Insólito nuevo capítulo de la guerra por el agua entre Mendoza y La Pampa

MENDOZA.– La histórica guerra por el agua entre La Pampa y Mendoza no da tregua y se abrió un nuevo capítulo, quizás interminable. A la denuncia de la provincia que lidera el peronista Sergio Ziliotto por el incumplimiento mendocino del fallo de la Corte de entregar un caudal mínimo del Río Atuel, se sumó ahora el contraataque de su vecina cuyana, comandada por el radical Alfredo Cornejo: asegura que La Pampa embotella y vende el agua que le envían por un acueducto. Esto ha puesto a la defensiva a todos los actores en el conflicto, mientras se espera que el máximo tribunal defina los pasos a seguir, aunque no se sabe cuándo.

En los últimos días, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, conocido como el “gobernador del agua” de Mendoza, junto con el Consejero del Río Atuel, Gustavo Villegas, presentaron pruebas a la Fiscalía de Estado y al Asesor de Gobierno para que avancen ante la justicia, advirtiendo que La Pampa comercializa en Río Negro y Neuquén el recurso que envía Mendoza a través del acueducto Punta del Agua-Santa Isabel, que pertenece a la cuenca del Atuel. De acuerdo con los funcionarios mendocinos, existe un acuerdo de comienzos de la década del 90 que estipula que sólo puede abastecer a los habitantes de los departamentos Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Esta acción es una clara respuesta cuyana a la nueva demanda que los pampeanos elevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación asegurando que Mendoza esquivan el fallo del 2020, que la obliga a entregar 3,2 metros cúbicos por segundo.

Para justificar el contragolpe, en Mendoza ponen sobre la mesa el acuerdo de 1992, el cual establece que se “se compromete a entregar el caudal de agua potable necesario para satisfacer la demanda de uso humano de las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila de la Provincia de La Pampa hasta un máximo de 6000 habitantes”. El acueducto, que comunica San Rafael con el noroeste pampeano y tiene casi 200 kilómetros de largo, fue habilitado en 1995.

En este sentido, los funcionarios mendocinos expusieron que la empresa “Desierto Pampa” tiene una planta en Santa Isabel que embotella esa agua para venderla en la localidad pampeana de 25 de Mayo y en diversos sitios de las vecinas provincias de Neuquén y Río Negro. “Le estamos compartiendo el recurso de buena voluntad. Viven reclamando agua y cuando se la damos, la venden”, mascullan en el gobierno mendocino.

Fue Villegas quien se apersonó a la localidad pampeana para comprobar la venta del vital recurso, trayendo un bidón a Mendoza para mostrarlo públicamente. “Fuimos a La Pampa a recolectar las pruebas: no nos pidieron ningún requisito, así que se la venden a cualquiera. Al menos desde el 2019 que están comercializando este producto”, aportó el consejero, asegurando que es la única fuente de agua de la zona y que la irregularidad ha sido autorizada por el gobierno local, además de desperdiciar el 40% del recurso al realizar modificaciones químicas previo al envasado.

La Pampa respondió la denuncia. “Es lamentable lo que hace Mendoza; esto es otra maniobra más para no cumplir con la Corte. Todo se solucionaría con que corra un caudal mínimo y permanente por el cauce en La Pampa para que no suframos semejante daño ambiental”, indicó a LA NACION una alta fuente del gobierno pampeano, con una histórica participación en el conflicto. “El agua se envasa para agua potable por los municipios de Santa Isabel y Algarrobo del Águila”, agregó.

En este sentido, en declaraciones a la prensa de esa provincia, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, indicó que la denuncia de Mendoza “no tiene ningún asidero” y “solo se trata de una movida de prensa para que no se hable de lo central, que es el incumplimiento por parte de ellos del fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en 2020″. El funcionario calificó de “falsa” e “insólita” la presentación de los funcionarios mendocinos. “La Pampa no está incumpliendo el convenio de 1992 y lo que está haciendo Mendoza es un intento por correr el eje de discusión. Justo ahora que hemos aportado pruebas de que hay agua en el sistema del Atuel”, completó. En tanto, el intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, manifestó que Mendoza “trata de distraer”, al tiempo que reconoció que “hay embotellamiento de agua, pero dentro del convenio del ‘92″.

La “guerra” judicial sin fin por el agua del río Atuel se libra entre Mendoza y La Pampa desde hace más de medio siglo. En el medio hubo varios planteos pampeanos ante el máximo tribunal, que definió en 2020 que Mendoza debe entregar el caudal mínimo para que en el territorio pampeano el río no desaparezca. Pero las obras necesarias para alcanzar ese objetivo, que debería disponer, principalmente, el gobierno nacional, están en veremos, por lo que todos se tiran la pelota.

Vale regresar a un fallo anterior de la Corte sobre la “interprovincialidad” de la jurisdicción del Atuel, dictaminado en 1987, con beneficio de riego de 75.000 hectáreas primero para los mendocinos. Esto es clave, ya que la provincia cuyana asegura que no logra irrigar ese territorio. Así, hay razones técnicas y políticas de ambos lados, pero Mendoza sigue endureciendo su postura, amparándose en la emergencia hídrica, a pesar de algunos esfuerzos para destrabar la situación, aunque no se logra con la Nación iniciar las obras necesarias para optimizar el manejo del recurso y que no se pierda o infiltre en el camino. En tanto, La Pampa aduce, en primer lugar, que se produjo un grave daño socioambiental y, en segundo lugar, un perjuicio económico de más de 100 millones de pesos anuales; y que, en definitiva, es Mendoza la que debe concretar la infraestructura mientras garantiza el mínimo envío de agua. Por eso, ahora, resta esperar lo que vuelva a decir el máximo tribunal de Justicia.

Por Pablo Mannino

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