El titular de la DGI logró que desplacen al fiscal que investigaba sus propiedades en Miami
Andrés Vázquez impulsó la incompetencia de Carlos Rívolo y la pesquisa quedó en manos de Guillermo Marijuán
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LA NACIONHugo Alconada Mon
El cuestionado titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, obtuvo un pequeño gran triunfo en los tribunales de Comodoro Py. A pedido suyo, el juez federal Daniel Rafecas remitió a su colega Marcelo Martínez de Giorgi la investigación que afrontaba por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos, y desplazó así al fiscal que más había avanzado en la pesquisa.
Con la decisión de Rafecas, la investigación que afronta Vázquez quedó en manos del juez Martínez de Giorgi y del fiscal federal Guillermo Marijuán, a pesar de la negativa del fiscal que intervenía hasta ese momento, Carlos Rívolo, quien remarcó, sin éxito, que tenía entre manos la pesquisa más avanzada, con medidas de prueba ya en desarrollo.
“En miras de la anterioridad de la causa del trámite del Juzgado número 8 del fuero, torna adecuada e ineludible la remisión de la investigación a cargo de este Juzgado Federal nro. 3 hacia aquel órgano jurisdiccional para su acumulación”, decidió Rafecas en su resolución del 19 de agosto, que sólo trascendió ayer.
El magistrado se deslindó de la investigación basado en que Martínez de Giorgi y Marijuán tienen una investigación anterior a la suya. Lo es, pero los datos oficiales muestran que sólo por unos minutos y apenas siete números en el registro de sorteo y asignación de expedientes. Ambas se iniciaron el mismo día, por lo que Martínez de Giorgi había recibido la causa 5357/24 y Rafecas la 5364/24.
En el dictamen que presentó para plantear su rechazo a la requisitoria del juez Martínez de Giorgi, el fiscal Rívolo subrayó que ambas investigaciones se habían iniciado el mismo día, pero la suya se encontraba adelantada. “Habré de disentir con el planteo inhibitorio efectuado por el Juzgado Federal nro. 8 toda vez que esta pesquisa registra un avanzado estado, lo que impone que sea V.S. [por Rafecas[ quien deba continuar con el trámite de ambas actuaciones, a efectos de resguardar una más eficaz y rápida administración de justicia”.
Rafecas disintió con el fiscal. “Es cierto que, desde el momento en que el suscripto delegó esta investigación […], el órgano acusador llevó a cabo múltiples medidas tendientes a corroborar las circunstancias denunciadas y esclarecer su contenido, algunas de las cuales aún se hallan en pleno trámite, como aquellas diligencias que fueran llevadas a cabo contando con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)”, sostuvo el magistrado. “Más ello no resulta suficiente como para ignorar la diferencia temporal a la que me he referido; incluso, pudiendo recaer en arbitrariedades”.
“Es por ello que –abundó Rafecas-, a pesar de que la diferencia de tiempo entre el ingreso de una denuncia y la otra fue visiblemente ínfima, esta es una cuestión que no puede pasar desapercibida y que ha de ser tenida en cuenta a la hora de garantizar una correcta administración de justicia y eludir arbitrariedades”.
Ambos expedientes judiciales se iniciaron luego de que LA NACION revelara que el titular de la DGI compró tres departamentos en Miami por US$ 2 millones a través de sociedades offshore, propiedades que no declaró ante la Oficina Anticorrupción y tampoco lo habría declarado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).
Designado en octubre de 2024 para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, Vázquez administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió–, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 13 años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continuaban activas al momento de la publicación. Abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami.
Para Vázquez no fue la primera controversia que lo vincula con operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó otra denuncia penal porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. En aquella ocasión, Vázquez no lo informó ante el fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas.
Elevado al máximo cargo de la DGI con el respaldo de Santiago Caputo y Leonardo Scatturice, Vázquez renovó la plana mayor del organismo y, siete días después de asumir, promovió bajo su propia órbita a su pareja, María Eugenia Fanelli, que ascendió a un cargo público preferencial, salteando rangos intermedios, y con una suba salarial de varios millones de pesos, según reconstruyó LA NACION.
Durante los últimos meses, el fiscal Rívolo había pedido exhortos a las Islas Vírgenes Británicas e informes a la ARCA, al Registro de la Propiedad Inmueble de esta Ciudad, a la Dirección Nacional de Migraciones y, también, la colaboración de la Procelac y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Ahora, sin embargo, la remisión de la investigación que impulsaba Rívolo a las manos de Martínez de Giorgi y del fiscal Marijuán, Vázquez y su círculo íntimo –entre ellos, Mariano “el Vasco” Mengochea, Cynthia Galzerán y Marcelo Laffont- confían en que la pesquisa se aletargue hasta derivar en su sobreseimiento.
En noviembre pasado, Marijuán quedó envuelto en las versiones sobre una supuesta reunión con Santiago Caputo, quien lo habría sondeado para el cargo de procurador general, aunque más allá de esas versiones, el fiscal tomó decisiones contrarias a este gobierno. Entre ellas, cuando el 25 de agosto solicitó las indagatorias del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, y del diputado de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, por un supuesto plan para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
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