Cómo se realizará la auditoría de planes sociales a cargo de las universidades: requisitos, sanciones y dudas

En su primera conferencia de prensa como ministro de Economía, Sergio Massa apuntó al reordenamiento de planes sociales como una de sus metas. No se trata de una medida nueva: es la auditoría a cargo de universidades nacionales que anunció el ministerio de Desarrollo Social semanas atrás, con la que controlarán los 1.300.000 planes sociales del Potenciar Trabajo. Pero Massa sumó el entrecruzamiento de datos con la Anses, un punto que sorprendió en la cartera que conduce Juan Zabaleta y que aún se mantiene como un misterio.

“El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no la cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de la Anses”, dijo el titular del Palacio de Hacienda horas después de su jura, y completó: “Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo, lo permanente”.

Ni desde ese ministerio ni desde el organismo que encabeza Fernanda Raverta pudieron dar precisiones ante las consultas de LA NACION. Tampoco desde la cartera de Desarrollo Social, encargada de la organización de la auditoría.

Hace ya un tiempo que los movimientos sociales están bajo la lupa y con varios frentes abiertos. Además el frente judicial, por el avance de allanamientos en el marco de causas contra múltiples dirigentes de organizaciones piqueteras en varias provincias, que logró abroquelar a movimientos oficialistas y opositores que lo leen como una persecución judicial, se suman las denuncias de beneficiarios de planes que registró el propio Ministerio por diversas razones: desde situaciones de maltrato e irregularidades con las tareas a realizar hasta la exigencia de cobro de aportes o amenazas de castigos por no participar en marchas. El renovado control de los planes Potenciar -más de 200.000 ya modificaron su unidad de gestión por mudanza o por denuncias de irregularidades en diciembre- coincidió con la ofensiva de Cristina Kirchner, que acusó a las agrupaciones oficialistas de “tercerizar” los planes sociales.

Desde Desarrollo Social remarcan, sin embargo, que el objetivo principal de la auditoría no es reducir la cantidad de planes, sino controlar la contraprestación que ofrece el beneficiario -según los lineamientos del Potenciar Trabajo, puede optar entre trabajar o estudiar- para repensar la política. Enfatizan en que fue un programa que nació en el 2020, en un escenario de crisis y se duplicó a lo largo de estos dos años.

Cómo se realizará la auditoría

“La facultad de verificación incluye la evaluación y/o validación de la certificación de la contraprestación que realizan los titulares de acuerdo a los proyectos de tipo socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o de terminalidad educativa que prevén los lineamientos generales del Programa”, señala la resolución 835/2022 publicada en el Boletín Oficial a principio de mes a través de la cual se crearon las “unidades de evaluación”.

En un operativo coordinado entre el ministerio, los municipios y universidades, los beneficiarios serán convocados por Desarrollo Social a estas unidades -universidades, clubes o sedes municipales- para ser censados. Los encuestadores, parte del aporte que harán las universidades, completarán un formulario multiple choice en tiempo real, que será cargado en una app o en una web. La planilla que cuenta con cuatro apartados recogerá información social y demográfica de cada beneficiario: nivel de educación, grado de formación, capacitación laboral, trabajos previos, composición familiar, entre otros. La próxima semana empezarán las capacitaciones.

En la cartera que dirige Zabaleta señalan, además, que actualmente ya funciona un sistema mediante el cual se cancelan los planes a quienes no cumplan con la contraprestación necesaria, siempre y cuando la unidad de gestión lo informe. Según precisaron, los incumplidores cobran el siguiente mes sólo el 50% del plan. Si la situación no se modifica, el mes siguiente el beneficiario no cobra, mientras que al tercer mes de incumplimiento se cae el plan. Ese mismo protocolo aplicarán una vez finalizado el relevamiento.

En julio, Zabaleta se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y también con su par de Educación Jaime Perzyck, para firmar el convenio de cooperación para el relevamiento del Potenciar. Aunque están avanzando con varias universidades, la UBA -que tiene el 30 por ciento del sistema- y la UTN serán las primeras en comenzar con la auditoría, especialmente en el conurbano. Esta semana, la agenda de Zabaleta sumó otra reunión en esta línea: será el viernes, en una “convocatoria variada” de intendentes de la primera y tercera sección para aceitar el funcionamiento del operativo.

Desde un principio, la iniciativa puso en alerta a las organizaciones sociales que se vinculan con estos planes. Plantean, a grandes rasgos, que la auditoría no resolverá la crisis que atraviesa el país mientras reclaman una reunión con Massa. “Que nos vengan a auditar las universidades, van a terminar militando con nosotros”, desafió ayer en el final del acto por el Día de San Cayetano Esteban “Gringo” Castro, integrante del Movimiento Evita y secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

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