Coronavirus en la Argentina: los abogados porteños están más cerca de retomar sus actividades

Un fiscal dictaminó que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional deben dar tratamiento al protocolo que propuso el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que los letrados porteños puedan regresar a trabajar a sus estudios, medida que les está vedada desde que comenzó la cuarentena por la pandemia de coronavirus, hace más de 100 días.

El fiscal que así opinó es Miguel Angel Gilligan, en el marco de la acción de amparo donde el Colegio Público de Abogados reclamó a la Justicia que obligara a las autoridades a autorizarlos a regresar al trabajo. Unas horas después, la jueza en lo contencioso administrativo Rita Aillán, admitió parcialmente el planteo del Colegio Público de Abogados y ordenó a la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires a tratar y dar respuesta a sus pedidos para poder concurrir a sus estudios jurídicos y evaluar un protocolo para posibilitar su funcionamiento a los fines de garantizar su derecho a trabajar.

En el amparo, la organización, orientada por Jorge Rizzo y presidida por Eduardo Awad, pide que a los abogados se les permita circular para poder concurrir a sus estudios jurídicos y oficinas según un protocolo especial que propuso.

El Colegio Público reclamó que "se excepcione a los abogados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, a los efectos de que puedan acceder a sus oficinas, donde se encuentran todas sus herramientas de trabajo y disponibilidades tecnológicas necesarias para desempeñar su profesión".

Entre las soluciones propuestas está el concurrir a los estudios según el número de DNI -par o impar- o que a los estudios con gran cantidad de empleados o letrados, pueda asistir una proporción reducida del total de la plantilla.

El Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad cuestionaron el amparo. Dijeron que el Colegio Público de Abogados de la Ciudad no tenía legitimidad para presentar este recurso y que, además, el fuero contencioso administrativo federal no era competente.

El fiscal rechazó estas objeciones y mencionó que los abogados se habían presentado por nota -y en reiteradas ocasiones- ante la Ciudad y el gobierno nacional proponiendo un protocolo, pero que no habían recibido respuesta. Por eso, dictaminó que se debía ordenar a "a los accionados [la Ciudad y la Nación] a que den tratamiento al protocolo propuesto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal".