Fallo en favor de la fiscal anticorrupción que fue suspendida cuando acusaba a un exgobernador

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, suspendida mientras estaba al frente de un juicio oral por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, logró un fallo judicial en su favor. El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados había decidido iniciarle un jury para removerla de su cargo, pero sin permitir que otro fiscal actuara como acusador, sino con un abogado de la matrícula elegido por sorteo. La Justicia ahora le dio la razón a Goyeneche y dijo que esa idea es irregular y que la acusación en su contra debe estar a cargo del Ministerio Público Fiscal.

La jueza de Feria, María Beatriz Albornoz, resolvió hacer lugar de manera parcial al recurso de amparo presentado por Goyeneche contra la provincia de Entre Ríos en cabeza del gobernador, Gustavo Bordet, donde reclamaba que se deje sin efecto su suspensión y además que se anule la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar al ministerio Público Fiscal de la acusación y poner en su lugar a un abogado.

Albornoz tramitó el amparo y le dio vista el Fiscal de Estado de la provincia, que se pronunció por rechazar las pretensiones de Goyeneche, pero finalmente la jueza le dio parcialmente la razón a la fiscal anticorrupción.

En cuanto a su suspensión, en cambio, dijo que es una de las facultades que tiene el Jurado de Enjuiciamiento y que en ese sentido no hay nada que reclamar. En cuanto a los motivos de esa suspensión, dijo que se deben discutir en el jury y no en el marco del amparo.

Pero encontró que Goyeneche acertó cuando cuestionó el apartamiento de los fiscales. Dijo la jueza Albornoz que “se encuentra afectado de manera nítida y grave el derecho al debido proceso de la amparista, al establecer órganos encargados para su juzgamiento que no sean los designados legalmente y constitucionalmente previstos”. Y si ella no subsana este vicio “originaría la invalidez de las decisiones que se adopten”.

Por eso es que la jueza Albornoz decidió “el órgano acusador ante el jury sea el Ministerio Público Fiscal representado por el Procurador General” Jorge Amilcar García. En medio del juicio contra Urribarri el procurador García también comenzó a ser investigado, pero puede apartarse y otros fiscales podrían ocupar su lugar en el jury contra Goyeneche.

La jueza Albornoz entendió que el Jurado de Enjuiciamiento no respetó el derecho al debido proceso de Goyeneche al apartar al Ministerio Público de la acusación: entendió que los conjueces no tienen como función ser fiscales ad-hoc.

Goyeneche había presentado un recurso de amparo el 29 de diciembre del año pasado en el que solicitaba que se revierta el proceso en su contra y la suspensión en sus funciones durante 6 meses con un recorte del 30% de su salario.

La decisión de Albornoz podrá ser recurrida por la Fiscalía de Estado, como así también la propia Goyeneche podrá apelar la negativa respecto a la continuidad del proceso en su contra como así también de su suspensión.

Una suspensión envuelta en la polémica

Goyeneche fue suspendida en sus funciones cuando lleva adelante un juicio oral con un equipo de fiscales contra el exgobernador y actual embajador en Israel Sergio Urribarri y cuando, al mismo tiempo, comanda una investigación por corrupción contra exfuncionarios -también ligados a Urribarri- que defraudaron en más de 56 millones de dólares al Estado entrerriano mediante contratos fantasma.

Fue suspendida porque se le reprocha que no se apartó de la causa a tiempo, cuando supo que uno de los contadores a los que investigaba había integrado junto con ella y su esposo un fideicomiso para la compra de un inmueble.

Seis integrantes del jurado de enjuiciamiento votaron por abrir la causa; uno, por el rechazo. Sus vínculos con el poder en Entre Ríos también aumentaron la polémica: el Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell (nombrado por el gobernador Bordet, sucesor de Urribarri); los vocales del STJ Daniel Carubia (nombrado por el exgobernador Jorge Busti en 1988 y enfrentado al procurador entrerriano Jorge Amilcar García) y Claudia Mizawak (exabogada de Urribarri en causas de corrupción, a fines de los 90). Los tres votaron por abrir una causa contra Goyeneche, lo mismo que el senador Armando Gay y el diputado Gustavo Zavallo, del oficialismo provincial. Entre los abogados, Luis María Campos, del Colegio de la Abogacía, rechazó la denuncia, mientas que su colega Sonia Rondoni votó por darle curso favorable.

A través de una carta que envío a LA NACION, Urribarri negó tener vinculación con el proceso abierto contra la fiscal Goyeneche.