El gobierno de Israel tomó distancia de la empresa que quiere explotar petróleo en Malvinas
El canciller Gideon Sa’ar remarcó que es un emprendimiento “privado” y lamentó la situación que causó en la Argentina
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LA NACION
El gobierno de Israel, a través de su canciller, Gideon Sa’ar, tomó distancia de las operaciones de la empresa israelí Navitas Petroleum en un yacimiento marítimo de las Islas Malvinas, que había generado el rechazo del gobierno argentino.
Sa’ar remarcó que se trata de una “empresa privada” y advirtió que la “soberanía” del área “es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”.
De esa forma, el gobierno de Benjamín Netanyahu reconoció el conflicto de soberanía, en un tono distinto a la postura de abstensión que había tenido en situaciones anteriores, y buscó diferenciarse del emprendimiento.
“Recientemente, la sociedad israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, realizará actividades en el Océano Atlántico Sur, en una zona cuya soberanía se disputa entre Argentina y el Reino Unido”, escribió el canciller en X. Para luego enfantizar: “Israel mantiene relaciones especiales con Argentina, bajo el liderazgo del presidente Dr. Javier Milei, que son muy apreciadas por el pueblo israelí. Por lo tanto, si bien se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel participe de alguna manera, lamentamos la difícil situación que esto ha causado en Argentina en este contexto”.
“Israel espera que la disputa entre Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos”, remató Sa’ar.
La Cancillería argentina rechazó la semana pasada la autorización del gobierno local de las Islas Malvinas a una empresa británica para la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion. Calificaron al proyecto y a las empresas involucradas de “ilegítimas e ilegales” y advirtió que tomará las acciones pertinentes en el asunto basándose en el derecho internacional.
“Quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales“, había advertido la cancillería en un comunicado.
La iniciativa estará a cargo de las empresas Rockhopper Exploration Plc, del Reino Unido, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de Israel. El Programa de Desarrollo del Área Norte del yacimiento representa una inversión de US$2100 millones en su primera etapa. La idea surgió luego de que las compañías anunciaran el hallazgo de un “yacimiento de clase mundial” hace casi una década. Tras ello, se desarrollaron una serie de proyectos para iniciar la extracción, que estaría habilitada a partir de 2028.
El yacimiento se encuentra ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas. Desde la cartera liderada por Pablo Quirno aseguraron que las empresas no cumplen con los permisos de la autoridad competente argentina para dicho desarrollo. Además, advirtieron de la gravedad del proyecto debido a que permitiría la explotación de recursos no renovables, algo con “efectos futuros potencialmente irreversibles”.
“La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización”, detallaron. Según la cartera, las normativas reconocen que hay una disputa de soberanía entre Reino Unido y la Argentina.
La mención a normativas isleñas hace referencia a la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994, que habilita al gobernador designado por Reino Unido a otorgar licencias en nombre de la Corona para producir en aguas controladas por las islas.
Rockhopper anunció que su directorio aprobó la inversión para la Fase 1 -decisión que fue tomada por Nativas Petroleum, su socia y operadora- y recibió todas las autorizaciones necesarias. En tanto, el gobierno isleño aprobó el programa de desarrollo para las Fases 1 y 2, y las licencias ahora pasarán a la etapa de explotación. Su duración será de 35 años o más.
“Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas“, señalaron desde el Gobierno. También consideraron que es contrario al ordenamiento jurídico argentino.
La cartera mencionó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas previamente. Rockhopper fue “declarada clandestina y sus actividades ilegales” en una resolución de la Secretaría de Energía en 2012 y, un año después, fue inhabilitada para operar en la Argentina por 20 años en otra resolución. En tanto, Navitas tuvo las mismas sanciones en 2022 por el desarrollo de operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la autorización pertinente.
“El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, remarcaron.
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