Patentes y deuda: el Gobierno incumplió plazos en el Congreso y se apoya en prórrogas y señales internacionales
No llegó a aprobar a tiempo el tratado de patentes ni un acuerdo con holdouts; sin embargo, Estados Unidos sacó a la Argentina de su lista negra en materia de propiedad intelectual y los acreedores extendieron los vencimientos
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Sin capacidad para ordenar la agenda legislativa en medio de las turbulencias internas, el Gobierno dejó vencer dos plazos clave que requerían aval del Congreso: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la ratificación de un acuerdo con holdouts o “fondos buitre”. Ambos debían aprobarse antes del 30 de abril.
Pero las dificultades legislativas del oficialismo en el plano doméstico fueron contrarrestadas por la paciencia internacional. Estados Unidos retiró la semana pasada a la Argentina de su “Priority Watch List” -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- tras más de una década, y el Gobierno obtuvo una prórroga hasta el 31 de mayo para cerrar la negociación con los acreedores.
Patentes
La adhesión al PCT forma parte de los compromisos asumidos por Javier Milei en febrero, en el marco del acuerdo comercial con su par de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo es alinear a la Argentina con estándares internacionales: hoy es el único país del G20 -y uno de los pocos de la región- que no integra este sistema.
El Gobierno asegura que, en términos prácticos, la ratificación del tratado simplificaría y abarataría el registro de patentes en el país.
Hoy, un inventor argentino tiene 12 meses para decidir en qué países quiere proteger su invención. Con el PCT, ese plazo se extendería a 30 meses, lo que le da más tiempo para buscar financiamiento, evaluar mercados y definir una estrategia antes de afrontar los costos del proceso.
Además, permitiría iniciar todo el trámite desde la Argentina, a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), sin necesidad de recurrir a oficinas en el exterior, como ocurre actualmente. A eso se sumaría una reducción significativa en los costos internacionales, que en algunos casos puede llegar hasta el 90%.
El sistema también prevé que el INPI pueda apoyarse en informes técnicos elaborados por oficinas de otros países sobre la novedad de una invención para avalarla en el país. Esos informes no son obligatorios: la decisión final sigue siendo local. Sin embargo, este punto es el que genera mayor resistencia.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) observa sobre todo la adhesión plena a su Capítulo II, que habilita a que otras oficinas puedan opinar sobre patentes que quieran operar en el país. Su preocupación es que esos informes puedan influir en la práctica sobre las decisiones del INPI y empujar a la Argentina a convalidar patentes que hoy rechaza.
El temor está ligado a un fenómeno conocido como “evergreening”, mediante el cual las grandes compañías extienden sus monopolios con modificaciones menores, sin mejoras o nuevos desarrollos, sobre medicamentos existentes. Según los laboratorios locales, una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar ese tipo de prácticas, limitar la competencia de los genéricos y, en consecuencia, encarecer los precios.
Por eso proponen una adhesión con reservas, como hizo Uruguay, para preservar la capacidad de aplicar criterios propios en materia de patentabilidad.
Según fuentes del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, es algo que se podría convalidar para destrabar la negociación y avanzar con la adhesión. “La reserva es más simbólica que sustantiva a esta altura”, reconocen en el Gobierno.
Si la Cancillería acepta la reserva del Capítulo II, el proyecto debería volver al Senado -que le dio media sanción en 1998- y su aprobación sufriría otra postergación.
En Diputados, donde está hoy el proyecto, su tratamiento sigue sin fecha. Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General convocado a principios de abril fue suspendido y desde entonces no hubo avances. “No esta semana pero va a haber novedades pronto seguramente”, aseguró un funcionario referente en la materia a LA NACION.
Holdouts
El segundo frente es la ratificación del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, que litigaron contra la Argentina.
El entendimiento -que ya tiene dictamen en el Senado- contempla un pago total de US$171 millones, con una quita superior al 30% sobre la deuda reclamada.
A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.
Durante el debate en comisión, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, confirmó que el Gobierno obtuvo una prórroga hasta el 31 de mayo para completar la aprobación legislativa.
Aunque aún no hay una fecha confirmada para su tratamiento en el recinto, en el oficialismo proyectan una sesión para la segunda semana de mayo -posiblemente el jueves 14- en la que podría incluirse este acuerdo.
Luego, el proyecto deberá girarse a Diputados y atravesar el mismo proceso en un plazo acotado: el Gobierno tendrá apenas 15 días para lograr su ratificación y cumplir con la nueva fecha límite.
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