El Gobierno recortó $170.000 millones a las universidades y a las provincias en vísperas de una semana caliente en el Congreso
Redujo en $40.000 millones las transferencias a las casas de altos estudios y en casi $130.000 en transferencias a las gobernaciones, incluidos los ATN, antes de abrir la billetera en forma selectiva ese mismo lunes
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LA NACIONLaura Serra
En las vísperas de una semana caldeada en el Congreso, el Gobierno profundizó el ajuste a las provincias y a las universidades pese a que el Congreso buscará insistir en dos leyes para reforzar las partidas en ambos rubros.
En la última modificación que realizó sobre el presupuesto, el Poder Ejecutivo redujo en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales y le rebanó a las provincias casi $130.000 millones en transferencias corrientes y de capital para obras públicas.
Ambos recortes forman parte de una poda más amplia por un total de $493.591 millones (0,4 punto del PBI), la cual quedó oficializada en la decisión administrativa (DA) 23/25 del jueves pasado.
Con estos recortes el Gobierno espera consolidar un superávit financiero de $754.744 millones. A contramano, la oposición en el Congreso cree necesario aflojar el torniquete fiscal tras un año de fuerte ajuste y, en abierto desafío al presidente Javier Milei, buscará insistir este miércoles en la Cámara de Diputados en la ley de financiamiento a las universidades. En paralelo, en el Senado, los opositores intentarán rechazar este jueves el veto a la ley de coparticipación del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que redundaría en fondos frescos para las 24 provincias.
Indiferente a los reclamos opositores, el Gobierno dispuso reducir todavía más el gasto y lo focalizó en un área por demás sensible: el Ministerio de Capital Humano. En efecto, casi la mitad del recorte que dispuso en la DA 23/25 afecta a la cartera que conduce Sandra Pettovello, a la que le rebanó $207.540 millones.
Así lo consigna la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que detalla que los programas más afectados son la gestión y asignación de becas a estudiantes (-$44.270, 26 millones); Desarrollo de la Educación Superior (universidades) en poco más de $40.000 millones e infraestructura y equipamiento (-$12.451 millones).
Provincias
Los giros no automáticos a las provincias también se vieron afectados. De acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Gobierno redujo en $17.477 millones las transferencias corrientes; dentro de ese recorte figuran $7104 millones en concepto de ATN.
Este punto promete generar polémica entre los gobernadores. En efecto, los mandatarios provinciales sostienen que la mitad del fondo de los ATN les corresponde a las provincias y acusan al Gobierno de repartir solo una mínima parte de esa caja millonaria entre los gobernadores más afines.
La discrecionalidad en esta distribución quedó patentizada, una vez más, el viernes pasado, cuando transfirió $ 12.500 millones a cuatro provincias, dos de ellas aliadas electorales del oficialismo (Entre Ríos y Chaco). Los gobernadores de los otros dos distritos beneficiados –Misiones y Santa Fe- no pactaron con La Libertad Avanza, pero forman parte del lote de las provincias que supieron acompañar al Gobierno en varias de sus leyes en el Congreso.
Las suspicacias están al orden del día. Los legisladores de Misiones que responden a Carlos Rovira serán claves en la sesión de este miércoles en la Cámara baja, cuando la oposición intente resistir el veto a la ley de financiamiento universitario. Cuando se aprobó la ley, los diputados Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Carlos Fernández y Alberto Arrúa se ausentaron. Son cuatro votos cruciales que el Gobierno espera ahora sumar para blindar el veto.
Parece evidente la intención del Gobierno de quebrar el frente de los 24 mandatarios que en su momento impulsaron la ley de reparto automático de los ATN, una caja que según la consultora Politikon Chaco, acumula más de medio billón de pesos sin ejecutar, esto es, sin repartir entre las provincias.
Además de transferencias corrientes y ATN, el gobierno de Milei también redujo en $111.607 millones los giros de capital para las provincias, los cuales se destinan a obras públicas.
Mención aparte merece el recorte de la mitad del fondo que el presidente Milei había prometido a la ciudad de Bahía Blanca para atender la situación de emergencia en la que quedó sumida tras el violento temporal de marzo pasado: originalmente aquel fondo era de $200.000 millones pero, con la decisión admnistrativa 23, quedó en $100.000 millones, consigna la OPC.
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