Condenaron a nueve personas con penas de prisión por los destrozos en una marcha al Congreso en 2022
Mientras se debatía el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI, apedrearon el despacho de Cristina Kirchner y otras oficinas; generaron daños por más de 50 millones de pesos
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El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF 2) condenó ayer con penas de entre dos y cinco años de prisión a nueve personas que el 10 de marzo de 2022, en una movilización frente al Congreso por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), atacaron el Palacio Legislativo.
Ese día, se arrojaron bombas molotov contra policías, se generaron disturbios en la plaza y se apedrearon el despacho de Cristina Kirchner, en ese entonces vicepresidenta de la Nación, y otras oficinas del congreso.
Los condenados son Jonatan Emanuel García, José Horacio Fernando Castillo, Leonardo Marcelo Cáceres, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Exequiel Darío Paz, Oscar Ramón Santillán y Julián Claudio Lazarte, quienes recibieron penas menores a tres años, con cumplimiento en suspenso; y Sebastián Esteban Franco y Luis Agustín Trionfini Aguilar, ambos con antecedentes, condenados a 5 años y 9 meses, y 4 años de prisión efectiva, respectivamente.
Los delitos son daño agravado y resistencia a la autoridad. Los condenaron en un juicio abreviado, un proceso que requiere un acuerdo entre el fiscal y las defensas –los acusados deben reconocer la culpabilidad– y que evita el juicio oral y público.
Los incidentes tuvieron lugar mientras adentro del recinto se debatía un nuevo acuerdo con el FMI para refinanciar el préstamo que el organismo otorgó al país en 2017. Minutos después de comenzada la sesión, en la que finalmente se aprobaría el acuerdo, un grupo de manifestantes arrojó piedras contra la reja y el frente del Congreso Nacional.
Los incidentes fueron a metros de las esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen y algunas de las piedras rompieron vidrios de los ventanales del edificio del Congreso.
“Las acciones dañosas fueron dirigidas con especial ahínco a los despachos del primer y segundo piso, entre los que se encontraban los de sus máximas autoridades: el de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo de la Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, la Presidencia Provisional 1era, la Secretaría, el despacho de la Presidencia del Bloque Frente de Todos y el Salón Illia”, dice el fallo, que lleva la firma del juez Rodrigo Giménez Uriburu.
A partir de un informe aportado por el Senado, que incluía registros de los destrozos y una evaluación económica, la Justicia calculó los daños en $58.242.600, actualizados a marzo de 2024.
“El direccionamiento de los piedrazos hacia la zona en que se ubicaban las autoridades máximas del Congreso evidencia que los imputados no se hallaban allí simplemente para manifestar en forma pacífica su descontento”, dice el fallo. Y agrega: “Por el contrario, considero que el intento de alcanzar a las autoridades más encumbradas exhibe con mayor claridad su voluntad dirigida deliberadamente a socavar la actividad parlamentaria”.
La identificación de los implicados la llevó a cabo la policía federal científica a través de la plataforma de reconocimiento facial LUNA.
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