Los cómplices latinoamericanos del chavismo

Ricardo Lagos, el expresidente socialista de Chile, dijo hace varios años una frase premonitoria: “Si América Latina no quiere que Estados Unidos intervenga en Venezuela, ¿qué está haciendo ella para restablecer la democracia y los derechos humanos en ese país?”. La ausencia de los países latinoamericanos (y las contradicciones dentro de sus propios gobiernos) explica en gran medida la incursión norteamericana en territorio venezolano para apresar al exdictador Nicolás Maduro y a su esposa, una figura extremadamente influyente en el régimen chavista. Basta el ejemplo de la Argentina para conocer con exactitud la dimensión de las incoherencias en la conducción de un mismo país. El largo kirchnerismo fue amigo y cómplice del chavismo durante los 16 años que gobernó en las últimas décadas. Negocios y amistades caracoleaban entre líderes chavistas y kirchneristas. Luego, la administración de Mauricio Macri adoptó una posición absolutamente distinta cuando le tocó gobernar durante cuatro años: denunció al chavismo como una dictadura que torturaba y secuestraba a sus adversarios y, encima, no respetaba los resultados electorales. Es la misma posición que con igual vehemencia asumió luego el gobierno de Javier Milei.

La ingenuidad no cabe para analizar la complacencia del kirchnerismo ni la decisión implacable de Donald Trump a favor o en contra del chavismo. Ya en el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, un hombre valiente que murió prematuramente, diplomático de carrera que había sido nombrado en ese cargo por Eduardo Duhalde, denunció una “embajada paralela” en manos del kirchnerista Claudio Uberti y un “sistema de sobornos” en Venezuela que controlaba el exministro Julio De Vido.

Mucho después, Uberti fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el intento de contrabando de 800.000 dólares en un vuelo privado que partió de Caracas y que arribó al aeroparque de la Capital; llevaba también, entre otros, al venezolano Guido Antonini Wilson, quien le confesó al FBI norteamericano que ese dinero de Chávez era para financiar la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner. Uberti es actualmente un arrepentido en el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas; confesó ante el tribunal a quiénes le reclamaba sobornos, en nombre de quién y de qué cantidad se trataba.

No son pocos los empresarios, por lo general medianos y pequeños, que aceptaron las condiciones que imponían los Kirchner, juntos con Chávez y Maduro, para hacer negocios en Venezuela. Al revés, el gobierno de los Kirchner no se manifestó ofendido cuando Chávez confiscó una empresa del grupo Techint valuada en 4000 millones de dólares. Empeoró las cosas y les pidió a directivos de Techint una comisión (soborno) para gestionar ante el gobierno de Chávez la repatriación de los empleados argentinos de esa empresa expropiada. Después de Cristina Kirchner, en 2015, Macri se negó a nombrar un embajador en Caracas; la embajada quedó en manos de un encargado de negocios. Hace poco más de un año, Milei cerró la embajada argentina en Venezuela luego de que Maduro ordenara la expulsión de los diplomáticos argentinos. El zigzag argentino para tratar a la dictadura bolivariana es inexplicable.

Como pronosticó Lagos, alguien, algún día, haría algo en Venezuela. La situación de los venezolanos era ya insoportable desde muchos antes. La mejor descripción, aunque no completa, de la crisis humanitaria del país latinoamericano la hizo hace seis años Michelle Bachelet, la expresidenta chilena que era en ese momento la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En un durísimo informe sobre la realidad que había impuesto el chavismo en Venezuela escribió, por ejemplo, que era urgente “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales” en ese país. También denunció el “éxodo sin precedentes” de venezolanos y la “hegemonía comunicacional” de los gobiernos de Chávez y Maduro que significó el cierre de decenas de medios periodísticos independientes y el exilio de muchos periodistas.

Finalmente, fue Trump quien decidió actuar en Venezuela. Desde la madrugada del sábado último, cuando un grupo de élite de militares norteamericanos apresaron en una operación relámpago al matrimonio Maduro en su fortaleza caraqueña, se habla de dos principios jurídicos, aparentemente contradictorios, para rechazar o para defender la decisión del jefe de la Casa Blanca. El rechazo se respalda en el artículo 2, inciso 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que “los miembros (de ese organismo) se abstendrán de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Sin embargo, los que defienden la decisión de Trump señalan, no sin razón, que hasta el principio de no incursión en los asuntos internos de otros países cesa automáticamente cuando se violan los derechos humanos o un país es gobernado por un narcoestado o promueve el terrorismo. La Venezuela de Maduro cumplía acabadamente con las dos primeras condiciones (violación de derechos humanos y promoción del tráfico de drogas) como para que aquel artículo de la Carta de la ONU se convirtiera en obsoleto.

