El caso del avión: en el Gobierno sospechan de un pase de facturas en la Aduana y crece la interna
La revelación de las imágenes que muestran la falta de control del equipaje y el informe de los fiscales causaron un cimbronazo en la gestión de Milei; la explicación oficial, punto por punto
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Generó un sacudón en el Gobierno la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran la llegada del avión de lujo propiedad del empresario Leonardo Scatturice con una única pasajera, Laura Belén Arrieta, el 26 de febrero a la terminal de Aeroparque. También el dictamen de dos fiscales que consideraron que hubo diez bultos que bajaron de la aeronave y no fueron revisados por un posible “salvoconducto” de la Aduana, que todavía debe investigarse.
Es que, la gestión de Javier Milei quedó expuesta por la primera versión oficial del vuelo que había dado en marzo, apenas estalló el escándalo. En aquel momento, el vocero presidencial Manuel Adorni habló solo de dos valijas y desmintió cualquier anomalía. Ahora que se conocieron las imágenes, en el Gobierno explican que las dos piezas de equipaje eran de Arrieta y que el resto de los bultos pertenecían al piloto y al copiloto del avión Bombardier Global 5000.
En la cúpula libertaria no sorprendieron las imágenes de la secuencia en Aeroparque que difundió el domingo la periodista Luciana Geuna el canal TN. Las capturas respaldaron la información que había brindado Carlos Pagni en marzo en LN+, cuando reveló los pormenores del misterioso vuelo y habló del equipaje no revisado por la Aduana. Según pudo reconstruir LA NACION, algunos días después de aquella desmentida oficial (además de Adorni había existido un comunicado oficial de la Aduana), en el Gobierno tomaron conocimiento de las ímagenes de las cámaras de seguridad en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) -que depende del Ministerio de Seguridad- y que debieron ser provistas a la Justicia.
Aún con esa evidencia, en el Gobierno justificaron el accionar de la oficial de la Aduana que escoltó a Arrieta en Aeroparque por un sendero sin controles de equipaje. Señalaron que en numerosas ocasiones no se revisan las valijas en los escáneres y que eso está avalado por las resoluciones aduaneras oficiales que, en el apartado “Procedimiento de Control de Equipaje”, hablan de “revisar selectivamente” los bultos que llegan en todos los aviones (charters o comerciales).
Reconocieron, además, que los oficiales evalúan “perfiles de riesgo”. Y que es posible que los vuelos privados no pasen por el control, sobre todo los provenientes de los Estados Unidos o países con estándares altos de vigilancia. Un tratamiento VIP.
Trama política
En la Casa Rosada apuntan que, detrás de toda la trama, hubo un “ajuste de cuentas” en la Aduana. Y ponen la lupa en las peleas de poder que subsisten en el organismo, que se remontan al momento en el que la gestión de Milei refundó a la exAFIP con el nombre de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y barrió con parte de la estructura heredada de la gestión de Alberto Fernández.
Aquel proceso, que tuvo lugar en octubre del año pasado, tuvo como nota distintiva el desembarco de dos viejos lobos (con décadas de trabajo en el organismo recaudador) al frente de las posiciones claves de la entidad: Andrés Vázquez, en la Dirección General Impositiva (DGI), y José “Negro” Velis, en la Dirección General de Aduanas (DGA). Ese cambio en la cúpula de ARCA estuvo comandado, en lo formal, por el ministro de Economía, Luis Caputo, que colocó como jefe máximo del organismo a Juan Pazo, un funcionario de su extrema confianza. Pero, en lo político, la renovación en ARCA estuvo tutelada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que fue quien acercó los nombres de Vázquez y Velis como lugartenientes para controlar las segundas y terceras líneas del organismo.
Vázquez es un viejo conocido del otrora mandamás de la SIDE, Jaime Stiuso. También de Scatturice, el dueño del avión de la polémica, que antes de mudar su vida a Miami estuvo ligado a una consultora de seguridad, C3 Consulting, que al final del kirchnerismo fue investigada por la Justicia en una causa que se inició por una guerra de espías, conocida como Dark Star. Más de una década después, Scatturice creció como empresario en los Estados Unidos y se convirtió en nexo del mileísmo con Donald Trump, además de un hombre de consulta para áreas sensibles del Gobierno, como la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la propia exAFIP.
