abstracto: "No hace falta leer abajo del agua para entender que el único de los imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con el poder público y sus influencias se llama Julio M. De Vido, hoy parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios".
El fiscal dijo que es el único acusado en ejercicio del poder político, "porque es diputado y con acceso a la capacidad de incidencia y negociación" por su cargo.
Por eso, Moldes pidió insistir con su desafuero "ante la Cámara que lo cobija, con la premura y la firmeza" que el caso amerita.
El 3 de octubre, los camaristas Irurzun, Bruglia y Eduardo Farah (que había votado en disidencia) deberán revisar si Julio De Vido debe ser desaforado y preso, y más aún decidir sobre el futuro del juez Luis Rodríguez que viene demorando los reclamos de sus superiores en esta causa.
Los pronósticos son desfavorables para el ex ministro.
La OA solicita la indagatoria de Cristina Kirchner
La Oficina Anticorrupción (OA) pidió a la Cámara Federal que se llame a indagatoria por lavado de activos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada la ruta del dinero K. Según el razonamiento que hizo el organismo, hubo una interpretación parcial de las declaraciones del valijero Leonardo Fariña y por lo tanto se eludió la responsabilidad de Cristina en el lavado de dinero, aludiendo que la ex presidenta desconocía la situación.
Según un escrito que presentó la OA, "Cristina Fernández tenía vocación de dueña de todo ese patrimonio y se comportó como tal a partir de allí (la muerte de Néstor) por la continuidad verificada (...) a través de la concesión de obra pública (al empresario Lázaro Báez)".
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