El reclamo indígena de tierras crece y ya supera los 12 millones de hectáreas

Luego de 17 años de la ley de emergencia territorial, que buscaba terminar con los conflictos por los desalojos, las comunidades indígenas que reclaman tierras se duplicaron y en la actualidad ya son más 1820 las que cuentan con personería jurídica. Además, según pudo reconstruir LA NACION ante la resistencia del Instituto de Asuntos Indígenas a difundir datos oficiales, las tierras en disputa superarían los 12 millones de hectáreas en todo el país, una superficie similar –incluso mayor– a las provincias de Neuquén y Tucumán.

Como en la antigua paradoja griega de Zenón, en la cual Aquiles corría tras la tortuga sin llegar nunca a alcanzarla, el Estado argentino lleva 17 años tratando de completar el relevamiento de las tierras reclamadas por las distintas comunidades que año a año crecen en número. Nunca se completa y los conflictos se multiplican.

En 2006, cuando se creó la ley de emergencia territorial, las comunidades registradas, según se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), eran 950. Ya representan casi el doble.

“Es meter el dedo en la llaga”, advierte Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, sobre la disputa territorial y el número definitivo de tierras reclamadas. “Es un dato complejo, porque todavía el relevamiento no está terminado. Hace 16 años que intentamos terminar ese relevamiento justamente para dar con ese número”, asegura.

El relevamiento territorial lo realiza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través del Reteci, un programa creado para esos fines en 2007, un año después de la ley de emergencia territorial indígena, cuya vigencia, se suponía, iba a extenderse solo hasta 2009. Con esa ley, y con el Reteci ya en marcha, se pretendía concluir el relevamiento territorial de las 950 comunidades en solo tres años. Ante la falta de resultados, la ley -junto con el programa- fue prorrogada por cuatro años más. En 2013, recibió una renovada extensión que se repetiría en 2017 y también hace dos años, cuando el presidente Alberto Fernández, con la prorroga todavía en tratativas en el recinto, renovó por decreto nuevamente su vigencia.

“Hay algunas estimaciones generales, pero son parciales”, sostiene la experta de Amnistía, en torno al número de hectáreas que son reclamadas por las comunidades.

Una fuente que siguió los números de cerca durante el gobierno anterior, señaló que para 2019, la extensión de tierras en disputa se encontraba en el orden de los 12 millones de hectáreas, 3 millones más que al inicio del programa. El número coincide con los datos que la Auditoría General de la Nación (AGN) volcó en un informe de 2018, cuando las comunidades registradas en el Renaci eran 1676. Ese número aumenta año a año, y es uno de los impedimentos a la hora de delimitar el territorio.

“El número no está cerrado. Se pueden ir agregando”, sostiene Garone, aunque advierte: “Algunas comunidades, por decisión propia, no estaban incluidas. Otras fueron nómades entonces quizás han cambiado el territorio que reclamaron originalmente. Son comunidades dinámicas, no responden a nuestra lógica”, advierte la especialista.

En varios de los informes que la AGN ha emitido sobre el INAI, entre sugerencias y observaciones, se señalaron falencias en el registro y el relevamiento. Para septiembre de 2016, a 10 años de la creación de la ley, el instituto había completado solo un 46% del relevamiento. Desde aquel año, se sumaron 293 nuevas comunidades al registro, y según se desprende de los datos del propio INAI, en razón de este incremento, el porcentaje en el relevamiento no se modificó: de las 1825 actualmente registradas, solo fueron relevadas 857 comunidades, es decir, un 46%. La misma situación que en 2016. En el camino, el proceso de relevamiento también sufrió retrocesos: del 42% de 2021, se pasó al 41% en 2022.

Desde 2018, el INAI publica un listado con las comunidades indígenas que cuentan con personería jurídica, pero nada afirma acerca de la totalidad del territorio que estas entienden propias. Es una cifra que el Inai parece guardar bajo llave, pese a la aceleración de entrega de tierras que generó conflictos con las provincias.

“Hay un tema de acceso y disponibilidad de los datos de tierras. De los relevamientos terminados y de los relevamientos curso, el INAI podría decir cuántas son las hectáreas reclamadas porque de eso ya hay carpetas, debería haber un dato de eso. Nosotros lo venimos pidiendo hace rato y no estamos accediendo a esa información que es pública”, relata Garone.

LA NACION consultó al INAI por distintos medios, pero no hubo respuesta. El director de Tierras, Martín Plaza Schaefer, se comprometió a responder, pero hasta la fecha no se ha contactado.

Mendoza

Luego de los incidentes en Villa Mascardi en octubre del año pasado, que culminaron con las salidas de Magdalena Odarda, directora del Instituto y de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, el reconocimiento de la ocupación por parte de comunidades indígenas en más de 21.500 hectáreas en la provincia de Mendoza, trajo nuevamente al INAI al centro de la escena.

“Fue un avasallamiento de la autonomía provincial”, respondió a LA NACION Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno de Mendoza, que dice que la resolución del INAI “reconoce la ocupación”.

“El INAI no adjudica tierras. No está facultado para eso”, sostiene Raúl Ruidiaz, director del Instituto entre febrero de 2015 y noviembre de 2017, en diálogo con LA NACION. “Lo que hace es un mapa territorial, que termina con una carpeta técnica. Es un estado de situación, no es un título de propiedad”, remarca. El exdirector explica que el relevamiento de tierras se realiza una vez que la comunidad ha podido probar ante un equipo técnico –cuya conformación y criterios no han sido estables en el tiempo– lazos y antecedentes.

En declaraciones radiales, el actual director de Tierras del INAI, Plaza Schaefer, remarcó que los territorios relevados “no se están cediendo” y que “es competencia de la jurisdicción provincial decir a quién pertenece la tierra”.

En diciembre de 2021, la Justicia declaró la nulidad de una de las resoluciones del Instituto en la cual se reconocía “la ocupación actual, tradicional y pública” de una comunidad mapuche en Bariloche. El INAI apeló. El caso llegó a la Corte. El jueves pasado, en otro revés judicial para el instituto, la recurso del Instituto fue rechazado por improcedente.

A las 12 millones de hectáreas se suma una complejidad que trae más bruma a un número de por sí difuso: distintas comunidades reclaman como propios, terrenos que, pacíficamente, comparten con otras comunidades y en las bases están contabilizadas en suma. “En Salinas Grandes, del lado de Salta, una red de 10 de comunidades registradas reclaman el mismo territorio sin disputa”, ejemplifica Garone, que asegura que el caso no es una excepción.

En el informe de 2018, la AGN señala que su recomendación de elaborar indicadores “que permitan controlar y evaluar la gestión” del Instituto fue desatendida y que el INAI “no ha informado sobre la elaboración de los indicadores sugeridos”.

A diferencia de la paradoja de Zenón, en la que Aquiles parece alcanzar a la tortuga, el Estado luce estancado en un proceso que fue estirándose en el tiempo y cuyo final, se vislumbra todavía lejano. Si se proyectan los avances realizados en los últimos dos años –dejando al margen los años de pandemia–, todavía restarían más de 20 años para relevar la totalidad de las tierras. “No llegamos así al próximo vencimiento”, se queja Garone, que anticipa una nueva prórroga. Por ahora, la pesada marcha del Estado no arroja un cuadro preciso sobre la situación de las comunidades indígenas en suelo argentino y dimensionar el territorio que estas reclaman, depende de apresar un número en movimiento, que parece siempre estar por delante.

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