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Indagan a exfuncionarios de Desarrollo Social y cooperativistas por el desvío de $710 millones destinados a guardapolvos
Los citó el juez Casanello a pedido del fiscal Rívolo; se pagó por la indumentaria, pero no se hizo
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LA NACIONHernán Cappiello
Unos 13 exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández y cooperativistas fueron citados por la Justicia a prestar declaración indagatoria por el supuesto desvío de 710 millones de pesos destinados a la fabricación de guardapolvos escolares.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, e incluye a las autoridades de tres cooperativas de trabajo y exfuncionarios acusados de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La investigación −según las resoluciones judiciales a las que accedió LA NACION− se centra en la administración indebida de recursos estatales por $710.366.250 asignados durante 2023, pues los pagaron a una cooperativa que no fabricó nada, sino que subcontrató a otras dos que no cumplieron con el trabajo y dijeron no haber recibido el dinero.
La causa se inició a partir de una denuncia del fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani, que se basó en un informe periodístico.
Rívolo sostuvo que la causa apunta a un “plan orquestado” desde despachos de funcionarios públicos para desviar fondos nacionales.
Los recursos estaban destinados a la implementación de un Proyecto Social de Acción Conjunta, cuyo fin era otorgar 165.000 guardapolvos escolares a sectores vulnerables y fomentar el trabajo social productivo.
El entonces Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, firmó un convenio con la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada el 28 de febrero de 2023. La cooperativa se comprometió a confeccionar 165.000 guardapolvos por $710.366.250.
Pero la Justicia consideró ese convenio “ficticio”, ya que la Cooperativa 15 de Julio no poseía la capacidad ni las máquinas textiles para cumplir con el compromiso.
Se constató en un allanamiento que la cooperativa no funcionaba en su domicilio declarado en Quilmes (Andrés Baranda 3974), sino que allí operaba otra entidad (Pacha Nuestra) dedicada al acopio y distribución de residuos.
La Cooperativa 15 de Julio subcontrató a otras dos entidades, lo que supuso una distorsión de los fines de la política estatal. Subcontrató a Cooperativa Gral. Mitre Manos Unidas Ltda. para el corte, confección y fabricación por 171.385.500 de pesos.
Pero esa tarea era materialmente imposible de cumplir en el plazo estipulado, pues implicada hacer 165.000 guardapolvos en 11 días.
La presidenta de la Coopertiva Mitre, Olga Martínez, negó haber recibido la suma millonaria y afirmó haber fabricado solo unos 3000 guardapolvos.
La otra cooperativa subcontratada es Solutex Ltda. Esta habría facturado 499.127.238 de pesos a 15 de Julio por la provisión de tela, botones e hilos.
Su referente, Itatí Lugos, negó haber recibido esos casi 500.000.000 de pesos y dijo que usaron el nombre de la cooperativa para facturar los montos faltantes.
La División Lavado de Activos de la Policía Federal concluyó que las operaciones analizadas configuran un “circuito de simulación jurídica y fiscal” con pérdida de trazabilidad financiera, retiro en efectivo sin justificación operativa y uso de cooperativas sin capacidad real como “vehículos de encubrimiento”.
Con estos elementos, el juez Casanello convocó a prestar declaración a las autoridades de la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda: Paula Rosana Goroso, presidenta; Mirta Lorena Zafra, secretaria, y Yesica Gabriela Goroso, tesorera.
También bien citó a las autoridades de la Cooperativa de Trabajo Gral. Mitre Manos Unidas Ltda: Olga Edith Martínez, presidenta; Matías Sebastián Celano, que también ocupo ese cargo; Lucas Marcelo Acosta, tesorero, y Marcela Verónica Campanella, secretaria.
También a las autoridades de del Cooperativa Solutex Ltda. y Figura Central: Alexis Oscar Lugos, presidente; Gladis María Itatí Lugos, síndico Titular, Mario Gustavo Figueroa, síndico de las Cooperativas de Trabajo Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda.
Figueroa es considerado el “hilo conductor” que une a todas las partes en la trama. Se sospecha que actuó como titular de las entidades y se encuentra limitado en la AFIP por ser presunto emisor de facturas apócrifas. Además, la Cooperativa 15 de Julio le alquiló un inmueble por $21.675.000 antes de firmar el convenio con el ministerio de Desarrollo Social, una operación calificada de inusual.
Entre los exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social citados aparecen Eliana Rodríguez, asesora Administrativa de la Secretaría de Articulación de Política Social, que fue encontrada en un domicilio ligado a la Cooperativa Solutex Ltda., la cual facturó casi $500.000.000 a la Cooperativa 15 de Julio.
También citaron a Osvaldo Eugenio Minervini, director de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social. El exfuncionario redactó un informe Técnico de Factibilidad, que para el fiscal resumió el acuerdo y no evaluó la capacidad de la Cooperativa 15 de Julio para afrontar la producción de 165.000 guardapolvos.
También fue citado Leonardo Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social. Se le imputa haber firmado el convenio y, adendas sin debida justificación, aprobando la modificación de los plazos de entrega sin que el convenio se hubiera cumplido. También firmó recibos por entregas de guardapolvos que no coincidían con la documentación presentada por la cooperativa.
El juez Casanello dispuso la inhibición general de bienes de los acusados, y el congelamiento de sus productos bancarios y de las tres cooperativas implicadas.
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