Diputados: inició la sesión en la que el oficialismo confía en sancionar la reforma de la ley de glaciares
Se espera que la votación se concrete de madrugada; la oposición cuestiona el crecimiento patrimonial de Adorni y la falta de precisiones sobre la participación de Milei en el lanzamiento de $LIBRA
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El oficialismo abrió la Cámara de Diputados, donde espera sancionar definitivamente la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que busca acotar las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría convertirse en ley esta noche.
Los libertarios reunieron el quorum reglamentario junto con sus aliados de Pro y la UCR, además de los referentes de provincias mineras, como San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca, impulsores de los cambios ambientales.
Hubo, además, presencias claves: los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, aliados al gobernador Martín Llaryora; y los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos a Maximiliano Pullaro. Desde el PJ, se sentaron los tres tucumanos de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo y el puntano Jorge Fernández, aliado al exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Los cuestionamientos de la oposición
La sesión inició con el repudio de la Izquierda y el kirchnerismo a las últimas restricciones que impuso el Gobierno a la prensa en la Casa Rosada y el Congreso. Objetaron el retiro de acreditaciones a algunos medios de prensa tras las revelaciones periodísticas sobre su participación en una operación rusa contra el oficialismo. Pero sus pedidos para sumar proyectos al temario no reunieron los apoyos necesarios.
Tampoco prosperó la solicitud de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para incorporar al debate tres expedientes sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA. Pidió citar a Karina Milei, secretaria General, y a Manuel Adorni, jefe de Gabinete. También un pedido de informes sobre el rol de Javier Milei antes, durante y después del lanzamiento del activo investigado por la Justicia como una presunta estafa.
Este primer bloque estuvo contaminado, además, por las dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni desde que asumió como funcionario de Milei. El jefe de Gabinete está bajo la lupa judicial, que investiga si incurrió en enriquecimiento ilícito. Por caso, hoy testificó frente al fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, la escribana que intervino en la compra de propiedades por parte del matrimonio Adorni: Adriana Nevechenko. Tras su declaración, dijo que “no hubo un préstamo” al jefe de Gabinete para comprar el departamento en Caballito, sobre la calle Miró.
En ese contexto, la diputada Paula Penacca (Unión por la Patria) intentó incorporar una moción de censura contra Adorni, que finalmente fue rechazada.
“Adorni se tiene que esconder como vocero y ahora todos los funcionarios salen a hacer de voceros para intentar explicar lo inexplicable”, lanzó. Y agregó: “No hay manera de justificarlo: esto es corrupción. Una moción de censura es lo mínimo que merece alguien de esta naturaleza”.
No hubo réplicas libertarias. Ningún referente del oficialismo defendió al Presidente y sus funcionarios. En el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se acordó ayer que no responderán las críticas de la oposición y se limitarán a gestionar la sesión con un único objetivo: salir del recinto con una nueva ley de glaciares.
Glaciares
El debate de glaciares durará alrededor de 11 horas. Durante la reunión de labor parlamentaria donde participaron los jefes de los diferentes bloques políticos de la Cámara baja, se acordó que la discusión tendrá 50 oradores individuales con cinco minutos para exponer. Los homenajes y las cuestiones de privilegio serán acotadas y estarán repartidas a lo largo de la tarde. Para que haya acuerdo sobre la hoja de ruta de la sesión, el oficialismo cedió oradores a la oposición. “Ellos se llevan los discursos, nosotros la ley”, resumieron a LA NACION.
De acuerdo con un sondeo informal realizado por este medio, el oficialismo reuniría más de 130 votos para sancionar la reforma que permitiría reducir áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras.
La disputa, no obstante, continuará fuera del Congreso. Organizaciones socioambientales anticipan que recurrirán a la Justicia para impugnar los cambios por considerarlos inconstitucionales. Sostienen que la reforma implica un retroceso en materia ambiental y que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección del ambiente.
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