Denuncian que el Gobierno echó del país a un ciudadano uruguayo en forma ilegal
Juan Pedro Martínez Piedrahita (60) tenía antecedentes por violación de domicilio, amenazas y desobediencia reiterada; su abogada habló de una “bajada de línea” desde el Ejecutivo para expulsar personas
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LA NACION
Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en colaboración con el Ministerio de Seguridad, detuvieron y expulsaron del país al ciudadano uruguayo Juan Pedro Martínez Piedrahita por delitos cometidos en la Argentina. Según fuentes consultadas por LA NACION, Piedrahita tenía antecedentes por violación de domicilio, amenazas y desobediencia reiterada.
El arresto del hombre de 60 años, ocurrido el viernes, fue llevado a cabo por agentes de la Comisaría de Asuntos Migratorios, luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 -a cargo de la Macarena Giménez- emitiera una orden de detención por infracción a la Ley 25.871 (Ley Nacional de Migraciones).
La Dirección Nacional de Migraciones y el juzgado amparan su decisión en el DNU 366/2025, que introdujo cambios sustanciales en la normativa al ampliar las causales de expulsión de extranjeros.
Entre sus puntos más relevantes, establece en su artículo 29 que todo extranjero condenado penalmente en la Argentina podrá ser deportado, sin importar la gravedad del delito ni la duración de la pena.
“Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional quienes hayan sido condenados “por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad menor a tres años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento”, reza el decreto publicado en mayo en el Boletín Oficial.
“El sujeto fue condenado en 2021 por el Juzgado en lo Correccional N°4 de Morón a la pena de un año y seis meses de prisión, por los delitos de violación de domicilio, amenazas (cometidas en dos oportunidades) y desobediencia (también perpetrada en dos ocasiones)“, detallaron desde la Policía Federal a este medio.
Y resolvieron: “Por tal motivo, en cumplimiento a la solicitud de cooperación de la Dirección Nacional de Migraciones, los federales concretaron la expulsión del imputado, mediante un importante operativo de custodia que lo trasladó con destino a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. El detenido fue entregado a las autoridades de la Policía Nacional Uruguaya, quedando bajo su custodia".
Fuentes de Cancillería de Uruguay indicaron a El País que “varias instituciones del Estado” le están brindando apoyo. Además, “autoridades consulares están verificando la situación con las autoridades argentinas”. Piedrahita residía en el barrio de Hurlingham desde hace 19 años y estaba en pareja con Paola Arismendi.
El testimonio de la abogada de Piedrahita y su esposa
En declaraciones radiales, la abogada Zulema Montero, quien representa a Piedrahita, dijo que su expulsión es ilegal y profundizó sobre la situación del ciudadano uruguayo: “Juan fue el día viernes a Migraciones para renovar la precaria. No tenía el DNI ya que contaba con antecedentes penales por una denuncia de violencia de género”.
“A él le habían dado una condena en suspenso de un año y seis meses. La cumplió. Tras ello, volvió a convivir con su familia de forma armónica, con la misma mujer que lo denunció. Tenían lazos muy fuertes entre ellos. Incluso tienen su propio negocio, Vivían con sus tres hijos argentinos, de seis, 14 y 17 años”, detalló Montero.
Y remarcó, en diálogo con Futuröck: “Él se rehabilitó totalmente. Ahora se lo expulsa. No saben la amargura que tiene este hombre al separarse de su familia, de sus hijos, que son su razón de vivir”.
Más adelante, la defensora precisó: “En Migraciones había una orden de expulsión del 31 de marzo de 2023. Jamás fue notificado. Acudió a Migraciones con su esposa en varias ocasiones. En uno de esos episodios, les hicieron firmar una declaración del nuevo domicilio que tenía. Nunca le dijeron nada”.
“Si le notificaban, él tenía opción de presentar recursos. Así se actuó con esta persona. No se le notificó. El día viernes lo detuvieron. Estuvo en la Alcaldía de Cavia. No se le permitió ver a su esposa, solo hablar por teléfono. Yo lo fui a ver. El hombre estaba totalmente angustiado. Es hipertenso. No tenía medicación”, lamentó Montero.
Y concluyó: “Desde Uruguay, se contactaron conmigo organizaciones de derechos humanos. Esto es algo nuevo que está sucediendo. Esta expulsión responde a la Ley de Migraciones y a un decreto infame. Creo que existe una bajada de línea para expulsar a toda aquella persona que tuviera antecedentes”.
En paralelo, Arismendi, pareja del hombre expulsado, relató: “Estoy desesperada desde el viernes. Él está con el trámite del DNI desde el 2016. Se lo hicieron hace 9 años de manera temporaria”.
Sobre la denuncia por violencia de género, sostuvo: “En la pandemia, discutió conmigo como en cualquier matrimonio. Nos enojamos. Vivimos en Hurlingham y los vecinos hicieron la denuncia a mi nombre. Lo tomaron como violencia familiar. Le dictaron sentencia de un año y seis meses por amenazas”.
“Nosotros estuvimos separados ese tiempo. Después volvimos a rehacer nuestra familia. Él estaba radicado acá. Tiene cuenta Banco Nación, certificado de domicilio, La luz está a su nombre. No estaba escondido”, insistió.
Y completó: “Fuimos el viernes a renovar la precaria en Migraciones. En marzo nos habían dicho que a partir de junio podía realizar su DNI definitivo. No pasó eso. Esperamos dos horas y vino un hombre que nos dijo ‘ahora te va a tener que llevar Prefectura porque tenes una orden de extradición’. Se lo llevaron y no lo ví más”.
LA NACION
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