Embajada paralela: último intento de la justicia argentina para acceder a datos del gobierno de Venezuela
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LA NACIONHugo Alconada Mon
En un último intento por avanzar uno de los expedientes considerados clave para desentrañar cómo se desarrollaron los negocios bilaterales con Venezuela, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, solicitó a la Corte Suprema que lo ayude a obtener una respuesta del gobierno de Nicolás Maduro.
Aguinsky busca que Caracas le dé precisiones sobre cómo fueron los negocios que el chavismo entabló con un grupo de empresarios argentinos a través del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido. Pero, al igual que sus colegas que investigaron el "caso Antonini", nunca recibió respuestas a sus consultas de los últimos años.
Ahora, Aguinsky intenta una jugada a tres bandas. Acudió a la Corte Suprema para que el máximo tribunal -como cabeza del Poder Judicial- le requiera a la Casa Rosada –a cargo de las relaciones exteriores de acuerdo al a Constitución Nacional– que inste una respuesta del gobierno de Maduro.
El juez busca obtener precisiones sobre cómo operó el grupo de empresas liderado por el argentino Juan José Levy, al que procesó en junio de 2017 junto a otros siete acusados, a los que también embargó por montos millonarios y les prohibió salir del país.
Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China.
El magistrado apuntó también contra cinco colaboradores de los Levy -Juan Ignacio Simó, Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero y Horacio Beresñak-, y contra tres de sus principales empresas: Laboratorios ESME SAIC, Bleu Tel SA y Corporación Gulfos, a las que también embargó o inhibió.
Para entonces, Levy pasó de declarar bienes por $ 1 millón en 2011 a sellar negocios por US$ 550 millones y blanquear más de $ 1400 millones en el sinceramiento fiscal de 2015 que impulsó la AFIP, según reveló LA NACION en 2018. Todo, de la mano del entorno de De Vido.
Lavado de áctivos
A fines de 2017, sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó los procesamientos por lavado de activos, mientras que quedó firme la falta de mérito dispuesta por el presunto delito de contrabando, y concluyó que faltaban acceder a datos que sólo podía aportar el gobierno de Maduro para completar un peritaje.
Ya en junio de 2018, tanto la Fiscalía del fuero, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas intentaron dar otro paso y ampliaron su acusación contra el grupo Levy por presunto cohecho y soborno trasnacional, lo que admitió el juez. Pero la Cámara de Casación Penal revocó su resolución y remarcó que el camino para avanzar pasa por obtener respuestas de Venezuela.
Para los Levy, "la causa judicial está llegando a su fin", según indicaron desde su entorno a fines de 2018 e interpretaron que hay "operaciones mediáticas para intentar mantener abierta la causa".
Seis meses después y a pedido del fiscal Pablo Turano, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó un informe en el que detalló sobreprecios y facturaciones irregulares en el fideicomiso que montaron entre la Argentina y Venezuela. Pero el gobierno de Maduro sigue sin responder. Ahora, Aguinsky va por su último intento para evitar el cierre de una pesquisa inconclusa.
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