Sucede, al mismo tiempo, que Trump, que siempre está lejos de la elegancia verbal, no habla de restablecer la democracia en Venezuela, sino de los negocios que empresarios norteamericanos podrían hacer con las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Es cierto que la infraestructura petrolera venezolana requiere de voluminosas inversiones después de la destrucción y el abandono chavista; ese dinero no está en Venezuela. Pero Trump podría decirlo de otra manera. Del mismo modo, el mandatario norteamericano podría haber sido más diplomático para referirse a la más importante dirigente opositora al régimen de Chávez y Maduro, María Corina Machado. El coraje de Machado le valió hace poco el premio Nobel de la Paz.

En rigor, la decisión del gobierno de Washington de prescindir por ahora de ella tiene su explicación: es inviable un gobierno de Machado o de Edmundo González Urrutia, el verdadero ganador de las últimas elecciones presidenciales venezolanas, con la burocracia militar y gubernamental en poder del chavismo. La jerarquía militar se benefició del tráfico de drogas, según la información con la que cuentan varios países en el mundo, y el Poder Judicial es una construcción total y absoluta del chavismo. Si eso hicieron con la nomenklatura militar y con los jueces, es fácil imaginar lo que sucede con los empleados del Poder Ejecutivo venezolano: todos son fanáticos militantes del chavismo. La información que circula entre las principales naciones es que Trump resolvió dejar a los chavistas asustados, con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, en primer lugar, la tarea de limpiar de chavistas al Estado de Venezuela. Por eso, Trump la amenaza a Delcy Rodríguez con mandarla al peor de los mundos, pero le permite seguir el mando del gobierno de Caracas. De todos modos, la continuidad del chavismo sin Maduro provocó una gran decepción entre los venezolanos que se fueron de su país y también entre los que residen en Venezuela.

Los que critican a Trump, incluidos algunos países europeos, no han hecho hasta ahora una autocrítica de su propia condescendía con la brutal tiranía del chavismo. Si la izquierda o el progresismo internacional se hubieran cohesionado en una misma actitud de presión a Maduro para que democratice su país y abandone la persecución y la tortura de sus opositores, seguramente la incursión de Trump no habría sido necesaria. O, al menos, hubiera sido más difícil de explicar. Ninguno de esos países debió olvidar “las ejecuciones extrajudiciales de miles de opositores” que denunció Bachelet en su célebre informe sobre la Venezuela de Maduro. Traducido al lenguaje común, la expresidenta chilena reveló hace más de un lustro el asesinato de miles de opositores al régimen. Nadie hizo nada con la fuerza necesaria como para detener esa ordalía de sangre.

La norma de que la no incursión en los asuntos internos de otros países pierde vigencia cuando se violan los derechos humanos la aplicó en la Argentina hace más de 40 años el entonces presidente demócrata norteamericano Jimmy Carter. Carter le encomendó a su influyente subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, que enfrentara a la dictadura argentina y la obligara a cesar con los secuestros y desapariciones de personas. Derian cumplió acabadamente su cometido. Los militares argentinos fueron más selectivos, por lo menos, después de la clara irrupción de Carter.

Mucho más tarde, en 1989, Bush padre ordenó la invasión de Panamá y la detención de su dictador, Manuel Noriega, acusado de traficar drogas a los Estados Unidos. Las voces de condena fueron escasas porque se supo entonces que Noriega había sido un informante de la CIA durante muchos años. Más de 20 años después, en 2011, un presidente demócrata, Barack Obama, autorizó la captura y muerte del más importante líder terrorista del momento, Osama bin Laden. El operativo obligó a las fuerzas de élite norteamericanas a incursionar en territorio soberano de Pakistán sin conocimiento ni autorización de las autoridades de este país. Nadie criticó a un presidente norteamericano que castigó el más grande acto terrorista que sucedió hasta ahora, como lo es la destrucción absoluta de las torres gemelas de Nueva York, ordenado por Bin Laden.

La primera acusación del gobierno norteamericano actual contra Maduro y su esposa consistió en que se proponían “inundar” de cocaína a Estados Unidos, pero luego señaló que usaban el dinero de la droga para perpetuar la tiranía. Habrá que esperar el informe completo del fiscal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, para saber cuál es el tamaño exacto de la acusación contra Maduro y su esposa; por ahora, Clayton los acusó de promover el narcotráfico.

América Latina no aprendió nada: sigue dividida según las ideas de sus gobiernos para pronunciarse sobre la captura de Maduro. Los amigos del dictador venezolano solo hacen mención a la violación de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro país, pero no dicen nada sobre las tropelías que cometía el autócrata depuesto. Entre estos, están los gobiernos de tres países muy importantes: Brasil, México y Colombia. La violación flagrante de los derechos humanos sigue siendo un delito incalificable según la ideología de los que la perpetran.

Por Joaquín Morales Solá

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