El Gobierno suspendió 40.000 planes Potenciar Trabajo y las organizaciones exigen su restitución

El Gobierno avanzó un paso más en su política de recorte del gasto público y suspendió a más de 40.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. ¿El argumento? La existencia de una “incompatibilidad” entre ese beneficio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social ($23.900) y el plan de becas Progresar, que depende de la Anses y que significa un monto de $7.400 a $10.400 para sus titulares. “Las personas deben elegir entre uno u otro”, precisaron a LA NACION desde la cartera que conduce Juan Zabaleta.

Se trata de una decisión enmarcada en el “reordenamiento” de la política social que comenzó a principio de año y que se profundizó en agosto, con la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Esa iniciativa incluye una auditoría exhaustiva de la situación de cada una de las más de 1.200.000 personas que contraprestan en las distintas unidades ejecutoras a lo largo del país, a partir de una articulación entre Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y las universidades nacionales.

Fue solo cuestión de horas hasta que las organizaciones sociales de izquierda se decidieron a salir a las calles. “Se quedan sin el mayor ingreso que tenían para estudiar y poner un plato de comida en las mesas de sus familias”, se pronunciaron desde el Polo Obrero en alusión a la situación de las personas perjudicadas. Este martes, la agrupación que lidera Eduardo Belliboni realizó una manifestación en el Obelisco con la intención de exigir “la inmediata restitución” del Potenciar Trabajo para todos aquellos que fueron afectados.

En ese sentido, según pudo saber LA NACION, la protesta en el centro porteño logró que el Gobierno se comprometiera a completar el pago retroactivo del mes de agosto para aquellos que lo soliciten. Sin embargo, desde el edificio de 9 de Julio y Moreno se encargaron de aclarar que eso recién se efectivizaría cuando la persona involucrada se decida darse de baja definitivamente del Progresar. Es decir, la incompatibilidad entre ambos programas continúa intacta.

“Trabajar y estudiar no deberían ser incompatibles para una sociedad que apuesta a la cultura, a la juventud y al futuro”, indicó, en tanto, la referente del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, al ser consultada por este diario. “En el marco del pago de la deuda al FMI, la ayuda para aquellos que deciden estudiar y trabajar pasa a ser parte de ese rubro que se llama gasto público”, añadió la dirigente, cuya organización se movilizará este miércoles a dependencias de la Anses en distintos puntos del país.

Sin embargo, el malestar no provino únicamente de las filas de los movimientos sociales opositores al Frente de Todos. Ayer, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) publicó un comunicado en el que exhorta al oficialismo a “dar marcha atrás” con las suspensiones. En el texto, se denuncia que “de un día para el otro dejaron sin salario social complementario a miles de laburantes con sus contraprestaciones trabajadas durante agosto, sin previo aviso y sin la posibilidad de hacer el trámite y elegir dar de baja el Progresar para seguir cobrando por su trabajo”.

Desde la organización que encabeza el histórico Juan Carlos Alderete, y que forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto al Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, sostuvieron que se trata de una decisión que “no puede tomarse a las apuradas desde una oficina”. Y le exigieron al Gobierno “tener más respeto por los y las que menos tienen en un contexto crítico”.

Auditorías

El mes pasado, las primeras medidas anunciadas por Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía no hicieron más que poner en alerta a las organizaciones sociales. Es que uno de los principales postulados de la presentación del tigrense giró en torno a un “reordenamiento” de la política social. “Quien no la cumpla [con la auditoría] recibirá la suspensión del plan. Y, en paralelo, vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de Anses”, sostuvo el ministro durante su primera conferencia de prensa a principio de agosto, para después rematar: “Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente”.

“La facultad de verificación incluye la evaluación y/o validación de la certificación de la contraprestación que realizan los titulares de acuerdo a los proyectos de tipo socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o de terminalidad educativa que prevén los lineamientos generales del Programa”, reza la resolución 835/2022 publicada en el Boletín Oficial a través de la cual se crearon las “unidades de evaluación”.

En un operativo coordinado entre el ministerio, los municipios y universidades, los beneficiarios son convocados por Desarrollo Social a estas unidades -universidades, clubes o sedes municipales- para ser censados. Los encuestadores, parte del aporte que harán las universidades, completan un formulario multiple choice en tiempo real, que es cargado en una app o en una web. La planilla que cuenta con cuatro apartados recoge información social y demográfica de cada beneficiario: nivel de educación, grado de formación, capacitación laboral, trabajos previos, composición familiar, entre otros.

En la cartera que dirige Zabaleta señalan, además, que actualmente ya funciona un sistema mediante el cual se cancelan los programas a quienes no cumplan con la contraprestación necesaria, siempre y cuando la unidad de gestión lo informe. Según precisaron, los incumplidores cobran el siguiente mes sólo el 50% del beneficio. Si la situación no se modifica, el mes siguiente el beneficiario no cobra, mientras que al tercer mes de incumplimiento se cae el plan. Ese mismo protocolo aplicarán una vez finalizado el relevamiento.

Por Pedro Lacour

• Movimientos sociales

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