Un retroceso imposible ante la amenaza latente

Debates inútiles y causas perdidas son aficiones de la política argentina. Así como se planteó la falsa opción entre salud o economía, ahora parece imponerse otra igualmente vana: salud o democracia. Si la pregunta que se hacen los dirigentes es si deben seguir la cuarentena y el aislamiento, la respuesta no es tan complicada.

En el peor momento de contagios (peor por ahora), la Argentina no puede darse el lujo de volver a una normalidad que el virus barrió. En los últimos días creció casi exponencialmente el número de casos de infectados por el Covid-19 en los barrios de emergencia de la provincia de Buenos Aires, como antes lo había hecho en los de la Capital.

Eso no significa, sin embargo, que el virus esté aislado solo en esos barrios. Significa, sí, que es más difícil de resolver, porque directamente no se pueden aplicar allí las más básicas soluciones para evitar la proliferación del virus. El aislamiento, el lavado de manos y la distancia social son imposibles en núcleos habitacionales donde la gente vive hacinada y el agua es escasa, si es que hay agua. ¿En estos dos meses y medio de cuarentena se hicieron los testeos necesarios en estos lugares o recién comenzaron ahora, tarde y mal?

Es casi cómico que en la Argentina se hable del caso de Suecia. Los argentinos no son suecos ni tienen el sistema sanitario de Suecia ni su estructura social. La cuarentena, por lo tanto, deberá prolongarse mientras exista el riesgo de una expansión descontrolada de la enfermedad. Esa parte del debate es superficial cuando se miran los ejemplos del mundo. Países que no siguieron el consejo del aislamiento y la cuarentena terminaron con miles de muertos. Estados Unidos, que aplicó la cuarentena muy tarde; Gran Bretaña, que pasó del "efecto rebaño" (contagios masivos para inmunizar a la población) a una cuarentena estricta luego de que hasta el primero ministro, Boris Johnson,estuviera cerca de la muerte por haber sido contagiado; o Brasil, donde su presidente, Jair Bolsonaro, sigue desconfiando de las certezas científicas. Brasil es ya el cuarto país con más muertos en el mundo.

Si bien el debate sobre la pandemia parece haberse hundido en la grieta política, lo cierto es que gobernadores tan disímiles como Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta o Gerardo Morales y Omar Perotti optaron por la misma solución. Esto es, prohibir la libre circulación de personas, la apertura de comercios no esenciales y el cierre de industrias también no esencial.

No obstante, otras preocupaciones que plantea la oposición son pertinentes. Por ejemplo, ¿hay una manera de flexibilizar la cuarentena de la economía, con las debidas precauciones, en actividades que no están particularmente expuestas? ¿Cuál es el plan económico del Gobierno para el día después de la pandemia, aun asumiendo que ese día después no será nunca el de la normalidad prepandemia? ¿Servirá la crisis actual de la salud para que la Argentina replantee su sistema sanitario, deficiente, obsoleto, convertido ancestralmente en una madeja de intereses particulares, corporativos y públicos? Es cierto que gran parte de la catástrofe que sucede en Estados Unidos por el coronavirus es consecuencia de la escasez de un sistema sanitario público, como afirman voceros del oficialismo argentino, pero también es veraz que el sistema sanitario argentino no le permite pavonearse a nadie. Salieron corriendo a último momento para dotar a hospitales de insumos esenciales y virtualmente estatizaron la compra de la producción privada de esos elementos. En la Argentina hay un sistema sanitario, pero a veces parece que no existe.

Con todo, el elemento más preocupante que plantea el confinamiento es el del funcionamiento institucional. Las distintas velocidades de la Justicia. La semiparálisis del Congreso, que usa su poca actividad para conformar los intereses de sectores del oficialismo. Los jueces, por ejemplo, se apuraron para liberar o permitirles la prisión domiciliaria a exfuncionarios acusados o condenados por hechos de corrupción, pero frenaron los juicios que están en marcha y que investigan, precisamente, la corrupción de los años kirchneristas.

