Abuso
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Dictaron la prisión preventiva para los dos empleados del Senado bonaerense imputados por abuso sexual
Lo confirmó el juez Juan Pablo Masi; Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz habían sido denunciados por cuatro víctimas; la presión de la oposición ante el silencio de Kicillof y Magario
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La Justicia penal de La Plata dictó la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los dos empleados de planta permanente del Senado bonaerense imputados por abusar sexualmente de al menos cuatro mujeres. A pesar de los avances en la causa, ni Axel Kicillof ni las autoridades de la Legislatura provincial se expidieron aún sobre el caso y crece la presión de la oposición para que rompan el silencio.
El Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, a cargo del juez Juan Pablo Masi, hizo lugar al pedido de la fiscal Betina Lacki, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, y dictó el lunes último la prisión preventiva para ambos imputados. Rodríguez y Silva Muñoz habían sido detenidos el 29 de diciembre, a raíz de la denuncia de dos víctimas que acudieron a la Justicia en 2025.
Ambos detenidos cuentan con otras dos denuncias en su contra. Una de 2019 por abusos sexuales contra otra dos víctimas y por la que la fiscal dispuso, hace dos semanas, la ampliación de la imputación contra ambos empleados parlamentarios. Ese expediente tramita, según confirmaron fuentes al tanto de la investigación, en el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata. La otra presentación es de 2014, pero, en este caso, por amenazas en la puerta del Senado bonaerense.
Según pudo saber LA NACION, los dos imputados permanecen en la Alcaidía Pettinato, pero la Justicia ya solicitó su traslado a una unidad penitenciaria a la espera de avances de la causa.
Por las denuncias de 2025, Rodríguez está imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” y Silva Muñoz como “partícipe necesario” de esos actos, agravados en algunos casos por privación ilegítima de la libertad y el uso de armas. Según surge del expediente judicial, ambos operaban a través de “La Orden de la Luz”, una estructura con características de secta, y habrían captado a sus víctimas en movilizaciones políticas con promesas de trabajo en el sector público.
Los dos detenidos militaban en el Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación que, en sus orígenes, lideraba Giselle Fernández, hermana de la expresidenta Cristina Kirchner. Desde hace años, tomó distancia de la organización platense que, en el último tiempo, volcó su apoyo al gobernador Axel Kicillof. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se referencia en el mandatario bonaerense, negaron a LA NACION cualquier vínculo con los imputados, pese a su participación en actividades del frente.
Integraban, además, la planta permanente del Senado y Rodríguez había llegado a desempeñarse, entre febrero y octubre de 2024, en la subsecretaría de Convivencia Ciudadana en la Municipalidad de La Plata, bajo la gestión de Julio Alak.
A pesar de los avances en la investigación, ni el intendente de la capital provincial ni Kicillof se han expresado públicamente aún sobre el caso. Tampoco lo hizo la vicegobernadora y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, a quien la oposición exige explicaciones sobre las actuaciones administrativas y judiciales de la cámara tras haber tomado conocimiento de las denuncias.
Según informaron en el partido macrista, Nicolás Morzone, concejal de Pro en La Plata, presentó dos pedidos de informe a la vicegobernadora y el secretario de Seguridad de la capital bonaerense, Diego Pepe, para esclarecer “los aportes realizados a la Justicia, las eventuales responsabilidades administrativas y las medidas de asistencia a la víctimas”. Exigió, además, respuestas por la falta de pronunciamiento institucional e impulsó la creación especial en el Concejo Deliberante de La Plata para dar seguimiento a la investigación.
El pedido del concejal recibió el respaldo de Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente de Pro en la provincia de Buenos Aires, quien apuntó contra la “doble vara” del PJ. “El silencio cómplice del kirchnerismo frente a los casos de abuso sexual en el senado de la provincia aturde. A casi un mes de esta noticia ni Kicillof ni Magario colaboraron con la Justicia para impulsar a fondo la investigación. Ni siquiera hablaron del tema, cuando siempre son los primeros que quieren embanderarse con los derechos humanos”, expresó en redes sociales.
La Libertad Avanza, por su lado, presentó un proyecto de declaración, con fecha 7 de enero, para expresar su “profunda preocupación institucional” por los abusos cometidos por Rodríguez y Silva Muñoz. “El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires no puede permanecer ajeno ni en silencio frente a hechos que afectan seriamente la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, establece el documento al que accedió LA NACION.
En tanto, según informaron medios locales, para diferenciarse del gobierno bonaerense, tres legisladoras del kirchnerismo avanzaron en esta misma dirección y presentaron su propio proyecto de resolución para expresar su “solidaridad con las mujeres que denunciaron”. En el texto, también instaron a la Justicia a actuar con celeridad para determinar “con precisión la totalidad de las responsabilidades penales correspondientes.
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