Chaco: una intendenta quedó procesada porque ya había asumido pero cobraba una pensión por invalidez

La actual intendenta del municipio Enrique Urien, en Chaco, Liliana Carmen Pascua, fue procesada sin prisión preventiva por la Justicia denunciada por administración fraudulenta debido a que percibió, durante varios meses, una pensión no contributiva por invalidez cuando había asumido como jefa comunal en 2013, algo que es incompatible con la función pública.

La jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén María López Macé, dictó el procesamiento por considerarla prima facie autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino, según tuvo acceso al fallo el diario local Norte.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la Justicia a partir de 2020, entre julio y diciembre de 2013 Pascua extrajo fondos correspondientes a una pensión no contributiva por invalidez cuando ya había asumido su cargo público; además, habría solicitado la baja del beneficio de manera tardía. El salario de la intendenta en julio de ese año fue de $7097,80 y aumentó a $9258 entre agosto y noviembre mientras seguía cobrando el beneficio social.

“Se comprobó que, a partir de su designación como funcionaria pública, los emolumentos recibidos por su cargo político se volvieron incompatibles con la percepción de una pensión social. Esta conclusión se basa en el decreto 432/97 sobre pensiones por vejez e invalidez, que establece que no se debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia”, se indicó en el texto del fallo.

Además, “se evidenció que hasta diciembre de 2013 Pascua continuó realizando extracciones de su pensión a través de cajeros automáticos, según lo indicado en el Oficio 715/2013 del Nuevo Banco del Chaco”. La intendenta acusada dijo, en cambio, que había dado de baja su pensión. Pascua percibió el beneficio social desde 2008 hasta 2013 debido a una incapacidad laboral del 80%, situación que fue debidamente acreditada.

De acuerdo a los medios locales, no es la primera vez que la intendenta enfrenta acusaciones. En 2021, la Justicia investigó su presunta participación en el uso indebido de fondos destinados a viviendas sociales. Según los informes, varias de estas construcciones fueron adjudicadas a familiares cercanos a ella, incluidas propiedades que no cumplían con los requisitos establecidos para beneficiarios de emergencias habitacionales.

LA NACION

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