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Venezuela: las marchas y contramarchas de una relación diplomática pendular
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El tema de mayor sensibilidad para la política exterior argentina hizo crujir a la alianza del Gobierno una vez más. Desde que llegó a la Casa Rosada, el oficialismo intentó adoptar una postura equidistante frente a la crisis institucional y humanitaria en Venezuela que debió endurecerse a medida que se revelaban las violaciones a los derechos humanos.
El enojo del kirchnerismo duro creció en paralelo a la acumulación de críticas del Gobierno al régimen de Nicolás Maduro. La tensión interna tuvo su mayor manifestación hoy con la concreción de la renuncia de Alicia Castro a su postulación como embajadora argentina en Rusia. La exrepresentante en Caracas, cercana a Cristina Kirchner, dio el portazo por no coincidir con la política exterior de Alberto Fernández y del canciller Felipe Solá. La caída de su pliego había sido congelado meses atrás, también por sus críticas a la gestión diplomática.
La postura que expresó el Gobierno ayer ante la ONU, que marcó una continuidad con la línea adoptada en los últimos meses, cuestionó con fuerza las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el chavismo y llamó al régimen a cooperar con el organismo multilateral.
Pero esa postura es más dura que la que se conoció al comienzo del gobierno de Fernández, cuando la Casa Rosada marcó distancia del abordaje crítico de la gestión de Mauricio Macri, se opuso a las sanciones externas, hizo saber su desacuerdo con el Grupo de Lima y se acercó a la postura neutral que en ese momento lideraban México y Uruguay con el llamado a resolver las disputas de manera interna y sin influencia extranjera como principal bandera.
Fueron los cada vez más devastadores informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, los que forzaron un endurecimiento de la postura. Por instrucción de Fernández, el país votó ayer a favor de extender el mandato de la misión que registró más de 2000 muertes en lo que va del año en operativos de seguridad. Aunque también condenó los bloqueos, el país se desmarcó de México, que se abstuvo, y compartió el voto con Uruguay, que se alejó de Maduro tras la llegada de Luis Lacalle Pou al poder.
El acompañamiento a esos informes ejecutado por el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, y la desautorización en los hechos del representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el cristinista Carlos Raimundi, quien había hablado de "sesgos" a la hora de abordar la situación de los derechos humanos en el país caribeño, tensaron aún más una crisis interna que el Gobierno había logrado mantener controlada más allá de algunas expresiones aisladas.
El voto más reciente de la Argentina en la ONU destapó esa olla a presión que no había llegado a estallar en julio, cuando la postura oficial fue la misma ante el organismo y el Gobierno debió salir a aclarar que no había iniciado un giro frente a la crisis venezolana pese a la contundencia de la condena a las violaciones a los derechos humanos.
Aquella vez, el propio Presidente dio explicaciones públicas cuando llamó en medio del programa al conductor de radio Víctor Hugo Morales, quien lo estaba criticando con fuerza al aire. "La Argentina hizo el planteo que siempre hace. Hubo un informe muy crítico de Michelle Bachelet planteando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y la Argentina ratificó su posición de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno", justificó el Presidente, quien reiteró que el país no reconoce al presidente encargado, Juan Guaidó, ni cuestiona la legitimidad del actual gobierno.
Un mes después de ese hecho, la Argentina ratificó su postura moderada y anunció su ingreso al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC), que insta a lograr una "solución pacífica y democrática de la crisis". Integrado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay, el GIC tiene un tono más conciliador que el Grupo de Lima, del que la Argentina todavía es parte porque, según el Gobierno, es un espacio para expresar la disidencia oficial.
Al igual que Morales, el kirchnerismo duro cree que las críticas a Maduro son parte de una estrategia promovida por Estados Unidos para debilitar al chavismo. Pendiente de la situación en Venezuela, Washington había calificado de "tristes" las declaraciones de Raimundi pero no se expresó sobre la postura argentina oficializada ayer, el mismo día que llegaba al país la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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