Con apoyo de Kicillof, los intendentes fueron al Ministerio de Economía con reclamos para Luis Caputo
El gobernador respaldó a una comitiva del gabinete bonaerense y jefes comunales de distintos puntos del país que se manifestaron frente al organismo; exigieron compensaciones para el transporte público por el precio del gasoil y el fortalecimiento de la coparticipación
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LA NACION
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof respaldó el reclamo de parte de su gabinete e intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), que se concentraron este martes al mediodía frente al Ministerio de Economía, para reclamarle al titular de esa cartera, Luis Caputo, un mayor caudal de fondos de coparticipación, el restablecimiento de transferencias nacionales, compensaciones para el transporte público por el precio del gasoil y la entrega de alimentos, entre otros puntos.
Kicillof se sumó a la movida de protesta en la FAM, cuando se mostró con Fernando Espinoza (que preside esa entidad) y otros jefes comunales que se acercaron al Ministerio de Economía para presentarle una carta a Caputo y un documento con su análisis de la situación social y económica.
“La realidad que vivimos en los municipios refleja con claridad el impacto de las actuales condiciones macroeconómicas sobre la vida cotidiana de nuestras comunidades. La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiere una mirada federal y articulada”, le plantearon los jefes comunales que integran la FAM (son más de 500, según indican desde la federación) a Caputo, en una carta que le presentaron junto al documento que contenía sus demandas.
En el documento que llevaron al ministerio de Caputo, los intendentes y los funcionarios provinciales liderados por Kicillof plantearon diez pedidos: “revisión y fortalecimiento del esquema de coparticipación federal; normalización en el envío de recursos nacionales; garantizar la entrega de alimentos a quienes más los necesitan; restitución o compensación de subsidios eliminados; implementación de medidas de compensación por el impacto del gasoil en el transporte público; reactivación de políticas de apoyo a la industria, pymes y economías regionales; garantía de acceso a medicamentos para jubilados; fortalecimiento de políticas para personas con discapacidad; transparencia y equidad en la distribución de recursos estratégicos, y creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y la FAM”.
Entre los intendentes que se acercaron a la protesta política estaban Eva Mieri (Quilmes), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Damián Selci (Hurlingham), Fernando Moreira (San Martín), Mariel Fernández (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Marisa Fassi (Cañuelas), Ricardo Moccero (Coronel Suárez) y Cecilio Salazar (San Pedro). También, funcionarios bonaerenses como Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, y uno de los principales impulsores de la protesta de este martes), Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad), o Cristina Álvarez Rodríguez (jefe de asesores).
Según informó el Ministerio de Infraestructura bonaerense, participaron 120 intendentes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego.
“Con intendentes e intendentas de todo el país vinimos a exigirle al ministro Caputo que retrotraiga el precio de la nafta al 1° de marzo, haga las obras que están obligados por ley y frene el recorte de fondos nacionales. La nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno, lo que impacta en el transporte, la logística, la producción, los alimentos, y vuelve a golpear el bolsillo de la gente”, afirmó Katopodis.
“El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos del impuesto a los combustibles y del eximpuesto PAIS, que debía invertirse en el arreglo de rutas y caminos. Te cobran y se quedan con la plata, es un fraude”, remarcó el ministro de Infraestructura bonaerense.
En cinco páginas, el documento que llevó la FAM a las puertas del Palacio de Hacienda sintetizó la situación de los municipios, según la mirada de los jefes comunales. Se indicó que la coparticipación federal, “en los primeros tres meses del año, cayó un 11%”, que el Gobierno usa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) “con absoluta discrecionalidad”, que “aumentaron fuertemente las tarifas de luz y gas, haciendo que muchas familias no puedan pagar los servicios básicos”, y que “la quita del subsidio al transporte público generó aumento de tarifas, deterioro en los servicios y hasta el cierre de empresas de transportes”.
En el documento de la FAM, también se recalcó que “el gobierno nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles y no lo está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para hacer obras en rutas”, que existe una “falta de transferencia efectiva de fondos vinculados al impuesto al transporte” y que hay un “impacto del aumento del gasoil en el sostenimiento del transporte público”.
Los intendentes, apoyados por el gobierno bonaerense, aseguraron que “la apertura indiscriminada de importaciones generó pérdida de empleo y, al momento, ya han cerrado más de 22 mil empresas en todo el país”. Enumeraron, además, una “afectación directa a las economías regionales”, un “aumento de tarifas que encarecen la producción y reducen el consumo”, una “fuerte crisis” en turismo, con “una de las peores temporadas de los últimos 20 años”, y la “desaparición de herramientas que sostenían a pequeños emprendedores y pymes”.
En la nota que los dirigentes (en su mayoría, peronistas) dejaron en el Ministerio de Economía, se puntualizó el impacto social de los problemas que se indicaron. Se aseguró que “aumentó un 100% la demanda de alimentos y de ayuda social” y que, “a más de dos años de gobierno, no llegó a los municipios ni un paquete de arroz, como todos los gobiernos nacionales lo hicieron”, que “los jubilados ya no logran acceder a medicamentos básicos”, que existen “dificultades en el acceso y continuidad de derechos de personas con discapacidad”, que hay un “deterioro general de las condiciones de vida de trabajadores y familias” y que “la presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente”.
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