Historias secretas, presos y confesores: horas frenéticas en los primeros días de la causa

El martes 31 de julio, varios empresarios se llamaron entre ellos. "¿Sabés algo?". Se comentaba que había una causa importante. Dos de ellos lo consultaron con sus abogados. Nadie tenía nada. Mientras, en la Justicia, algunos jueces y fiscales fueron consultados por su opinión sobre el funcionamiento y los alcances de la llamada ley del arrepentido. "Me consultaron pero nunca supe el motivo", se sinceró ante un hombre de confianza el fiscal Carlos Rívolo , uno de los que ahora interviene en la causa de los cuadernos.

En la madrugada del 1° de agosto, uno de los abogados de un empresario empezó a llamar a un operador político. Lo atendió al tercer llamado: "Metieron preso a mi cliente. ¿Qué es esto?". Ángelo Calcaterra , primo del presidente Mauricio Macri , se despertó temprano. Por teléfono se había enterado de que el número dos de la que fue su constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero, también era trasladado por la policía para quedar preso.

En la casa de Juan Manuel Abal Medina todo era incredulidad. El exjefe de Gabinete sabía cuáles eran todos los procesos que lo podían involucrar. "Tenía un mapa judicial en la cabeza, pero eso me sorprendió al punto de no creerlo", se confesó después en un departamento de San Telmo ante un par de personas, una de ellas de extrema confianza. Hubo un momento en el que pensó que era una equivocación, que el Hugo Larraburu que había caído no era su fiel colaborador. Siempre lo llamaba Martín. Pero finalmente lo leyó: su nombre completo es Hugo Martín.

Eran los primeros minutos de la causa de los cuadernos de las coimas, la investigación que LA NACION entregó a la Justicia en abril. "¿Cuánta gente lo sabe?", era la pregunta que corría ese martes a la noche en la Redacción. La cuenta no era sencilla, pero para hacer 16 detenciones y 36 allanamientos, al menos 200 personas estaban al tanto.

Pasillos adentro de Comodoro Py había ansiedad. Durante la tarde del martes, en la fiscalía de Carlos Stornelli y en el juzgado de Claudio Bonadio , la inminencia de los procedimientos generó que más integrantes de esas oficinas del quinto y el cuarto piso estuvieran enteradas de lo que se venía. Stornelli no durmió. Se quedó en su casa y desde el juzgado lo mantenían informado. A las 6.52 del miércoles eran 11 presos de 16. A las 7.01, LA NACION cambió su portada del sitio digital y sorprendió a la opinión pública con precisiones hasta entonces desconocidas.

Se desató la semana más intensa de los últimos años en Comodoro Py. En los principales estudios de abogados penalistas del país y, claro está, en el mundo empresarial. Todo giraba en torno a la causa más secreta de todas las que alguna vez interpelaron la corrupción en la Argentina.

Era miércoles. Los abogados penalistas empezaron a desfilar por los pasillos de los tribunales federales. "Es una romería de telas italianas", se ufanaba un actor de ese vértice de poder en relación con los trajes de los letrados. Dos de ellos confesaron tiempo después que, si bien se dedican al derecho penal empresarial, no sabían ni siquiera dónde eran los lugares de detención. "Nunca tenemos clientes presos", se sinceró. Debutaban todos.

Las reuniones se sucedían entre el cuarto y el quinto piso mientras algunos de los que no habían sido detenidos llamaban a sus asesores para ver cómo seguían. Los sucesos del jueves condicionaron gran parte de lo que sucedería después. Oscar Centeno asumió haber escrito los cuadernos y dio detalles puntuales y precisos de todo lo que estaba en esa bitácora. Ganó su libertad y se fue a un lugar que solo un puñado de personas conoce y nadie revela. La llamada ley del arrepentido empezaba a ganar protagonismo.

El efecto de aquel acto no pasó inadvertido para los abogados. Uno de ellos contaba hace un par de días: "Fue un espejo. Ahí estaba la libertad de tu cliente. Los que estamos en esto lo sabemos. Todos quieren estar libres".

Se gestaba el inicio de una catarata de confesiones. Juan Carlos De Goycoechea era uno de los que no estaba en su domicilio cuando fueron a detenerlo. Se enteró de la causa en Esquel, donde estaba de vacaciones. Javier Landaburu, abogado del Estudio Landaburu, Feder & Rosental, fue quizás el que precipitó gran parte de lo que sucedió después. Se comunicó con su cliente y le dijo que viniese a Buenos Aires a entregarse. De Goycoechea se subió a su auto y manejó hasta Comodoro Py. No quería pasar por un aeropuerto por temor a la detención.

El valor de las palabras

Se entregó en el juzgado en la tarde del viernes. Su abogado subía y bajaba entre fiscal y cliente. Por esas horas, además, salían las notificaciones formales para gran parte de los empresarios que estaban citados para declarar ese lunes 6.

