El Gabinete, en tensión por las últimas crisis
Garré se debilitó por la rebelión en Seguridad; Kicillof tuvo tropiezos
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LA NACIONMariano Obarrio
Las recientes crisis de gestión en el gobierno de Cristina Kirchner acentuaron en estos días el clima de inestabilidad de varios ministros. Pero no habría cambios de Gabinete inmediatos. La peor noticia fue la sublevación de la Gendarmería y la Prefectura por el recorte salarial, que dejó a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en un tembladeral y al borde de la renuncia.
"Nilda no se irá ahora, en plena tensión. Pero es posible que en un tiempo se vaya o le pidan la renuncia", señalaron a LA NACION fuentes oficiales en Balcarce 50.
Cristina Kirchner también se fastidió con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que dio el visto bueno para la quita salarial. Y se enojó con el canciller, Héctor Timerman, por no prever el embargo de la Fragata Libertad en Ghana.
"El aire se corta con cuchillo. Todos los ministros creen que se pueden ir en cualquier momento", dijo otro funcionario.
Las fuerzas de seguridad levantaron la protesta, pero la crisis no cesó. Si no hay mejoras salariales, los uniformados podrían sumarse a los paros de la CTA y la CGT disidentes, como se informa por separado.
Garré salvó su cabeza, pero debió entregar la de su hermano y jefe de gabinete, Raúl Garré, autor del decreto 1307, que aplicó las rebajas salariales. Raúl Garré rompió ayer el silencio, y admitió que la medida le abrió a la Presidenta "un conflicto de gobernabilidad" y una "situación de zozobra donde se rompía la cadena de mandos". Pero advirtió: "Las quitas no eran para el personal más postergado de las fuerzas".
Pese a estas explicaciones, Cristina Kirchner dejó de hablarle a Garré. Canaliza las órdenes en su adversario interno: su segundo, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que esta semana entró y salió de la Casa Rosada como nunca antes.
El enojo de la Presidenta por el decreto 1307 alcanzó a Kicillof, que aprobó la factibilidad económica del recorte salarial, lo cual le dio a Raúl Garré certeza de que el decreto tenía visto bueno de Olivos. La norma no sólo desató la rebelión, sino que develó que el Estado le paga $ 7800 millones en negro a sus empleados, militares, gendarmes, prefectos y policías.
No es el primer tropiezo de Kicillof que obligó a Cristina a dar marcha atrás en sus medidas. Las retenciones móviles a la exportación de biocombustibles y el nuevo esquema de asignaciones familiares tenían tales deficiencias técnicas –perjudicaban a los sectores involucrados– que obligaron a modificarlos.
Kicillof y su delfín, Augusto Costa, subsecretario de Competitividad, avanzaron sobre áreas de Economía y de Planificación. Se hicieron demasiados enemigos internos en el gabinete económico.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, y los secretarios de Comercio, Guillermo Moreno, y de Hacienda, Juan Carlos Pezzoa, sabiendo que es mimado de Cristina Kirchner, lo "dejaron hacer". Pero lo expusieron ante sus errores.
Kicillof está en la mira por YPF. Tras la estatización, aún no logró inversiones debido a las regulaciones del viceministro. Su CEO, Miguel Gallucio, se desesperó estos días tras la pesificación de un bono de Chaco, una pésima señal para inversores.
No obstante, Kicillof está más firme que Garré. Es la expresión más visible de La Cámpora. Goza, por ahora, de inmunidad.
El embargo de la Fragata Libertad fue el último enojo de la Presidenta con Timerman. La Armada desaconsejó la escala en Ghana, pero la Cancillería la consideró estratégica. La retención del buque cuesta 50.000 dólares por día. Pero duele más en la Casa Rosada el costo político de esa imprevisión emblemática y la inminente escalada del conflicto.
Pero la gran batalla de Cristina Kirchner es por desarticular al Grupo Clarín el 7 de diciembre. El ministro de Justicia, Julio Alak, juega por ello toda su suerte en conseguir la recusación de cualquier juez que pueda concederle a Clarín la inconstitucionalidad de la ley de medios en el fuero civil y comercial.
Si bien De Vido quedó debilitado porque perdió el manejo de la energía, el transporte y las obras públicas, que escasean, está convencido de que se quedará hasta 2015.
Luego de meses de congelamiento, en cambio, el ministro del Interior y Transportes, Florencio Randazzo, quedó fortalecido: es la apuesta de Cristina para mejorar el arruinado sistema de transportes. El desgaste de Kicillof hizo trepar a su superior, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino: expulsó a varios funcionarios de su ex padrino político, el vicepresidente Amado Boudou, que ya no es escuchado en Olivos.
También el jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, mantienen la confianza de la Presidenta. Algunos creen que Alicia sería la carta para la sucesión presidencial en 2015 si Cristina no puede ir por la re-reelección.
Los gendarmes adhieren al paro
El gendarme Raúl Maza, que actuó como vocero de la protesta que terminó el miércoles pasado, anunció ayer su intención de que los uniformados se sumen al paro que antes de fin de año prevén convocar la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli. "Vamos a estar presentes, representado a la fuerza y pidiendo salario digno", dijo. Y añadió: "Me parece una falta de respeto lo que dijo el ministro de Defensa". Se refería a los dichos de Arturo Puricelli, que el viernes calificó de "adecuados y razonables" los salarios de las Fuerzas Armadas y de seguridad. De todos modos, Maza aclaró que antes de seguir con las protestas van a "esperar a ver cómo queda el nuevo salario".
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