El oficialismo dictaminó en Diputados la adhesión al tratado internacional de patentes

El oficialismo avanzó este martes con la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), al obtener dictamen en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria.

El despacho de mayoría reunió 57 firmas con respaldo de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados, aunque introdujo cambios sobre la media sanción aprobada por el Senado en 1998. Como se trata de un tratado internacional, la iniciativa nunca perdió estado parlamentario pese al paso de los años.

Si el texto modificado es aprobado por Diputados, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva. El oficialismo evalúa llevar el tema al recinto la próxima semana.

El despacho incorporó una reserva sobre el Capítulo II del acuerdo, un punto sensible para la industria farmacéutica nacional. Ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para el análisis de nuevas invenciones. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora al proyecto, advirtió que esos criterios podrían influir sobre las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país.

La diputada libertaria Juliana Santillán, presidenta del plenario, defendió el proyecto al señalar que busca “simplificar y ordenar” el sistema de patentes, reducir costos y agilizar trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas. También sostuvo que el PCT “no concede patentes internacionales ni limita la soberanía de los Estados”, ya que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.

En la misma línea, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el tratado crea una “solicitud única” para iniciar trámites de patentamiento en los 158 países miembros, evitando que inventores argentinos deban gestionar presentaciones por separado en cada jurisdicción. Además, destacó que amplía de 12 a 30 meses el período de prioridad para proteger invenciones, una ventaja que -según dijo- beneficia especialmente a pymes y pequeños desarrolladores.

El tratado debía haber sido ratificado antes del 30 de abril, según los compromisos asumidos por Javier Milei al firmar en febrero el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con Donald Trump. Sin embargo, las dificultades legislativas demoraron el avance parlamentario. Aun así, Estados Unidos retiró recientemente a la Argentina de su “Priority Watch List”, la nómina de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual.

Uno de los principales cuestionamientos vino de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien respaldó la adhesión al tratado, pero rechazó la reserva sobre el Capítulo II. Advirtió que eso envía “una mala señal” a los socios comerciales y apuntó directamente contra “el lobby de la industria farmacéutica”. “Yo elijo no fingir demencia, elijo decir lo que se trata de omitir”, lanzó. Además, anticipó que presentará un dictamen de minoría para ratificar el acuerdo “sin reservas”.

El peronismo, en cambio, rechazó el acuerdo en su totalidad. A lo largo de los años, respaldó la postura de los laboratorios nacionales, que sostienen que el tratado reduciría la competitividad local y terminaría encareciendo los medicamentos.

Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, adelantó el dictamen de rechazo de su bloque y cuestionó la “contradicción” del Gobierno entre promover tratados vinculados a la innovación y, al mismo tiempo, recortar fondos para universidades y organismos científicos. “Con el argumento de la modernización le pasan la motosierra” al sistema científico, sostuvo Cafiero, quien además vinculó la iniciativa con compromisos asumidos por el oficialismo con Estados Unidos.

El objetivo del acuerdo es alinear a la Argentina con estándares internacionales. Hoy, el país es el único miembro del G20 -y uno de los pocos de la región- que no integra este sistema. El Gobierno sostiene que la ratificación simplificará y abaratará el registro de patentes.

Actualmente, un inventor argentino dispone de 12 meses para definir en qué países protegerá su invención. Con el PCT, ese plazo se extendería a 30 meses, lo que otorgaría más tiempo para conseguir financiamiento, estudiar mercados y diseñar una estrategia comercial antes de afrontar los costos internacionales.

Además, el sistema permitiría iniciar el trámite directamente desde la Argentina, a través del INPI, sin necesidad de recurrir a oficinas extranjeras, como ocurre hoy. Según el oficialismo, eso reduciría significativamente los costos internacionales, que en algunos casos podrían bajar hasta un 90%.

El impacto se concentraría especialmente en dos sectores: la industria agropecuaria, por los desarrollos vinculados a semillas, y la farmacéutica, por la creación de nuevos medicamentos.

CILFA aparece como uno de los principales focos de resistencia. Los laboratorios nacionales advierten sobre el fenómeno conocido como “evergreening”, mediante el cual las grandes compañías extienden monopolios sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable. Según sostienen, una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar ese mecanismo, limitar la competencia de los genéricos y encarecer los precios en el mercado local.

Para evitar que esto suceda, India incorporó una cláusula para patentar innovaciones: que se compruebe una “eficacia terapeutica mejorada”.

Por esa razón, impulsaron una adhesión con reservas -similar a la aplicada por Uruguay- para preservar la capacidad argentina de aplicar criterios propios en materia de patentabilidad.

Por Delfina Celichini

• Cámara de Diputados

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