Baja de la edad de imputabilidad: un debate inconcluso que dividió al peronismo y vuelve a escena en Diputados
La discusión se extendió durante nueve meses y reunió 15 proyectos distintos; el dictamen nunca llegó al recinto, perdió estado parlamentario y el Gobierno buscará reabrirla en extraordinarias
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El Gobierno resolvió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil, una discusión sensible que ya atravesó el Congreso en los últimos dos años, pero quedó inconclusa. Según informaron en Casa Rosada, el oficialismo aspira a insistir con su proyecto original para reducir de 16 a 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. Ese texto, que perdió estado parlamentario y deberá ser presentado nuevamente, preveía una pena máxima de hasta 20 años de prisión para los menores condenados.
El debate no es nuevo. La encargada de motorizarlo en Diputados fue Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y aliada de Patricia Bullrich. Bajo su conducción, la iniciativa avanzó durante nueve meses por un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones: Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto.
Pese a ese recorrido, el proceso quedó trunco. El dictamen que finalmente reunió los apoyos necesarios nunca fue tratado en el recinto y, con el cierre del período ordinario, perdió vigencia. El trámite, así, deberá recomenzar desde cero.
Los detalles del nuevo proyecto aún no se conocen. Sin embargo, en el oficialismo admiten que podrían volver a presentar la versión original, aun cuando durante la negociación previa se vieron obligados a ceder en puntos clave.
El principal giro se dio en la edad de imputabilidad. En el dictamen que logró avanzar, el piso se fijó en 14 años y no en 13, como pretendía el Gobierno. Esa alternativa fue acompañada tanto por aliados del oficialismo como por legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador. La opción de bajar la edad a 13 no consiguió respaldo ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR.
Con un mapa parlamentario distinto -95 diputados y 20 senadores-, en La Libertad Avanza creen que ahora tienen margen para volver a la carga con su propuesta original. En ese esquema, el texto establecía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.
El despacho también introducía criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios o hechos de violencia grave. Además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.
Para los libertarios, el tema es estratégico. Forma parte del núcleo duro de su discurso de mano dura, sintetizado en el lema “el que las hace las paga”, pero también es leído como una oportunidad política para tensionar a la oposición y profundizar las fisuras dentro del peronismo.
Esas grietas ya quedaron expuestas durante el debate en comisiones. Los legisladores del Frente Renovador se distanciaron del resto de Unión por la Patria: el santafesino Diego Giuliano respaldó la imputabilidad desde los 14 años y se desmarcó de su bloque, en especial de los referentes de Patria Grande, el espacio de Juan Grabois. Desde allí impulsaron un proyecto alternativo que defendía mantener el piso en 16 años y proponía un régimen paralelo centrado en medidas socioeducativas y un acompañamiento integral.
Un tercer proyecto completa el abanico de posiciones. Presentado por la diputada peronista Agustina Propato -y aún con estado parlamentario-, establece que la punibilidad rige, en términos generales, entre los 16 y los 18 años, aunque habilita juzgar a menores de 16 por delitos extremadamente graves bajo estrictos peritajes de capacidad cognitiva. El texto prioriza el principio de última ratio, limita la privación de la libertad a casos excepcionales y breves, exige establecimientos especializados separados de los adultos y propone una estructura judicial propia, con juzgados específicos, justicia restaurativa y asistencia interdisciplinaria permanente. Propato es pareja del exministro de Seguridad de Axel Kicillof, Sergio Berni.
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