Cerca del Gobierno apuntaron que, el 26 de febrero, cuando llegó el avión de Scatturice, en la rampa de Aeroparque habría estado trabajando “el yerno de Sergio Vargas, un hombre del riñón del extitular de Aduanas, Guillermo Michel”, mano derecha de Sergio Massa. Y recordaron que la renovación que se hizo en ARCA a partir de la llegada de Vázquez, Velis y Pazo apuntó, justamente, a correr de posiciones de poder a las segundas y terceras líneas que respondían a Michel.
Las revelaciones sobre el avión de Scatturice, no obstante, pusieron la lupa en el trabajo que comandó Santiago Caputo para cambiar de manos los comandos de la AFIP y el vínculo del asesor presidencial cultivó con Scatturice para llegar a Trump. Cerca del Presidente aseguran que Milei “bancó y defendió” a su asesor estrella. “El Presidente está convencido de que hubo una operación política y que no odiamos lo suficiente a los periodistas”, resumieron en Balcarce 50.
El episodio, de todos modos, estalló en un momento de alta sensibilidad en la cúpula libertaria. Como nunca, en las últimas semanas, se profundizó la interna que anida en el seno del Poder Ejecutivo entre los Menem (que responden a Karina Milei) y Santiago Caputo. Además de una puja por el poder, ambos campamentos tienen diferencias de fondo respecto a la estrategia electoral del oficialismo y distintas visiones políticas de cara a lo que necesitará Milei en su segunda mitad de mandato.
Por eso, en las últimas horas, ambos bandos se miraron de costado por los coletazos del caso del avión. Hubo sospechas de fuego amigo, por ejemplo, por la “activación en redes” de distintos “packs” de cuentas silvestres que hicieron crecer la polémica.
La defensa, punto por punto
Luego de varias horas de silencio oficial, el Gobierno puso en boca de Pazo la defensa del Gobierno por las imágenes que surgieron de la investigación de los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez. El titular de ARCA dijo que el escaneo de maletas es “una facultad selectiva del personal de Aduana” y que el sumario administrativo que se hizo en el organismo cuando estalló la polémica arrojó que no hubieron irregularidades en el proceder del organismo.
A partir de los videos de las cámaras de seguridad del Aeropuerto los fiscales hicieron una reconstrucción con imágenes, paso a paso, que ahora forman parte de la causa de Yadarola. Así determinaron cómo fue la llegada a la Argentina del avión de Scatturice proveniente de Miami, los movimientos de Arrieta, y la presencia de al menos diez bultos de equipaje que no fueron controlados.
En el Gobierno buscaron rebatir las sospechas que sembraron esas imágenes y el dictamen fiscal. Respecto a los diez bultos, aseguraron -en base a las averiguaciones informales que hicieron- que estaban integrados por la valija y el equipaje de mano de Arrieta; las valijas y el equipaje de mano del piloto, Juan Pablo Pinto, y del copiloto y una serie de objetos que Pinto trajo desde los Estados Unidos: una mochila con ruedas, un inflable tipo balsa Serenelife Tubo y una impresora marca Hewlett Packard. Hay una valija tipo carry on que se vio en las imágenes que en el Gobierno no especificaron.
Los fiscales advirtieron que, pese a que “se declararon cinco bultos” en las imágenes de la cinta transportadora se observaron al menos diez unidades. Según pudo saber LA NACION, al menos en el plan de vuelo, no hubo una declaración de bultos: ese casillero se dejó en blanco. En su declaración indagatoria frente a Yadarola, Pinto habría señalado que “por uso y costumbre” no se hizo una declaración detallada de la cantidad de bultos.
Sobre el “salvoconducto” que realizó una oficial de Aduana para que Arrieta y los pilotos avancen con el equipaje por un sendero sin pasar por los escáneres (a diferencia del resto de los pasajeros), en el Gobierno reiteraron la idea que transmitió Pazo. Y machacaron con que “no se escanea el 100% de las valijas y del equipaje que llega al país”, y que la Aduana cumplió con todos los procedimientos previstos por la regulación oficial.
El punto sin explicación, aún, es el del presunto celular de Arrieta. El dictamen de los fiscales relata que un testigo –agente que se acercó al avión a su llegada– declaró en sede judicial que Arrieta, tras descender del avión, le habría entregado un teléfono celular a una agente de Aduana. “Esta última, según describió el testigo, realizó un gesto de ‘okey’, tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales”, dice el dictamen. Los fiscales advierten que el testigo no pudo precisar si el teléfono era de Arrieta. Ahora se espera que la Justicia ordene un cruce de llamados para determinar qué comunicaciones se hicieron esa mañana cuando aterrizó el avión de Scatturice.
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