El Consejo de Mayo se reunió por última vez y prepara un documento con la reforma laboral y tributaria
El Gobierno buscó respaldo del Congreso, empresarios y sindicalistas para impulsar los proyectos que el Presidente quiere tratar en las sesiones extraordinarias
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En una reunión que tuvo aroma a despedida y disidencias inesperadas, el Consejo de Mayo, discutió por poco más de una hora en la Casa Rosada los términos de su informe final, a presentarse el 9 de diciembre, y que contendrá el paquete de reformas que el presidente Javier Milei quiere aprobar en el Congreso durante la primera mitad de 2026: la reforma laboral, tributaria y los cambios al Código Penal.
Fue la reforma laboral el eje de las discrepancias del capítulo final del Consejo, creado por el Pacto de Mayo que el Presidente y 18 provincias firmaron el 9 de julio de 2024. Más allá de las declaraciones públicas, mientras desde la CGT plantearon reparos al cambio en la ultraactividad en los convenios colectivos, el representante de la UIA encabeza un reclamo para poner un tope a las indemnizaciones por despido, tema de conflicto directo con los gremios.
Con el jefe de gabinete Manuel Adorni en el lugar de Guillermo Francos -presidió el Consejo hasta su renuncia, días después de las elecciones del 26 de octubre pasado-el Consejo de Mayo reunió a sus seis consejeros estables: el diputado macrista Cristian Ritondo y la senadora radical Carolina Losada por el Poder Legislativo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de los gobernadores; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappalini; el gremialista Gerardo Martínez (Uocra) en nombre de la Confederación General del Trabajo (CGT), y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, representante del Poder Ejecutivo. “Vamos a discutir el documento final en esta última reunión”, dijo el ministro con paso raudo ante la consulta de LA NACION, mientras ingresaba con una montaña de papeles a la reunión de gabinete, previa a la del Consejo, que se viene reuniendo de forma periódica desde junio.
Luego de la reunión, en la planta baja de la Casa Rosada, distintos actores informaron que el documento final, incluido el proyecto de reforma laboral del oficialismo, se presentará en el Congreso el próximo 9 de diciembre. Sin embargo, Martínez y Rappalini plantearon objeciones al proyecto, que serán analizadas hasta obtener el informe final. “La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”, dijo Ritondo a los periodistas a modo de resumen y en el final del encuentro.
“La reforma laboral está muy avanzada, las otras reformas también. Pero seguramente el Congreso le hará cambios cuando estén presentados”, dijo la senadora Losada, con optimismo, en el patio de las Palmeras.
Fuentes del Consejo precisaron que la ultraactividad de los convenios colectivos, los aportes de sindicatos y cámaras, las cargas fiscales y los derechos colectivos serán ejes del proyecto que impulsa el oficialismo. También habría un apartado referido a la democracia sindical, un punto resistido por buena parte del sindicalismo. Una curiosidad: este año el oficialismo no apoyó los proyectos de Pro y la UCR que tenían como fin limitar el poder de representación de los sindicalistas.
“Gerardo [Martínez] planteó diferencias, por eso todavía no hay un proyecto definido”, dijo Ritondo, reconociendo que las discrepancias, en el salón de los Escudos, fueron varias. Desde la CGT dejaron trascender que, de presentarse ese día sin modificaciones, la reforma laboral será un proyecto “del Gobierno”, sin el aval de la central obrera.

Desde la UIA, en tanto, apoyaron en general, aunque plantean objetivos adicionales que el Gobierno aún no prevé. “Estamos de acuerdo con todos los puntos. No hay objeciones; hay un trabajo intenso para llegar a una propuesta acordada”, dijo a LA NACION, Martín Rappallini, presidente de la UIA. Otras fuentes en la entidad fabril afirmaron que están a favor de la ultractividad, de un fondo de cese voluntario y con los cambios en los convenios colectivos. Dijeron que, donde hubo desacuerdo en casi todo, fue la CGT. Afirmaron que sí se hicieron sugerencias de cambios y de agregados a la propuesta del Gobierno, entre ellos los aportes obligatorios a gremios, pero que se entiende que el tratamiento en el Congreso implicará negociaciones para viabilizar la aprobación de la reforma. En la entidad fabril contaron también que hubo, en paralelo, reuniones con el G6 para consensuar las propuestas y aportes técnicos que salieran desde el ámbito empresarial.
Según pudo saber LA NACION, el pedido de limitar las indemnizaciones, al que Sturzenegger se sumaría en principio, tiene la resistencia de los representantes de los legisladores y de Cornejo. Sería, finalmente, moneda de cambio, si es que el Gobierno pretende que el proyecto sea aprobado en el Congreso.
El buen clima de las reuniones, que varios de sus integrantes destacan, se enrareció ya antes de comenzar la última reunión con filtraciones sobre la reforma laboral y un nuevo plan de educación, que según afirman voces con conocimiento de las discusiones, “no estaban acordados y después fueron cambiando”. “Es una lástima porque se pierde un poco la confianza que veníamos construyendo”, dijo Losada, una aliada de los libertarios.
En lo relativo a la reforma laboral, y según publicó LA NACION, uno de los borradores que circuló contiene iniciativas como impulsar convenios por empresa y no por gremio; cambios en indemnizaciones, conceder premios a la productividad, crear bancos de horas, una posible reducción de los impuestos al trabajo para generar más empleo y la opción de que los trabajadores cobren sus sueldos en pesos, dólares o euros. Además, se habilitaría una ampliación de la jornada laboral.
“Hablamos de una modernización laboral, sin perder derechos”, dijo Martínez a los periodistas al entrar a la reunión junto a Rappalini. A la salida, el dirigente de la CGT insistió: “No vamos a aceptar una reforma que implique pérdida de derechos”. Toda una toma de posición, en el final de una reunión pensada para mostrar consenso y que, sin embargo, desnudó las diferencias que separan al Gobierno del sindicalismo, en lo referente a la reforma laboral. “Hasta el 9 hay bastante tiempo, podemos llegar a un acuerdo”, afirmó uno de los voceros del oficialismo, con la esperanza de acercar posiciones con la CGT, y también con los industriales.
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