El oficialismo postergó hasta después de Semana Santa la sesión por la reforma de la ley de Glaciares

El oficialismo en la Cámara de Diputados frenó sus ímpetus y postergó hasta después de Semana Santa la sesión para debatir la reforma de la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. Los libertarios accedieron a convocar a una doble audiencia pública el 25 y 26 de este mes, lo que les permite ganar un mes de tiempo para asegurar los votos para su aprobación.

Los bloques opositores contrarios a la reforma celebraron la convocatoria a audiencias públicas -un reclamo que llevaron hoy al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales- y la postergación del debate en el recinto. No se sorprendieron de que el oficialismo decidiera levantar el pie del acelerador: sostienen que, así planteada, la reforma de la ley vigente será judicializada y especulan que el oficialismo busca ganar tiempo ya sea para disuadir a los legisladores dudosos o bien para explorar posibles modificaciones al texto.

“Nosotros también ganamos tiempo: hasta la semana pasada la decisión del oficialismo era impulsar un debate exprés y llevarlo al recinto para ser aprobado a libro cerrado dentro de 15 días. Con las audiencias públicas tendremos la posibilidad de instalar en la opinión pública nuestras razones para rechazar esta reforma y, en lo posible, ganar la pulseada”, indican los detractores del proyecto.

Lo cierto es que los principales interesados en la aprobación de la nueva ley de Glaciares -los gobernadores de las provincias cordilleranas- deberán esperar al menos un mes hasta que el proyecto llegue al recinto. Son ellos los que apuran la sanción de la reforma ya que ésta les confiere potestades como autoridad de aplicación para delimitar qué territorios glaciares y periglaciares cumplen funciones de reserva de agua estratégica. En aquellos territorios donde la autoridad de aplicación compruebe que no cumplen esta función, la provincia podrá habilitar la realización de proyectos productivos, entre ellos, mineros.

Cobro “en cuotas”

No faltan las voces suspicaces que especulan que la decisión del Gobierno de demorar el debate de la ley en la Cámara de Diputados responde a una cuestión política. “La Casa Rosada ya tiene los votos para aprobar la ley, pero no se la quiere entregar tan fácil y rápido a los gobernadores. Se la está cobrando ‘en cuotas’. Por eso la posterga adrede, para tenerlos amarrados”, deslizaban en el peronismo.

Lo cierto es que el oficialismo, a diferencia de otras oportunidades, no mostró resistencia alguna a los reclamos opositores para que se convoque a audiencias públicas. “Es una obligación, no solo en virtud del artículo 41 de la Constitución Nacional y del Acuerdo de Escazú, sino también porque así lo exige la Ley General de Ambiente”, planteó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva asintió. “Nuestra propuesta es que sea una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta reforma de la ley de Glaciares. Que la participación sea totalmente abierta”, enfatizó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, accedió a los reclamos sin chistar. “No vamos a dejar a nadie sin participación”, enfatizó, y por consenso se acordó un cronograma que arrancará el 25 de este mes, con una audiencia pública presencial, para continuar al día siguiente de forma remota.

LA NACION

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