El fiscal rechazó anular la causa por los audios de Spagnuolo y ahora decide el juez Casanello
Franco Picardi dijo que se está ante una maniobra de “posible corrupción de funcionarios públicos”
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LA NACIONHernán Cappiello
El fiscal federal Franco Picardi rechazó a anular la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que se inició luego que se conocieran audios atribuidos a Diego Spagnuolo donde se mencionan presuntos retornos de un 3 por ciento para funcionarios del Gobierno en la compra de medicamentos para discapacitados. Picardi afirmó que se está ante “posibles maniobras de corrupción”.
El fiscal respondió los planteos que realizaron los socios de la droguería Suizo Argentina Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, mediante su abogado Martín Magram, que pretenden anular la causa o en su defecto cerrarla, con el argumento de que ya se investigó una denuncia similar en el pasado y que fue desestimada.
Ahora será el juez federal Sebastián Casanello el que defina el futuro del caso.
Los Kovalivker también cuestionaron los audios de Spagnuolo: dijeron que eran adulterados, obtenidos de manera ilegal, realizados con inteligencia artificial y parte de una trama política.
Picardi rechazó este argumento: señaló que tal afirmación es contradictoria en sí misma y con el pedido de cerrar el caso por la existencia de una denuncia anterior ya archivada.
“A este tipo de planteos, en el marco de un caso vinculado a posibles maniobras de corrupción entre determinados/as funcionarios/as públicos del Estado Nacional y una parte del sector empresarial de la Argentina, emparentado a las droguerías nacionales, no se le debe dar lugar, ni respuesta favorable”, dijo el fiscal, que señaló que la investigación es “incipiente”.
El fiscal dijo que el planteo es “errado, contradictorio, carente de sustento evidencial” y que busca “entorpecer” la investigación. “No se observa que el inicio de las actuaciones y su devenir hayan generado afectaciones indebidas ni ilegítimas a derechos fundamentales con resguardo constitucional”, dijo Picardi, en alusión a que la grabación vulneró la intimidad de Spagnuolo.
El fiscal recordó que la causa se inició con noticias periodísticas que daban cuenta del contenido de los audios que aludían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, y que de inmediato el Poder Ejecutivo echó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, otro funcionario de la Andis. Y que lo hizo aludiendo a la necesidad de combatir las sospechas de corrupción.
El fiscal además recordó que hace un año, en una entrevista con Alejandro Fantino, Spagnuolo habló de la necesidad de actuar con transparencia y el conductor le mencionó: “Pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán; en cualquier localidad; te entiendo, hay que tener cuidado que no pase en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán porque vivos hay en muchísimos lados, y hay que tener cuidado”.
El diálogo, dijo Picardi, “daba cuenta por un lado de la existencia de irregularidades y/o situaciones sospechosas en el seno de la Andis y, al mismo tiempo, se colige de la doble mención a Lules, Tucumán, una alusión a ‘Lule’ Menem”.
“Cabe preguntarse aquí: ¿Si el propio PEN reconoce y da entidad pública a las informaciones difundidas a partir de dos actos administrativos, qué se espera que haga la justicia penal frente a tales hechos denunciados?“, dijo Picardi. Sobre todo que el asunto ya era público, desde hace mas de un año, como lo prueba el comentario de Fantino a Spagnuolo.
Picardi dijo que no solo Spagnuolo lo comentó, sino que se lo dijo a Fernando Cerimedo, el especialista en comunicación digital que lo declaró en el caso y se lo contó a Fantino, por lo que no tenía expectativa de que el asunto permaneciera en secreto.
“Entonces, no resulta razonable sostener que existía una expectativa de intimidad en el caso. Se trata de un funcionario público con el deber de denunciar; que habla en un ámbito público, con al menos otra persona; y, que ya había manifestado a otras personas las situaciones delictivas que dieron origen a este caso”, escribió.
Y destacó no solo la obligación de la Argentina de perseguir los delitos de corrupción, según sus compromisos al firmar tratados internacionales al respecto, sino que los periodistas estaban legitimados de publicar esta información, de interés público y que circulaba de manera reservada en los circuitos del poder.
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