Cuenta regresiva para que la Justicia decida el futuro de los tripulantes del vuelo sospechoso

La Justicia aspira a definir en las próximas 48 a 72 horas, como máximo, la situación de los cinco iraníes y 14 venezolanos que integraban la tripulación del avión sospechoso para determinar si hay elementos como para imputarles formalmente algún cargo de terrorismo o espionaje. Esta noche, el juez federal Federico Villena dispuso inspeccionar la aeronave y extraer los datos de la caja negra, en un procedimiento que por su complejidad se extendería hasta la madrugada del viernes.

El juez federal y la fiscal Cecilia Incardona trabajan contra reloj –durante el fin de semana largo– para terminar de reunir la información, recabada en una semana, que ya ocupa cuatro cuerpos de expediente judicial, reunidos desde el lunes pasado cerca de la medianoche cuando comenzó la causa. Están en curso unas 33 medidas de prueba que apuntan a certificar las versiones que se dieron en los medios desde la semana pasada y despejar lo concreto y certificado, de lo que sería una especulación.

Entre las medidas de prueba, el juzgado inspeccionó el avión que está estacionado en la cabecera de una pista auxiliar del aeropuerto de Ezeiza, en desuso. No se la ve desde fuera del aeropuerto. La trompa del avión apunta hacia Cañuelas. Allí extrajeron los datos de la caja negra que registra parámetros de vuelo y las conversaciones de la cabina. La aeronave, un Boeing 747, ya había sido revisada dos veces por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con perros antidrogas y detectores de explosivos. El resultado fue negativo.

Las autoridades judiciales pidieron informes oficiales a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Migraciones, la Administración Nacional de Aviación Civil, y organismos de inteligencia y de seguridad, nacionales y extranjeros. Se busca certificar el derrotero del avión de Emtrasur, antes de llegar a la Argentina; también la historia de la aeronave y certificar que hubiera una notificación de la Oficina de control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano que impedía negociar con la compañía.

El acta USA Patriot exige que todas las personas y compañías que hacen negocios en los Estados Unidos actúen de acuerdo con las regulaciones de la OFAC. Para las empresas o personas listadas está prohibido operar en ese país basados en lo que consideran una amenaza para la seguridad y los que hagan negocios con ellos pueden verse afectados por las mismas restricciones operativas. Por eso es que las empresas argentinas no le vendieron combustible. De hecho hoy declararon representantes de YPF, Axion y Shell en la causa.

Hay dos sanciones en vigor, una general para las empresas venezolanas, incluida la aerolínea estatal Conviasa, por pertenecer al régimen de Nicolás Maduro, y otra específica para Mahan Air, la empresa iraní dueña original de la nave vendida a los venezolanos. Se trata de un Boeing de 1986 que fue retirado de servicio en 2006, vendido a Mahan Air en 2007 y al año siguiente la empresa fue sancionada por la OFAC porque según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos proporcionó apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds.

“Mahan Air ha transportado operativos, armas, equipos y fondos del IRGC-QF (Fuerza Quds) al extranjero en apoyo de las operaciones regionales del grupo terrorista y también ha trasladado armas y personal para Hezbollah”, indicó. El Departamento del Tesoro sancionó a empresas de todo el mundo que apoyaron las tareas de Mahan Air: en agosto de 2020, la OFAC estableció que empresas de Emiratos Árabes ayudaron a la compañía y las sancionó.

Entre la información a verificar, por ejemplo, se estableció que es falso que el transponder del avión se hubiera apagado en su viaje a Ezeiza, desde Córdoba, donde había aterrizado el lunes 6 después de mediodía por la niebla. La investigación, si bien debe recoger amplia información, es muy concreta y se centra en establecer si los tripulantes del avión estaban desarrollando en la Argentina alguna actividad delictiva.

“Se trata de determinar si hay sospechas sobre alguna persona o actividad con violaciones a la seguridad nacional”, dijo a LA NACION una fuente de la investigación. En criollo y sin eufemismo se los investiga ante la sospecha de que pudieron haber estado realizando o preparando el terreno para tareas de espionaje o actividades terroristas.

Por ahora pesan sobre los 14 venezolanos y 5 iraníes solo un impedimento de salida del país y se les retuvieron sus pasaportes. Nada más. Las mismas restricciones que puede dictar un juez comercial para alguien declarado en quiebra. No están detenidos, ni fueron indagados, ni acusados formalmente de un delito. “La idea es que antes de que termine el fin de semana, el juzgado y la fiscalía ya tengan una decisión tomada con respecto a los tripulantes y el avión”, dijo una fuente de la investigación, preocupada por hasta cuándo se pueden mantener las medidas cautelares, que pesan sobre la aeronave y la tripulación. “No es posible sostenerlas in eternum por más que sea solo una prohibición de salida del país”, señaló la fuente consultada.

En la investigación fue apreciada la confirmación pública que hizo Israel de las sanciones que rigen sobre la aerolínea y las sospechas sobre los iraníes; también el comunicado que emitió la Embajada de los Estados Unidos acerca de que siguen con “gran interés” el caso.

El problema adicional es el que se da siempre en estos casos en que se tocan el mundo de la inteligencia con el judicial: convertir la información de inteligencia en prueba judicial, ya que ambos tienen maneras distintas de valorar los datos que se recogen y determinar hasta dónde se extienden las conclusiones que se pueden sacar sobre la base de los mismos hechos.

Los datos que espera la Justicia para avanzar tienen que ver con la verificación de las identidades de los tripulantes con las huellas digitales, y los resultados de un peritaje informático sobre más de una docena de teléfonos celulares y 7 tablets secuestradas a los iraníes y venezolanos. La información fue extraída por la Policía de la Ciudad y analizada por la Policía Federal.

Los investigadores buscaban esta noche terminar la extracción pero el análisis llevará tiempo, ya que la mayoría de los datos bajados de los teléfonos de los iraníes están en farsi. En este caso habrá que ponderar qué derecho pesa más, si extender la prohibición de salida del país hasta obtener la información informática o disponer alguna otra medida, a pesar de no contar con todos los datos de los equipos electrónicos.

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