Congelan la transferencia de 180 hectáreas del Ejército a los mapuches en Bariloche

La Cámara Federal porteña congeló la transferencia de 180 hectáreas de tierras del Ejército a la comunidad mapuche en Bariloche. La cesión del predio había sido dispuesta por el Gobierno y ahora quedará frenada hasta tanto se resuelva si es legítima. La decisión fue tomada por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertucci y Leopoldo Bruglia a instancias del fiscal federal Carlos Stornelli.

La jueza federal subrogante Silvina Domínguez había dispuesto entonces la transferencia inmediata a la comunidad, previo otorgamiento al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a comunidad Millalonco Ranquehue. El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el centro amplio territorio que pertenece al Ejército.

El Ejército, mediante el Ministerio de Defensa, apeló pero lo hizo fuera de término por lo que la Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado. La Cámara dijo que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero, a las 12:11, y el recurso presentado cuatro días después, a las 20:25, cuando ya había expirado el plazo para poder hacerlo.

Las familias Millalonco Ranquehue aseguran que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.

A raíz de la mora en la apelación, un grupo de legisladores y dirigentes opositores denunciaron a los abogados del Ejército. En esa causa, que tiene el juez Daniel Rafecas, es que Stornelli, como medida cautelar, pidió que se suspenda el traspaso de las tierras.

El juez Rafecas no hizo lugar a la medida. Pero el fiscal apeló y la Cámara Federal le dio la razón. Se tratan de terrenos de la Escuela Militar de Montaña. Los investigados son autoridades nacionales por la apelación tardía del Ministerio de Defensa y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no impugnaron a tiempo en la Justicia el fallo que avaló la pretensión de la comunidad mapuche.

Apelación fuera de término

En la causa que se tramita en el juzgado de Rafecas, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de tres abogados del Ministerio de Defensa, una de la Procuración del Tesoro y uno del INAI, por considerarlos responsables de la apelación fuera de término contra la sentencia judicial que reconoció el reclamo de mapuche por la propiedad de tierras del Ejército.

El fiscal recordó que la denuncia proviene de “un conjunto de funcionarios públicos, a la sazón, legisladores nacionales, e involucra la posible afectación de bienes de dominio público que hacen a recursos militares estratégicos para la defensa nacional”. Se refiere a los diputados nacionales Alberto Asseff, Gerardo Milman, Francisco Sánchez, Hernán Lombardi, Laura Elena Rodríguez Machado, Fernando Iglesias y Ricardo López Murphy (todos de Juntos por el Cambio), entre otros, que recurrieron a la Justicia para pedir que se resguarde la propiedad del predio militar.

Ahora, la Cámara Federal decidió “hacer lugar a la prohibición de innovar requerida” para impedir la “producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras cuya mensura fuera aprobada por el INAI”.

Los camaristas sostuvieron que no coinciden con Rafecas en cuanto a que habilitar el congelamiento de la transferencia “constituiría una instancia revisora de pronunciamientos emitidos en una extraña jurisdicción”, es decir la justicia de General Roca. “Lo que se busca salvaguardar a través de esta investigación es que aquellos no se hayan obtenido mediante un posible actuar ilícito de las partes interesadas, situación que, en definitiva, justifica el peligro en la demora sostenido en la apelación”, dijeron.

Y asimismo advirtieron que no se había anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble la existencia de esta controversia por lo que encomendaron que se inscriba esta medida.

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