El doble rasero judicial permite la sospecha de que la pandemia y la cuarentena están siendo usadas para propósitos que no son solo los sanitarios. Mientras gran parte del Estado está en cuarentena (salvo los sectores que corresponden al Poder Ejecutivo), el Consejo de la Magistratura trabaja solo para salvarle la vida (y el trabajo) a Rodolfo Canicoba Corral, el juez con más denuncias por supuesto hechos corruptos y por enriquecimiento ilícito. Ya liberó de culpa y cargo al juez federal Luis Rodríguez, acusado por la viuda de un exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, de haber cobrado un soborno de 10 millones de dólares para cajonear una causa sobre lavado de dinero. La grieta se metió increíblemente en el conflicto que provocó Canicoba Corral por intereses que no son ideológicos, sino espurios.

El Consejo quedó dividido en partes iguales entre los que defienden a Canicoba Corral, el oficialismo cristinista, y la oposición e independientes. La que puede volcar la balanza hacia un lado u otro es la diputada Graciela Camaño, representante del Congreso por la oposición en el Consejo. Personas allegadas a Camaño aseguran que la diputada votará para tumbar de una buena vez a Canicoba Corral. Camaño fue tan antikirchnerista como antimacrista. Con una sólida formación jurídica y estudiosa de los temas sobre los que debe decidir, sería raro que Camaño avale la continuidad de Canicoba Corral. "Ponerle fin a la acción judicial de ese juez debería ser un consenso de la política argentina", dice Julio Bárbaro.

En el Congreso, que funciona a media máquina cuando funciona, avanza en la Comisión de Acuerdos el pliego para aprobar la designación del juez Daniel Rafecas como procurador general (jefe de los fiscales). A pesar de su amplia mayoría en el Senado, el oficialismo no cuenta ahí con los dos tercios necesarios para darle el acuerdo a Rafecas. En rigor, son necesarios los dos tercios de los presentes. Las ausencias también servirán para ayudar al Gobierno. El rechazo del acuerdo necesita de 24 votos y la oposición de Juntos por el Cambio (o Cambiemos) tiene 25. El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, le aseguró al expresidente Mauricio Macri, en una conversación de los últimos días, que el principal bloque opositor se mantendrá unido y cumplirá con la decisión que tome la coalición sobre el acuerdo a Rafecas. Cornejo propuso que la oposición cuente con un candidato alternativo como procurador general. Surgió el nombre del exsenador Ernesto Sanz, uno de los tres fundadores de Cambiemos (los otros dos fueron Macri y Elisa Carrió). Hay consenso en el actual Juntos por el Cambio, incluido Macri, de que Sanz es un buen candidato para ese cargo. Nadie en la oposición se hace ilusiones de que saldrá un acuerdo para Sanz (que necesitaría de una avalancha de votos peronistas), pero nadie tampoco quiere quedar aferrado a un no sin alternativas.

La economía está mal y estará peor. ¿Por qué hablar de la economía se ha convertido, para no pocas expresiones oficiales, en una manera de promover la muerte? ¿Por qué está implícitamente prohibido hablar de la economía? ¿Por qué nadie puede promover ideas nuevas (o viejas) sobre la economía para cuando el país abandone la cuarentena? Algunos amigos del Gobierno confirman la vieja teoría de que a veces no son necesarios los enemigos. Basta con los amigos. Miremos solo a Gabriel Mariotto (y dejemos a Dady Brieva en los escenarios, que es de lo que sabe). Mariotto le aconsejó públicamente al Presidente que abandone la moderación porque era solo un engaño electoral. ¿Cómo no van a expulsar semejantes declaraciones a miles de argentinos de la simpatía a la gestión presidencial? Alberto Fernández hizo bien cuando convocó a un equipo de infectólogos y sanitaristas y se adelantó a la llegada de la pandemia.

Su ministro de Salud, Ginés González García, andaba entretenido con el dengue y con la extravagante idea de que China está lejos. El Presidente debería agregar ahora a ese equipo a sociólogos, psicólogos y economistas destacados. Y debería, también, regresar al inicial talante consensual que lo elevó a increíbles niveles de consenso social. La pandemia amenaza la salud. Es cierto. Pero la convivencia con el aislamiento y la posterior salida hacia una cierta normalidad no serán solo asuntos de médicos.

Por Joaquín Morales Solá

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