De Goycoechea y Landaburu entendieron antes que nadie el valor de las palabras en ese momento, un vaso de agua en un desierto. "Si querés, nos sentamos frente al fiscal y vemos qué pasa", le dijo el letrado. Así fue. Minutos más tarde, en el despacho de Stornelli tomaba forma la primera declaración en la que uno de los que pagaban retornos lo asumía. "Nunca hubo una reunión del fiscal o el juez con mi cliente solo. Siempre estuve presente. A veces nos íbamos a otra oficina a hablar tranquilos. El trato fue cordial", decía el abogado que recordaba una anécdota: el mate iba y venía esa tarde de viernes en Comodoro Py.

Otro de los socios de ese estudio estaba con Calcaterra. El constructor no escuchó demasiados consejos: era un convencido de que tenía que correr por el segundo de su empresa. En la noche del viernes, De Goycoechea firmó la declaración pero tomó una decisión: prefirió quedar el fin de semana preso para evitar la mediatización de su caso.

Los detenidos estaban en la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. "Una cloaca", lo definió uno de los qué pasó por ese reducto. El sábado, Sánchez Caballero fue trasladado a otra sede de la policía, en la Avenida del Libertador y Cavia, en Palermo. Señal de que algo pasaba. Horas antes, Calcaterra había comunicado su decisión a Mauricio Macri. El lunes firmaba como imputado colaborador.

Ese fin de semana, Techint debatía su estrategia. En el domicilio de uno de los ejecutivos se sucedían las reuniones que en varias oportunidades lo tuvieron sentado a Paolo Rocca , el líder de la organización. Convocaron a varios abogados para que les dieran su lectura y les trazaran una estrategia. Se quedaron con el camino que finalmente eligió la mayoría de sus colegas: confesar culpas. Algunas, al menos.

El lunes, a las 8, empezaban las indagatorias de Rodolfo Poblete, Manuel Santos Uribelarrea, Eduardo Peduto y Alejandro Ivanissevich. Pero todo se retrasó. A las 7, Calcaterra se presentó. Declaró y su segundo en Iecsa salió libre. La estrategia que llevaba a la luz era clara; la que conducía a las sombras también.

Por esas horas, los empresarios eran trasladados a Marcos Paz; los exfuncionarios, a Ezeiza. En los penales se encontraron con otros reclusos que también están detenidos por causas de corrupción. En Marcos Paz, por ejemplo, ninguno de ellos se cruzó con el detenido más famoso, Julio De Vido.

La semana clave

Sobre el mediodía del lunes 6 empezó el turno de los indagados. Poblete fue uno de los que mantuvo la estrategia que se había acordado el fin de semana de reuniones: optó por negar los hechos. Pocos minutos después, era trasladado a Marcos Paz. Ivanissevich y Uribelarrea tomaron otro camino: confesaron los pagos aunque dijeron que los montos eran menores a los que estaban detallados. Salieron libres.

Los abogados de los empresarios empezaron a ver claramente que no había demasiada salida. Mentir era demasiado costoso y decir toda la verdad también. Entonces empezó la segunda peregrinación letrada. Uno a uno les hacían ofertas de información a los fiscales -Rívolo ya se había integrado al equipo- de parte de sus clientes. Iban y venían con promociones.

En la cárcel, además, los detenidos presionaban. En Marcos Paz había horarios muy estrictos de visitas -por la mañana las mujeres y por la tarde los hombres-. Tanto que la mujer de un empresario fue fuera de tiempo y tuvo un intercambio en la entrada al penal: "Mi marido me dijo que podía venir a esta hora", insistía la mujer. "Señora, me parece que usted no tiene claro dónde está su marido", le contestó el guardia. Los detenidos recibían a sus visitas en una suerte de salón de usos múltiples con mesas. Todos juntos, sin demasiada intimidad.

Allí se respira otro aire. Y se piensa de otra manera. Varios miraban cuando uno de ellos se iba. Conocían el derrotero: Comodoro Py, acuerdo para confesar sus delitos, homologación y libertad.

Varios de los número uno de las empresas que tenían detenidos al segundo de la línea de mando siguieron la doctrina Calcaterra. Más o menos remolones para incriminarse, Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería; Enrique Pescarmona; Gabriel Romero, de Emepa, y Jorge Balán, de Industrias Secco, cambiaron delitos por empleados libres. Entre las constructoras entendieron rápido: correr a Tribunales ante la primera mención. Así se presentaron varias con sus verdades a medias. Patriotas, confesaban pagar en pesos. Nadie cree que un constructor que ni siquiera publica un aviso clasificado de un monoambiente en pesos pueda pagar coimas en moneda local.

Fue la manera de abrir otras investigaciones y de avanzar con una velocidad inusitada, de la mano de exfuncionarios quebrados ante la Justicia que pedían, a cambio de hablar, no quedar detenidos con quienes compartían remises y millones. Fueron poco más de 50 días que cambiaron la historia de la lucha contra la corrupción de la Argentina.