Integrados al Gobierno, los movimientos aprueban el arranque de Fernández
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LA NACIONPaula Rossi
La paz piquetera parece haberse impuesto en las calles desde la asunción de Alberto Fernández. El almanaque ayuda y el calendario político, también: enero suele ser un mes mucho menos conflictivo que el resto y el Presidente atraviesa aún la tregua de los primeros cien días de gestión.
Pero hay más, a juicio de los principales referentes de los movimientos sociales, que en su mayoría valoran las primeras políticas implementadas por el Gobierno para mitigar sus reclamos: esa lista incluye el plus pagado a fin de año a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los jubilados y pensionados de haberes mínimos, la tarjeta alimentaria y, en otro plano, el diálogo fluido que entablaron con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
La lista incluye un extra, menos explicitado: las organizaciones piqueteras de mayor peso, conocidas como el "triunvirato cayetano" -pero también otras agrupaciones menores-, ubicaron funcionarios en la estructura estatal.
Desde estas organizaciones mantienen una visión positiva de la administración de Fernández. El resto de los líderes piqueteros miran con mayor distancia, pero sin confrontar. Solo un sector de los grupos de base trotskistas, cuyo mayor referente es el Polo Obrero, se mantiene enfrentado con el Gobierno.
"Fernández actuó de manera correcta, sosteniendo el ingreso de los hogares más humildes y planteando una agenda indispensable para salir de la emergencia", sostiene el coordinador nacional de Barrios de Pie-Somos, Daniel Menéndez, ahora subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Su oficina integra la Secretaría de Economía Social, guiada por Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita.
"Alberto Fernández evitó que vayamos hacia un precipicio, pero estamos caminando por una cornisa muy fina. En estas situaciones se hace lo que se puede, no lo que se quiere", agrega Menéndez.
Juan Carlos Alderete es referente de la CCC y uno de los más vehementes dentro del Frente de Todos. En diciembre asumió como diputado nacional. "Vamos a acompañar las medidas que son necesarias. Hay presiones de distintos sectores que han tenido privilegios durante los cuatro años de [Mauricio] Macri. Ellos hablan de ajuste, nosotros decimos que hay que nivelar las cosas desde arriba para abajo", dice. El legislador coincide con Menéndez en que se abordó la emergencia y aclara: "No se va a encontrar trabajo rápidamente, pero tenemos que encaminarnos hacia ese lugar".
En el mismo sentido que sus pares se manifiesta Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el nuevo gremio que reúne a los trabajadores excluidos del mercado laboral. Entiende que las medidas son adecuadas para la emergencia, pero "no suficientes para resolver el problema". El dirigente es taxativo: "No significa que porque estemos en el Estado vamos a tener más beneficios". Sobre esto, su compañero dentro de la UTEP Gildo Onorato afirma que procurarán que quienes ocupan cargos no tengan responsabilidades en las organizaciones, para preservar la autonomía de aquellas.
Durante la campaña, Fernández ya les había notificado a los referentes piqueteros que quería que fueran parte de su gestión. "Lo que viene es el gobierno de todos ustedes, no de Alberto y de Cristina. Vamos a resolver las cosas juntos", les dijo durante un encuentro en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en noviembre.
Silvia Saravia es la coordinadora nacional de otra facción de Barrios de Pie, la que no se sumó al Frente de Todos y apoyó la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. Sin embargo, Saravia defiende hoy el arranque de Fernández: "Las primeras respuestas fueron rápidas, vemos medidas positivas. Fernández y Arroyo plantearon que las organizaciones somos parte de la solución. Antes se planteaba que éramos extorsionadoras".
Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, organización de la que es dirigente Juan Grabois, tiene algunos reparos. Dice que "hay una esperanza grande", pero aclara: "Hay medidas que podrían atacar con más facilidad los problemas, que hoy se están tomando tibiamente. Si uno agarra el país que agarró [Fernández] y no toma las medidas con la rapidez suficiente va a ser muy difícil salir de esta situación".
Los referentes dicen que las tarjetas alimentarias tienen problemas de implementación. "La entrega se podría haber hecho más rápido si hubieran elegido otros caminos, como utilizar las tarjetas del salario social o de la AUH", dice Caropresi, quien entiende que lo mejor hubiera sido poder acceder al efectivo. "En momentos de hambre es muy difícil que la plata se use para otra cosa", afirma.
Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán, cree que las medidas de Fernández "muestran un cambio importante", aunque las ve insuficientes, y suma un reclamo sobre la tarjeta: "Quisiéramos que se puedan comprar productos de la economía popular".
El crítico más aguerrido de la gestión actual es Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, una de las organizaciones de izquierda. "Todos los recursos están concentrados en el pago de la deuda. El gobierno debutó haciendo lo contrario que dijo en campaña", dice Belliboni. "Entre los jubilados y los bancos, se quedó con los bancos", concluyó.
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