El Procurador reclamó que la Corte agrave la condena de Cristina Kirchner en el caso Vialidad: pidió una pena de 12 años de cárcel
Eduardo Casal mantuvo la acusación del fiscal de Casación por asociación ilícita; ahora solo resta que se pronuncie la Corte; cuenta regresiva para la expresidenta
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LA NACIONHernán Cappiello
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy que se debe revisar la condena de Cristina Kirchner y agravarla a 12 años de prisión por asociación ilícita.
Es decir, Casal pidió que la expresidenta no solo sea castigada por fraude, sino también por asociación ilícita, en la causa por los actos de corrupción que tuvieron lugar con 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz.
Tras el pronunciamiento de Casal, solo resta ahora que la Corte Suprema de Justicia dicte su fallo y decida si rechaza todos los recursos presentados por la defensa y la parte acusatoria, y confirma la condena a 6 años de prisión, o si, por el contrario, abre el recurso de queja de la expresidenta o el del Procurador.
La primera alternativa -el rechazo de todos los planteos- implica que la condena se ejecute de inmediato, con la prisión de la expresidenta y su inhabilitación para postularse a cargos públicos nacionales o provinciales. En cambio, si la Corte hace lugar al plateo del Ministerio Público, el caso debe regresar a la Cámara Federal de Casación para revisar si se agrava la pena, con lo que Cristina Kirchner ganaría tiempo y no correría riesgo de que se activara su inhabilitación para postularse en las elecciones del año en curso. El cierre de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires será el 19 de julio.
El procurador Casal respaldó la apelación del fiscal de Casación Mario Villar por “arbitrariedad”.
Consideró que la sentencia de la Cámara incurrió en una “causal definida de arbitrariedad” porque omitió responder argumentos clave de la fiscalía y aplicó interpretaciones incorrectas sobre la figura de la asociación ilícita, la doctrina del “hecho único” en la administración fraudulenta, la valoración de la prueba y la cuantificación del decomiso.
El dictamen de la Procuración, además de cuestionar que no se haya condenado a Cristina Kirchner por asociación ilícita, critica la reducción del decomiso dispuesta.
El Procurador atacó la absolución por asociación ilícita de Cristina Kirchner y también las de José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez por el mismo delito.
El nudo del reclamo fiscal, avalado por la Procuración, reside en que los tribunales “descartaron la asociación ilícita por ausencia de un elemento del tipo: el propósito colectivo de cometer plurales delitos”.
En su lugar, consideraron que el objetivo fue una “sola defraudación, dentro de la categoría del delito continuado”, argumentando que los acusados cometieron un “hecho único ‘conformado por distintos hechos dependientes y relacionados entre sí” y no tuvieron “planes delictivos independientes”, como lo reclama el tipo penal de la asociación ilícita.
Lo crucial para la figura que la fiscalía le imputa también a Cristina Kirchner es la “pluralidad de acciones y que pueda afirmarse el elemento de permanencia”, de modo que “la efectiva preparación de un plan no agote los fines de la asociación, los cuales desbordan el plan concreto para dirigirse, sin total y detallada previsión, a otros hechos distintos”.
En este sentido, el dictamen señaló: “El fiscal general [Villar] valoró, con argumentos concluyentes, que esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados”, ya que al constituirse el grupo no se acordó “un catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios”.
Argumentó que hay un delito "plural y diverso" .
De Vido, Fatala y Garro
El dictamen de Casal también mantuvo el reclamo del fiscal de Casación para que se revoquen las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro.
Sobre De Vido, señala Casal que su contribución fue que desde el plano material al “dictar numerosos actos administrativos” que asignaron fondos a la empresa beneficiada. La Cámara aplicó un “excesivo formalismo” al interpretar su conducta y excusar sus omisiones de control, según Casal.
De Vido “no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”, sostuvo el Procurador General.
En cuanto a Fatala, Casal objetó que la Casación haya adoptado un criterio laxo sobre sus deberes de control. “Fatala asumió su cargo con la deliberada intención de no ejercer sus atribuciones”, dijo.
En cuanto a Garro, Casal sostuvo que la sentencia “se negó a valorar prueba decisiva” y examinó los elementos de convicción de manera aislada.
Otra “causal de arbitrariedad que justifica la descalificación de la sentencia”, dijo el Procurador, es el rechazo por parte del tribunal oral de incorporar pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, como las declaraciones de imputados colaboradores y “arrepentidos” del caso de los “cuadernos de las coimas”.
El decomiso
Casal avala en su dictamen el reclamo del fiscal Villar por el decomiso, que fue por un monto “sustancialmente menor” al que reclamaba el Ministerio Público.
Casal consideró que la apelación de Villar posee “sólidos argumentos” y una “clara fundamentación legal” para que la Corte agrave la condena de la expresidenta y que incremente el monto del decomiso dispuesto en la causa.
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