El massismo se desmarca del kirchnerismo: apoyará la baja de la edad de imputabilidad con proyecto propio
Argumentan que se trata de la “postura histórica” del espacio; el delicado momento de su líder, rozado por los casos de la AFA y las maniobras con el dólar
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A días de que se trate la ley penal juvenil en la Cámara de Diputados y en medio de escándalos judiciales que rozan a Sergio Massa, el Frente Renovador intenta desmarcarse del kirchnerismo en el Congreso.
El massismo resolvió que apoyará la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, como propone el proyecto que promueve el gobierno de Javier Milei y que cuenta con el aval de la mayoría de los aliados de la Casa Rosada en el Congreso. No obstante, el espacio considera que fijar el piso punible sin reformar el Código Penal podría abrir la puerta a judicializaciones e incluso planteos de inconstitucionalidad.
Por eso, en la sesión convocada para el próximo jueves, el massismo propondrá abstenerse en la votación en general, pero acompañará la norma específica que establece los 14 años, en caso que no prospere su proyecto.
El resto del bloque de Unión por la Patria insiste en mantener el piso en 16 años. El jefe de la bancada, Germán Martínez, expresó su desacuerdo con la iniciativa y la premura por aprobarlo la semana próxima.
Estas diferencias entre el massismo y el kirchnerismo se traducirían en la firma de al menos dos dictámenes distintos dentro de Unión por la Patria durante el plenario de comisiones previsto para el miércoles. Así lo adelantaron a LA NACION diputados del Frente Renovador que participaron de una reunión de bloque realizada el viernes. Según indicaron, no descartan que otros legisladores de la bancada se sumen al despacho impulsado por el massismo. “Planteamos que tenemos un dictamen propio y que lo vamos a sostener en el recinto”, explicaron.
En el encuentro se acordó que “nadie firmará el dictamen del Gobierno”. De este modo, el Frente Renovador marca distancia con el kirchnerismo, pero también evita alinearse con el oficialismo. Diputados del espacio liderado por Massa descartaron de plano la posibilidad de acompañar el despacho de La Libertad Avanza.
La reunión de Unión por la Patria del viernes se desarrolló con una combinación de asistencia presencial y virtual, y tuvo una participación activa de varios diputados. Señalaron que hubo “matices” respecto de los distintos puntos que abarca la ley penal juvenil. Para avanzar con las definiciones, se convocó un nuevo encuentro el lunes con el objetivo de fijar posiciones de cara al plenario. Se baraja, además, una reunión adicional el martes.
Por caso, la mesa chica del massismo se reunió el jueves en sus oficinas de Avenida del Libertador 850 y resolvió apoyar la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
“Si estuviera en el recinto, la votaría”, les dijo Sergio Massa a Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Sebastián Galmarini, Marina Salzmann, Sabrina Selva y Guillermo Michel, según reveló a LA NACION el diputado Ramiro Gutiérrez, que participó del encuentro.
“Nos recordó que esta es su posición histórica”. En el massismo sostienen que la reducción a 14 años –el eje de la reunión– expresa una postura que Massa mantiene desde 2015 y remarcan que el origen oficialista del proyecto no genera ruidos: “Es de Massa y lo toma el Gobierno”.
El oficialismo había impulsado inicialmente una baja a 13 años, pero terminó acordando modificar el texto con la oposición dialoguista. Como anticipó LA NACION, esos espacios preferían retomar el dictamen firmado el año pasado, que tras extensos debates fijó el piso en 14. Este despacho contó con firmas de legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador.
Sebastián Galmarini ratificó su alineamiento con la “posición histórica” de Massa y planteó, en diálogo con LA NACION: “La baja de la edad es un título. Pero Argentina necesita una ley de responsabilidad penal juvenil, estructura judicial, infraestructura para atención de los menores en riesgo, recursos humanos y financieros”. Además, relativizó eventuales fricciones dentro del bloque de Unión por la Patria a raíz de esta postura: “Ya es conocida por todo el mundo”.
En el massismo aseguran que esta posición “no rompe nada estructuralmente” dentro del bloque. “Son matices, ya ha habido diferencias”, sostuvo Gutiérrez.
Juan Grabois, que el año pasado protagonizó enfrentamientos el massismo, relativizó la tensión de estas discrepancias con el Frente Renovador: “Diferencias va a haber todo el tiempo”. En diálogo con LA NACION, anticipó además que gran parte de Unión por la Patria votará contra el temario del Gobierno –reforma laboral, Ley Penal Juvenil, glaciares y acuerdo Mercosur-UE– y definió la discusión sobre imputabilidad como una “cortina de humo para tapar la discusión” de la iniciativa laboral y de glaciares.
Por su parte, Michel, exdirector de Aduana cercano a Massa, ratificó su apoyo a la reducción a 14 años, aunque adelantó que impulsará cambios. “Hoy hay chicos de 14 o 15 años que tienen discernimiento y saben lo que están haciendo”, afirmó. A la vez, advirtió que la ley debería aplicarse cuando exista infraestructura adecuada para garantizar derechos en los lugares de detención.
El diputado defendió la aprobación del acuerdo Mercosur-UE al considerar que la apertura de mercados y el crecimiento exportador son claves, y presentó un proyecto para crear una comisión bicameral que evalúe su impacto una vez vigente el pacto, ante eventuales riesgos para el empleo, la inversión local y el desarrollo sostenible.
En materia laboral, el Frente Renovador considera que la reforma oficialista “mejora la legislación”. En paralelo, trabaja en una propuesta propia y espera ver qué versión final sale del Senado antes de fijar posición.
Los escándalos que rozan a Massa
El Frente Renovador reactiva una agenda propia y ensaya diferencias con el kirchnerismo en un contexto político delicado para su conductor. Massa apareció vinculado al AFAGate y, en los últimos días, fue acusado por el Gobierno de tener relación con la salida de Marco Lavagna del Indec. En diciembre, cuando la Justicia empezó a investigar al productor teatral Javier Faroni –amigo del exministro–, el líder del Frente Renovador quedó bajo la lupa, en tanto el empresario dio el salto a la política de su mano. Faroni y su esposa, Érica Gilette, son dueños de la firma que retuvo el 30% de los ingresos comerciales de la AFA en el exterior durante cuatro años.
“Pacto del gobierno con Massa”, escribió Elisa Carrió tras el traslado de la causa por la mansión de Pilar a la justicia de Campana. A esto se suman indicios judiciales que conectan la investigación de la AFA con maniobras sobre el dólar oficial durante la gestión económica de Massa, en un circuito que habría movido cientos de millones a través de bancos y cuevas financieras.
Por su parte, Lavagna, exdirector del Indec, integró el Frente Renovador y negoció acuerdos internacionales cuando Massa era ministro de Economía. En Casa Rosada deslizaron que su salida del organismo respondió a esa cercanía. No fue confirmado.
En paralelo, Sebastián Galmarini presentó un proyecto para que el Indec pase a la órbita del Congreso y tenga una conducción colegiada con participación opositora. Massa, en su momento, fue uno de los denunciantes de la manipulación estadística en tiempos de Guillermo Moreno e impulsó –junto a Patricia Bullrich– el IPC Congreso, mientras Lavagna integraba el grupo de economistas sancionados por medir la inflación de forma independiente.
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