Efecto Vicentin: el oficialismo evalúa modificar el proyecto de reforma judicial para evitar un nuevo revés

Los fuertes pronunciamientos judiciales en contra del proyecto y las heridas aún sin restañar por el fracaso de la expropiación de Vicentin pusieron en estado deliberativo al bloque del Frente de Todos en el Senado, donde comienzan a escucharse voces que piden introducirle modificaciones a la reforma de la justicia federal penal.

"Tenemos que sacar algo que Diputados pueda aprobar, de lo contrario nos va a pasar lo de Vicentin", dijo a LA NACION una legisladora oficialista con acceso a la mesa chica de Cristina Kirchner. Como se sabe, la vicepresidenta es quien tendrá la palabra final sobre el proyecto, que, por ahora, llegaría al recinto de la Cámara alta el 27 de agosto.

Aunque no se suele hablar del tema en voz alta en el Senado, ya que es una de las protegidas de Cristina Kirchner, en la bancada oficialista miran de soslayo a Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), a quien responsabilizan por el costo político que le hizo pagar a Alberto Fernández con su proyecto para expropiar Vicentin.

La mendocina quedó golpeada por el fracaso de su iniciativa. Esto se tradujo en el prudente segundo plano que la senadora viene teniendo en el debate de la reforma judicial. Es que los moretones políticos por el traspié Vicentin todavía siguen frescos.

Por esta razón, varios senadores del Frente de Todos quieren evitarle a Fernández otro golpe y piden calcular con la mayor precisión posible los pasos a dar con la reforma.

El clima revisionista en el oficialismo se vio fortalecido también por los duros pronunciamientos de los jueces de las cámaras Civil y Comercial y del Crimen, que en sendas y unánimes acordadas cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo.

La inusitada frontalidad de las críticas de los magistrados anticipa un futuro oscuro para la iniciativa, que podría terminar sus días chocando contra la pared de una declaración de inconstitucionalidad en los estrados judiciales.

Al respecto, no son pocos los legisladores oficialistas que recuerdan que el paquete de leyes de la denominada "democratización de la Justicia", que impulsó Cristina Kirchner en su último período de gobierno, terminó convertido en letra muerta.

Además, los que proponen "mejorar" la iniciativa creen que las críticas que viene recogiendo el texto firmado por Alberto Fernández no favorecen el clima de concordia con el que, creen, debería llegar el proyecto a la Cámara de Diputados para reunir los votos necesarios para convertirse en ley.

La iniciativa comenzó discutirse la semana pasada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, en sendas reuniones en las que se escucharon más críticas que elogios al proyecto.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, negó el martes último que la iniciativa tuviera la intencionalidad de favorecer la situación judicial de Cristina Kirchner en las múltiples causas de corrupción que enfrenta, como denunció la cúpula de Juntos por el Cambio, sino que, dijo, busca mejorar el servicio de justicia.

Críticas

Las palabras de Losardo fueron refutadas por los especialistas y magistrados invitados a exponer el jueves, quienes señalaron que el proyecto no servirá para acelerar los procesos judiciales.

Además, coincidieron en destacar que la multiplicación de juzgados federales que impulsa el Gobierno en su intento de licuar el poder de Comodoro Py es incongruente con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que con el sistema acusatorio pone en manos de los fiscales el peso de la investigación.

El debate continuará al menos por toda esta semana con dos nuevas rondas de invitados (mañana y el jueves, aunque esto podría variar), a exponer sus puntos de vista sobre la reforma en el plenario de comisiones.

De cara a facilitar el debate del texto en Diputados, lo mejor para el Frente de Todos sería acordar modificaciones con el bloque de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la bancada que conduce Luis Naidenoff (UCR-Formosa) parece tener poco margen para colaborar después de que la mesa nacional de la coalición calificara al proyecto como un intento de garantizarles impunidad a referentes del oficialismo.

Así, la introducción de cambios y el tenor de esas modificaciones son todavía una incógnita. La última palabra la tiene Cristina Kirchner, que es, a fin de cuentas, quien con más vehemencia impulsa la reforma judicial.