En medio de la rebelión de los tribunales, la justicia federal suspendió la puesta en marcha de un fuero laboral porteño
Fue una decisión del juez contencioso administrativo federal Santiago Carrillo a pedido de la Asociación de Magistrados que se opone al traspaso a la Ciudad
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LA NACIONHernán Cappiello
En medio de la guerra judicial entre la justicia nacional y la porteña, el juez en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo suspendió la puesta en marcha del fuero laboral de la ciudad de Buenos Aires, al conceder una medida cautelar a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional.
El Gobierno porteño había avanzado con un proyecto de ley, aprobado en la Legislatura, para implementar juzgados laborales de la ciudad de Buenos Aires. Los tribunales van a intervenir en las causas de despidos de trabajadores de empresas porteñas.
Actualmente, esos casos los resuelve la justicia laboral nacional, con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esos magistrados se resisten a pasar a la órbita de la Ciudad.
Por eso, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, creó su propio fuero laboral, que ahora enfrenta un freno judicial, fogoneado por los magistrados nacionales.
El choque se enmarca en la rebelión de las cámaras nacionales contra el fallo de la Corte Suprema que estableció que todas las causas que se tramiten en el territorio porteño puedan ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
En este caso específico, la disputa gira en torno a la competencia para crear tribunales laborales en la ciudad y la posible superposición de competencias del Estado Nacional por parte de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
El juez Carrillo dijo que la idea es determinar si la Legislatura de la Ciudad, al implementar la Justicia del Trabajo, invadió un ámbito de competencia propio del Estado Nacional.
La Asociación de Magistrados había pedido la inconstitucionalidad de dos leyes porteñas que habilitaban el fuero laboral local.
El juez reconoció al gremio de los jueces la legitimación para hacer el planteo: “los intereses alegados por la asociación actora, en defensa de sus miembros, merecen consideración en la medida en que se invoca la concreta y efectiva afectación del esquema legal de la justicia nacional”, argumentó el juez.
El juzgado consideró verosímil el planteo de que la Legislatura porteña no puede modificar unilateralmente la administración de justicia en la ciudad sin acuerdos con el Estado Nacional.
Sostuvo además que hay un peligro en la demora de una decisión por la “inminente implementación de los tribunales laborales locales” que “podía entorpecer la labor del Poder Judicial de la Nación y comprometer intereses públicos”.
Dijo que hay “riesgos institucionales que conlleva la puesta en funcionamiento de órganos judiciales que aparecen constitucionalmente cuestionados”.
Por eso es que suspendió preventivamente los efectos de la ley local 6789, que habilitaba la implementación del fuero del Trabajo, hasta que se dicte sentencia sobre la constitucionalidad de las leyes impugnadas o se concreten los acuerdos entre el Estado Nacional y la Ciudad.
El fallo expone la tensión entre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y las competencias reservadas a la justicia nacional.
Esta decisión se da en el contexto del “fallo Levinas”, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia dispuso que todas las decisiones de las cámaras nacionales, como la laboral, civil, comercial o penal sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ).
Esta decisión de la Corte es resistida por las cámara nacionales y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, actores en este caso.
La decisión seguramente escalará hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la posibilidad de zanjar una vez la cuestión y pronunciarse sobre la autonomía porteña y su justicia local.
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