Dos aliados libertarios se enfrentan en la Corte bonaerense por la tasa vial que critica Caputo
El exdiputado de LLA Guillermo Castello cuestiona la legalidad del plus que cobra con cada carga de combustible el municipio de General Pueyrredón, que comanda políticamente Guillermo Montenegro
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LA NACION
Un reclamo del exdiputado provincial de La Libertad Avanza Guillermo Castello contra la tasa vial que cobra el municipio de General Pueyrredón, gobernado también por aliados del presidente Javier Milei, se definirá en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En el distrito que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata se paga un 3% extra por cada carga de combustible para alimentar un fondo de mejora de los caminos y calles.
Con su estrategia judicial en busca de la declaración de inconstitucionalidad de la tasa, Castello se enfrenta al exintendente Guillermo Montenegro (actual senador provincial) y a su reemplazante en el municipio, Agustín Neme, ambos de Pro y ahora sumados a la escudería violeta.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, encabeza una cruzada contra la aplicación de este tipo de tasas y expuso a los intendentes de todo el país al difundir una tabla que agrupa los tributos que cobran los municipios.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata concedió a Castello un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra un fallo del mismo tribunal, que había declarado legal el cobro de la tasa cuestionada por el exlegislador.
Con la resolución judicial, será la Corte provincial la que defina si es legal o no la tasa vial que Montenegro envió al Concejo Deliberante a principios de 2024 y que el cuerpo legislativo municipal aprobó.
La pelea de Castello contra la tasa que impulsó Montenegro es de larga data. El exdiputado había logrado un fallo favorable en agosto de 2024, cuando la Justicia en lo Contencioso Administrativo de General Pueyrredón declaró la inaplicabilidad de la tasa, pero solo sobre el diputado. El municipio apeló ese fallo y la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo lo revirtió.
Castello interpuso un nuevo recurso, en el que reiteró su planteo contra la tasa. Sus argumentos son que “no constituye jurídicamente una ‘tasa’ por no reunir las exigencias constitucionales requeridas, especialmente la prestación concreta, efectiva o potencial e individualizada de un servicio”; que “se viola la prohibición de no aplicar gravámenes análogos a los nacionales coparticipables impuesta por el artículo 9 de la ley 23.548″, y que “se viola la prohibición de establecer gravámenes a los combustibles líquidos estipulada por el artículo 29 del decreto ley 505/58″.
Castello finalizó su mandato de diputado provincial por la sexta sección en diciembre de 2025, como integrante del bloque La Libertad Avanza (había ingresado en 2021 desde la boleta de Avanza Libertad, espacio que encabezaba José Luis Espert).
El mapa de Caputo
En medio de su disputa con la gestión del intendente peronista Federico de Achával, desatada luego de que el Municipio de Pilar incrementara la Tasa de Protección Ambiental, el ministro Caputo lanzó un mapa de “transparencia tributaria municipal” con el que busca exponer a los municipios que más tasas cobran.
Ese mapa no deja bien parada a la gestión de Guillermo Montenegro (ahora a cargo de Neme): General Pueyrredón aplicó durante 2025 cuatro de las cinco tasas que pone en cuestión el Palacio de Hacienda. En el caso de la tasa vial, Mar del Plata aplica la alícuota más alta de la provincia, junto a Pinamar, de un 3% sobre el total del ticket.
General Pueyrredón también aplica una alícuota elevada, del 5%, de la tasa de Inspección Seguridad e Higiene a las entidades financieras. Solo lo superan Quilmes (5,25%), La Mantanza, La Plata (ambas con el 7%) y Bahía Blanca (8,25%).
El municipio cobra también esa tasa de inspección a las actividades primarias: del 0,6 al 0,9% sobre ingresos brutos. Un valor promedio entre los partidos que aplican ese tributo. Lo mismo sucede con esa tasa de inspección a los hipermercados: les aplica una alícuota del 1% sobre ingresos brutos.
De los cinco ítems que expone el Palacio de Hacienda, el municipio costero solo no aplicó uno en 2025: la tasa de inspección sobre las industrias.
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